Además, destacaron que el acceso a este servicio es un Derecho Humano, por lo que incentivaron a los interesados, a sumar ideas para buscar soluciones conjuntas.
En tanto, otras localidades también se hicieron eco de los últimos aumentos y hasta llegaron a judicializarlo. En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia rechazó dos amparos colectivos que exponían que el incremento en el precio de la energía había sido aplicado “sin notificación previa por parte de las distribuidoras”.
Ahora, la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen), promoverá acciones de inconstitucionalidad contra la medida.
“Estamos trabajando en la elaboración de acciones de inconstitucionalidad tanto a nivel provincial como de la Justicia Federal; discutiendo los incrementos en el mercado mayorista y también la forma, la proporción y el mecanismos o el procedimiento seguido en el ámbito local para aumentar el Valor Agregado de Distribución (VAD)”, informó el abogado de la entidad, Raúl Muñoz.
Las demandas hicieron foco en la falta de la debida notificación. Si bien hubo casos de ciudadanos en Concordia que lograron fallos favorables mediante amparos individuales, las posteriores sentencias del Superior Tribunal de Justicia, fueron adversas a los amparos colectivos promovidos contra Enersa y contra las diferentes Cooperativas Eléctricas.
El abogado Raúl Muñoz, opinó que “el fallo que rechaza el amparo contra Enersa fue producto de una conclusión equivocada” y lo calificó como el resultado de “la no apreciación del sistema jurídico y de la omisión pasmosa del principio de protectoría del consumidor”.
“Se le ha querido dar al problema una solución más política que jurídica, pretendiendo apagar este problema que recién empieza para nosotros”, manifestó el letrado a la agencia AIM.
La posibilidad de recurrir a la Corte Suprema
Desde la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos no descartaron una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la nación. Al respecto, Muñoz dijo que una acción de estas características implicaría tiempos demasiado extensos: “Estamos viendo qué es más conveniente para una solución, teniendo en cuenta que hoy para nosotros ya se agotó la posibilidad de buscar una resolución rápida”, e indicó que recurrir a la Corte Suprema implicaría una dilatación del conflicto de por lo menos seis meses o un año.En ese marco, afirmó que apuestan a buscar otra solución que surta efecto inmediato y remarcó que trabajan en la elaboración de acciones de inconstitucionalidad.
“Acá vamos a discutir el fondo, la proporcionalidad por un lado, y el procedimiento que se utilizó para el Valor Agregado de Distribución. En la Justicia vamos a evaluar la proporcionalidad del aumento en el mercado mayorista”, explicó Muñoz.
El letrado aclaró que, si bien hay acciones similares impulsadas en otras regiones, el objetivo de una medida de este tipo estará restringido a Entre Ríos, ya que “el tratamiento tarifario del costo mayorista es diferente en cada provincia. En Corrientes o en Misiones incide de manera diferente que en Entre Ríos, pero por el componente impositivo, que es otro de los grandes problemas de la tarifa eléctrica”.
El tema en el Congreso
En la Cámara de Senadores de la provincia se avanzó con media sanción para solicitar al Poder Ejecutivo nacional “la pronta disminución del costo del megavatio”.“Sólo en el último bimestre el aumento fue del 68 por ciento”, remarcó el senador entrerriano, Ángel Giano, quien dio cuenta que en diversas localidades la gente se ha organizado en asambleas para reclamar por un aumento al que calificó de “excesivo”.
Asimismo, el aumento en el costo de la energía afecta a las distribuidoras entrerrianas. “Hoy, la empresa Enersa y las cooperativas eléctricas de la provincia tienen que pagar un costo de 1070 pesos el megavatio hora, cuando en enero del 2014 se pagaba a 90 pesos y en diciembre 2015, 107”, detalló al respecto.
