Sería una “devolución”
Los exfuncionarios Rodríguez y Kemerer fueron condenados a penas de prisión condicional por el delito de peculado. Concretamente, se los encontró culpables de haber utilizado fondos de la DPV para el sostenimiento de la Escuela Privada Nº 235 “Heraclia Ruíz Díaz”, a la que llamaron la “primera escuela vial del país”, algo que les estaba vedado por la ley de creación del organismo.Un informe del Tribunal de Cuentas determinó que ambos funcionarios utilizaron 3.056.484,02 pesos del presupuesto de la DPV para el pago de salarios, infraestructura y gastos de funcionamiento de la escuela.
Tras la condena de la justicia, y a partir de los datos contenidos en ese informe, la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, promoverá una acción civil contra los ex funcionarios, a los fines de reclamarles un resarcimiento por el perjuicio patrimonial que le ocasionaron a la Provincia.
Los funcionarios fueron condenados por el delito de peculado, es decir, por haber utilizado fondos públicos para un fin diferente de aquel para el cual fueron presupuestados. Eso, a criterio del Tribunal del Cuentas, “configura –por lo menos– una irregularidad administrativa susceptible de reproche”. El informe del Tribunal de Cuentas lleva las firmas del presidente del organismo Federico Tomas y del fiscal José Luis Gea Sánchez y señala “como responsables del perjuicio irrogado a las arcas públicas de la DPV” a Rodríguez y Kemerer, “quienes contrataron personal para que prestara servicios en la Dirección Provincial de Vialidad, más precisamente en la Dirección de Mantenimiento y Suministros”, que en ese momento estaba a cargo de Kemerer, “los cuales en realidad prestaron servicio en la Escuela Primaria Pública de Gestión Privada con Educación Inicial ‘Heraclia Ruiz Díaz’, desde el mes de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, la cual estaba dirigida por la asociación civil Los Viales que ellos conducían”.
Incluso se indicó en el informe que “de los controles realizados en las cajas diarias no surgen los ingresos por cuotas a las arcas de la DPV”.
Desvío del presupuesto
No se le achaca a Rodríguez ni a Kemerer que se apropiaran de fondos públicos, sino el desvío de parte del presupuesto de la DPV para el sostenimiento de la escuela; e incluso que cuando se les objetó que un organismo público tuviera a su cargo la gestión de una escuela pública de gestión privada, los funcionarios crearan una asociación civil que ellos mismos encabezaban para que administrara la institución, con lo cual quedaron, literalmente, en los dos lados del mostrador.En un principio, los contadores del organismo determinaron que entre febrero de 2014 y mayo de 2017 el organismo desvió 3.628.144,80 pesos de su presupuesto para el pago de salarios a docentes y no docentes de la escuela; y otros 50.819,07 pesos en concepto de “gastos pagados por la DPV durante el año 2014 con afectación a la escuela”; pero luego restaron 622.479,85 pesos por salarios de dos docentes que en realidad habían dejado de pertenecer a la planta de personal de la escuela a partir del 1 de enero de 2016.
En conclusión, el Tribunal de Cuentas estableció que “los funcionarios desviaron fondos públicos para que se le abonaran los sueldos al personal de la escuela (…) imputándoselos al ejercicio presupuestario de los años 2014 y 2015, siendo que figuraban contratadas en el ámbito de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, todo esto en contraposición con la ley de creación de la DPV (…) que no prevé dentro de sus funciones la creación de una escuela por parte de dicha entidad”.
Por lo tanto, se dio por acreditado que “la responsabilidad por el daño a la hacienda estatal recae” en Rodríguez y Kemerer “quienes resultarían responsables por la disposición irregular de fondos en este ámbito administrativo patrimonial”.
