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El juicio a Gustavo Rivas transitó su segunda semana de audiencias, donde declararon las primeras supuestas víctimas. Aún restan otras dos semanas de debate, con la presencia de otro importante número de testigos, pero increíblemente lo más trascendente de todo transcurrió ayer por la mañana, en un día en donde no se esperaban novedades.

Una supuesta víctima, que aún no ha declarado en el juicio, recibió un papel en su casa con la declaración que había realizado en la etapa investigativa del caso por corrupción de menores y promoción a la prostitución, en donde se remarcaba en forma subrayada y con negrita las contradicciones que tenía con otra víctima -que aún no declaró en el juicio – durante sus visitas a la casa de Rivas.

El hombre se comunicó con la Fiscalía y llevó inmediatamente lo que a su entender era una prueba de que estaba siendo intimidado, porque la persona que se lo acercó le indicó que se lo enviaba Rivas. El Ministerio Público y los querellantes también consideraron que se trataba de una violación al riesgo procesal y por ello se solicitó una audiencia ante los miembros del Tribunal para requerir la prisión preventiva del acusado.

Durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue un problema para la Fiscalía convencer a las supuestas víctimas que, en primer lugar, se reconozcan como víctimas, y en segundo, que declaren en la causa. El miedo, la exposición, la vergüenza, son factores condicionantes, que lograron ser resueltos por los acusadores, pero una acción intimidatoria de este tipo podría hacer peligrar la presencia en el juicio.

La Fiscalía presentó la prueba que había recibido la víctima, con las supuestas contradicciones que tenía con otro, y junto a los querellantes se reforzó la idea del riesgo procesal, que argumenta la moción de la prisión preventiva, donde se explicita que el acusado puede entorpecer el normal desarrollo de la causa. Incluso el abogado defensor, Raúl Jurado, en su alegato dijo que se trataba de un error fáctico y que en todo caso se le dictara una prisión domiciliaria.

Pero los tres jueces, tanto la presidenta Alicia Vivian como los vocales Mauricio Derudi y Arturo Dumón, consideraron que no estaba acreditado que fuera Rivas el responsable de la acción intimidatoria, a pesar de la declaración firmada del denunciante que informaba el nombre y apellido de la persona que se lo había hecho llegar en nombre del imputado.

A Rivas, que estuvo presente en esta audiencia, se le informaron las medidas que le rigen desde un comienzo, que le prohíben mantener contacto con los declarantes por cualquier medio, y se requirió que se mantenga en reserva a la prensa sobre esta noticia, de la misma forma que al comienzo del juicio.
Fuente: El Día de Gualeguaychú

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