Luego de haber atravesado la primera fase de la selección mostró su disconformidad con las reglas de juego que antes habÃa aceptado: el magistrado no estuvo de acuerdo con el criterio de aplicación de puntajes que aplica el Consejo de la Magistratura. En esta lÃnea, consideró que se incurre en una situación de inconstitucionalidad. Su disconformidad se tradujo en una impugnación contra la calificación de sus antecedentes y contra el resultado final de la prueba de oposición escrita.
Argumentos del juez
n su escrito, que se transcribe en la resolución N° 1.183, dictada el 14 de junio por el Consejo de la Magistratura, Marquez Chada pidió que «se declare la inconstitucionalidad de los criterios de calificación, desestimando la consideración de antigüedad y especialidad, y solicita que dicho parámetro no sea aplicado para ningún postulante -incluido el propio impugnante- a efectos de computar los antecedentes». Planteó el magistrado “quitar el tope máximo asignado a la idoneidadâ€, esto es el tope previsto reglamentariamente a los antecedentes académicos, a los efectos de meritar la trayectoria académica de los concursantes. «El postulante plantea la queja, ya que la distribución de puntajes en los rubros especialidad y antigüedad, lo dejan con ´nulas posibilidades de siquiera acceder a la entrevista», dice la resolución.El juez fundó su pedido «en una larga serie de cuestionamientos a la forma en que se encuentran conformados los criterios consensuados para la calificación de antecedentes. Entre sus principales argumentos, se pueden señalar –sucintamente- los siguientes: la distribución de puntajes que aplica el Consejo de la Magistratura resulta contradictoria con la Ley 10.701, ya que la misma ordena que ´la reglamentación determinará el puntaje a adjudicar a cada rubro, debiendo respetarse una distribución equitativa y equilibrada entre los diversos antecedentes, atendiendo a criterios objetivos´. Resultado de lo anterior, el Consejo de la Magistratura debe revisar la constitucionalidad de las pautas reglamentarias, haciendo ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad. Estos criterios resultan atentatorios contra la igualdad prevista en la Constitución, ya que priorizan la antigüedad sobre la idoneidad, generando una desproporción y desequilibrio en la asignación de puntajes. Se establece una presunción de idoneidad por el mero transcurso del tiempo en el desempeño profesional, o en funciones judiciales, que no admite prueba en contrario. La aplicación del tope máximo a los antecedentes académicos, resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional, ya que debe priorizarse la idoneidad consistente en el saber teórico especÃfico. En conclusión, advierte que no puede ponerse lÃmite a la idoneidad».
Pero además consideró que hubo «un error material» en la puntuación asignada en esos concursos, «ya que en su participación para acceder a cargos de Vocal de Cámara Civil y Comercial, recibió 5,10 puntos en el rubro ´Académicos´, siendo que los antecedentes no cambiaron entre una y otra participación». Además, impugnó el dictamen del Jurado Técnico en relación a la calificación obtenida en la prueba de oposición escrita por cuanto consideró que hubo arbitrariedad manifiesta, errores materiales en la puntuación y vicios de forma en el procedimiento.
Rechazo
En respuesta a los planteos del juez Marquez Chada, el Consejo de la Magistratura le dio de beber de su propia medicina: en primer lugar, le contestaron que tanto el Reglamento General como los criterios para la calificación de antecedentes «son el resultado de consensos entre una amplia esfera de sectores, todos los cuales conforman este Plenario. Huelga decir que el Consejo de la Magistratura de Entre RÃos, lejos de ser un órgano unipersonal, se encuentra conformado como un cuerpo colegiado y entre quienes se encuentran formando parte de él, se hayan dos representantes del Colegio profesional donde figura inscripto el propio impugnante, como asà también, dos representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre RÃos, lo que equivale a decir, que aquel posee participación al interior de esta institución, formando parte de sus decisiones, a través de quienes lo representan». En otras palabras, Marquez Chada está representado a través de las instituciones de las que forma parte en la conformación del Consejo de la Magistratura. Pero además la resolución agrega que «no puede soslayarse el hecho de que el postulante conocÃa de antemano las reglas que imponÃa la participación en los concursos, las que fueron aceptadas al momento de efectuar la correspondiente inscripción, conforme surge de su presentación, en la que suscribe la declaración jurada».Además, el Consejo de la Magistratura respondió que no le harÃa lugar a ninguno de sus planteos. AsÃ, concluyó, «debe desestimarse la impugnación por constituir, en definitiva, una crÃtica que expresa un desacuerdo con la calificación asignada, pero que no configura ninguno de los supuestos excepcionales que autorizan a apartarse de las conclusiones arribadas y dado que todo ello forma parte del ámbito de discrecionalidad con el que debe y puede actuar el cuerpo examinador, no corresponde efectuar la modificación de las conclusiones a las que se ha arribado en el dictamen de calificación de la prueba de oposición».
