Con este recurso, el jefe comunal buscaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice la competencia de la causa, si debe ser juzgado por un Tribunal provincial o por la Justicia Federal. La defensa de Rossi sostiene que el caso debía pasar a la Justicia Federal, puesto que en el proceso están involucrados fondos nacionales. Sin embargo, el 7 de febrero de este año, los vocales de la Sala Penal, Miguel Ángel Giorgio, Daniel Omar Carubia y Claudia Mizawak, rechazaron esa pretensión. Ésta última se abstuvo de votar ya que antes de hacerlo se había alcanzado la mayoría necesaria que cerró el asunto.
La defensa adelantó que no apelarán ante la Corte. “Queremos un juicio oral para confirmar la inocencia y desbaratar un proceso penal con fines políticos”, afirmó el abogado Carlos Reggiardo a través de un comunicado.
La causa
La investigación penal contra Rossi y otros imputados comenzó en 2016 por una denuncia del entonces intendente Silvio Moreyra, concuñado de aquel.Luego de cuatro años de investigación, el fiscal Santiago Alfieri solicitó la elevación a juicio y adelantó que en el debate oral y público pedirá 5 años y 6 meses de prisión para Rossi, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En los argumentos defensivos, el abogado Reggiardo afirma que no hubo irregularidad en la ejecución de la obra de 20 cuadras y cuestiona la pericia elaborada por el ingeniero Beltrán Uranga. Rossi, en tanto, denuncia que en su contra existe lawfare, guerra jurídica con participación de los medios de comunicación.
Al intendente se lo acusa de que, durante su anterior gestión, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de 20 cuadras, cuando -según la acusación de la Fiscalía- el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.
El 2 de julio de 2020, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, elevó a juicio el expediente. Además del intendente, están imputados el empresario Néstor Szczech; el ingeniero de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena, actual funcionario de Obras Sanitarias municipal); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. En noviembre del año pasado estos dos últimos consiguieron un fallo a favor: la Sala Penal del STJ dijo que debían ser beneficiados con la probation o suspensión de juicio a prueba en la causa. El trama aún debe tratarlo el juez de Garantías de La Paz.
En paralelo a la causa penal también había una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. La demanda llegó a su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional.
