¿Peculado o “no hecho”?
Las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro observaron que esa tramitación -denunciada en la Justicia por el exdiputado provincial justicialista Gustavo Guzmán- podría recaer en las figuras delictivas de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración, aunque el lunes agregaron una nueva figura: peculado.
Los defensores de Varisco y de Rolandelli, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, y de Picazzo, Miguel Cullen y Emilio Fouces, insisten en la teoría de que se juzga un “no hecho” (el adelanto nunca se concretó, porque el trámite fue dejado sin efecto) y además resaltan con trazo grueso el trato diferencial del Ministerio Público Fiscal que nunca antes había investigado como delito una práctica en el Municipio de Paraná de otorgar anticipo a las Mutuales a cuenta de los montos que debían devengárseles a los empleados por préstamos o servicios que esa entidades brindan a sus asociados.
Testimonios claves
Este martes testimoniaron frente al tribunal que juzga a Varisco, Rolandelli y Picazzo cuatro testigos: el subtesorero de la Municipalidad Rubén Aníbal Correa; el tesorero general César Ferrari; el director de Liquidaciones de Haberes, Omar Darío Belcer; y la empleada contable María Elena Vega. Todos dieron cuenta de sus intervenciones en el trámite del adelanto financiero solicitado por la Mutual Modelo, y hablaron de antecedentes similares que se dieron en las gestiones de José Carlos Halle, entre 2007 y 2011; y el de Blanca Osuna, entre 2012 y 2015.Hubo dos trámites de pedidos de adelanto efectuados por la Mutual Modelo no bien asumió la intendencia Sergio Varisco. El primero se anuló; el segundo, se mandó al archivo. Ambos, con diferencia de días. Para la Fiscalía, aún cuando el adelanto no se haya concretado, se habría configurado un delito. Varisco está acusado por el Ministerio Público Fiscal por ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, en tanto que el asesor legal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, como partícipes primarios.
En su acusación, la fiscal destaca las “observaciones” que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Campdesuñé (quien declaró el lunes), lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo el 28 de enero. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la justicia.
Segunda jornada de juicio
En la segunda jornada de juicio, las fiscales Cecilia Goyeneche y Patirica Yedro y los abogados defensores acordaron desistir de cinco testigos: el exdiputado provincial del PJ y denunciante, Gustavo Guzmán; Guillermo Caino; el sindicalista y exdiputado provincial Hugo Vázquez; el secretario general de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), Pedro Comas; y de Mónica Piris.Por otro lado, en las cuatro testimoniales que se tomaron emergieron los antecedentes que existen en cuanto al otorgamiento de anticipos financieros a mutuales. Concretamente se mencionaron los casos durante la gestión del exintendente Halle y uno que se tramitó pero no se concretó en el gobierno de Osuna.
En las preguntas a los testigos, los defensores se centraron en los antecedentes de Halle y Osuna y compararlos con los actuales; mientras que la Fiscalía se enfocó en conocer si existía normativa que habilitara el uso de recursos para darle adelanto o préstamos a las mutuales y también en el tiempo que insumía el trámite durante las gestiones de los mencionados.
Primer testigo
El substesorero Rubén Aníbal Correa contó que cuando se tramitó el primer expediente del pedido de adelanto financiero por parte de la Mutual Modelo se encontraba ocupando el cargo de Tesorero, ya que su superior se encontraba de vacaciones.En su testimonial coincidió con lo que declararon este lunes el contador general Eduardo Campdesuñé, y Cristina Ruberto, exsecretaria de Hacienda, quienes señalaron que la única observación y preocupación que plantearon es que se constituya algún tipo de garantía para el recupero de los recursos en caso de que existiese algún problema.
“Recuerdo un informe del contador Campdesuñé donde nos informaba y nos consultaba o quería que opinemos al respecto de la garantía”, dijo y refirió que se pensó en pedir un seguro de caución, pero que las empresas aseguradoras se negaron a hacer ese trámite porque se los impide la ley.
Otra alternativa que se pensó para asegurar el recupero de fondos, dijo, fue que la mutual cediera créditos de los empleados municipales a favor de la municipalidad. Pero tampoco se aplicó.
Ante esa falta de garantía, el contador señaló que se comunicó con la Secretaria de Hacienda y el Contador General y se decidió no pagar.
Cuando se le consultó sobre antecedentes de anticipos financieros en otras gestiones, el testigo respondió de forma afirmativa. Y ahondó: “Para nosotros no era una operatoria rara. Ya se había dado en numerosas ocasiones en el municipio. No nos llamó la atención la operatoria en sí, sino que nos centramos en el recupero de los recursos. Los antecedentes son en 2007 o 2008 en adelante”.
Luego recordó que en 2012, durante la gestión Osuna, hubo un convenio por un crédito para la tarjeta Sidecreer, pero que no se llegó a concretar algún adelanto de dinero. En este punto, dijo que el convenio celebrado entre Sidecreer y el municipio a cargo de Osuna; y el de Varisco con la Mutual Modelo “eran de similares características”.
Además, confirmó que en el presupuesto municipal existía una subcuenta denominada “adelanto a mutuales”, que contemplaba los recursos para el tipo de operaciones que se está en discusión en el juicio.
Luego, ante una pregunta del abogado Emilio Fouces, defensor de Ángel Picazzo, negó que haya existido alguna presión de funcionarios del gobierno de Varisco para que se revea la decisión de no pagarle a la mutual.
Sobre el convenio con Sidecreer, explicó que consistía en “otorgar un monto equis como límite de compra a una cantidad importante de empleados municipales, y el municipio se hacía cargo de ese adelanto y que se iba a recuperar posteriormente a través de los códigos de descuentos”. Es decir, similar al caso de la Mutual Modelo.
Tras ello, reveló que durante la gestión de Halle se dio una operación parecida pero con combustible, y que en ese caso el municipio no reclamó pago alguno.
El testigo señaló que las empresas de transporte le solicitaron combustible a la municipalidad, cuestión que se habilitó y que se realizó un convenio para tal fin, en el cual no se fijó ninguna cláusula para garantizar el recupero del recurso. El comentario generó el interés de los abogados defensores que insistieron sobre que por ese hecho no se abrió ninguna causa judicial en la Fiscalía.
—¿Tuvo que ser citado por Fiscalía en ese antecedente? —preguntó el abogado Damián Petenatti, que junto a Rubén Pagliotto defiende a Varisco y el concejal Walter Rolandelli.
—No —dijo el contador.
Luego las partes continuaron indagando al testigo en cuanto a cómo se realizan las operaciones de adelanto financiero.
Segundo testigo
En segundo lugar declaró Omar Darío Belcer, Director de liquidación de Haberes de la municipalidad desde 2008. El contador refirió que fue el exintendente Halle quien creó el Centro único de Autorización de Descuentos (CUAD), sistema que centraliza todos los descuentos que se le hacen a los trabajadores municipales, ya sea para el pago de una cuota alimentaria o por ser socio de una mutual.Al respecto, contó que el CUAD funcionaba como una tarjeta de crédito, ya que cuando el trabajador superaba cierto tope de gasto el sistema bloqueaba automáticamente la posibilidad de que se le continúe descontando. En ese punto, indicó que se estableció que se pueda deducir hasta el 50% del salario, y no el 100% como sucedía cuando no existía el sistema.
Más adelante, la fiscal Yedro lo consultó si el CUAD contaba con suficiente flujo de dinero mensual para garantizar los recuperos de fondos, y el testigo respondió afirmativamente. No obstante, dijo que no existía una normativa que prevea que los fondos del CUAD puedan utilizarse para otorgar anticipos financieros.
Enseguida, el abogado Miguel Ángel Cullen, defensor del empresario Picazzo, indagó sobre un antecedente que pretendió poner incomoda a la Fiscalía: la firma de adelantos financieros en 2008, en expedientes firmados por Alejandro Cánepa, quien entonces era Secretario Legal y Técnico de Halle. Cánepa fue fiscal entre 2014 y 2018 y actualmente es camarista.
Cullen ubicó otra novedad: un expediente que circuló por varias oficinas en un día, con una celeridad similar a la que se discute en la causa de la Mutual Modelo.
Petenatti también citó un convenio parecido al que se debate: uno del 29 de octubre de 2009, entre Halle y el presidente de la Mutual Modelo, Adrián Bruffal. En el mismo, se estipuló un anticipo de $60 mil para paliar la situación financiera de la entidad “en concepto de saldos no cubiertos por aplicación del CUAD”. En la cláusula segunda se estableció que la entidad reintegraría el fondo anticipado en una sola cuota.
Tercer testigo
César Marcelo Ferrari fue el tercer testigo de la audiencia. Se trata del Tesorero primero del municipio desde hace 22 años. El funcionario explicó que al momento de la tramitación del primer expediente se encontraba de vacaciones, pero que se le informó lo sucedido al retomar la actividad.Su declaración no varió a la de sus antecesores. También mencionó que el primer trámite del anticipo cayó porque en el convenio no se estipulaba una garantía para recuperar los fondos y que el área de su competencia había propuesto un seguro de caución.
Al igual que los demás, también dijo en las gestiones de Halle y Osuna se tramitaron anticipos financieros a mutuales y refirió que las partidas para tal fin están previstas en el presupuesto municipal. “Tengo entendido que puede haber un partida sobre anticipo financiero”, dijo el contador en alusión a la cuenta “adelanto a mutuales”.
En cuanto al trámite de pedido de adelanto de dinero, aseguró que el camino se inicia en Mesa de Entrada, con la solicitud de la entidad; luego se eleva al Departamento Ejecutivo y éste resuelve por decreto si concede el pago. Luego debía atravesar la Dirección de Presupuesto; la Contaduría General, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería.
Ante la consulta de los defensores, el testigo negó que en el caso del primer expediente del adelanto a la Mutual Modelo, el cual no prosperó, el intendente Varisco haya insistido que se aprobara mediante lo que se conoce como “acto de insistencia”, el que consiste en reiterar el trámite y exime de responsabilidad civil y penal al contador o funcionario que intervenga.
“Desde que estoy en la Tesorería nunca se autorizó un acto ilícito. Es una una responsabilidad para el Contador General hacer algo que no está dentro de la Ley de Contabilidad y la Ley Orgánica de Municipios”, dijo.
En cuanto al dictamen del Contador General Campdesuñé, quien señaló que para autorizar el pago debía haber algún tipo de garantía de recupero, el Tesorero Ferrari dijo que “eso no significa oponerse al pago. Es una recomendación y para tener mayor seguridad”.
Luego, Ferrarri también confirmó que durante la gestión de Halle se otorgó combustible a empresas de transportes y que el mismo nunca se recuperó. La operación, dijo, se realizó a través del área de Suministros y que se habilitó por orden de compra en las estaciones de servicios que trabajaban con la municipalidad.
Respecto del antecedente de anticipo a Sidecreer, en la gestión Osuna, el Tesorero explicó que en el convenio entre las partes “se autorizaba a solicitar un determinado monto a los efectos de los futuros gastos que desarrollaban con la tarjeta los empleados municipales. Hubo una presentación en Tesorería donde me solicitaban anticipo de fondo mediante una nota simple. Se rechazó y se hizo el registro”.
—¿Se judicializó esa causa de la profesora Osuna? —preguntó el abogado Fouces.
-No, no —sostuvo el contador y ante la repregunta de cuántos antecedentes de anticipos conoció, dijo que no menos de 7.
—¿Tenían seguro de caución? —quiso saber el letrado.
-No, no tenían.
-¿Le pidieron a las empresas algún tipo de garantía?
—No
—¿Saben si pagaron interés?
—Desconozco
Luego dijo que el convenio con Sidecreer, de 2012, tampoco establecía garantía de recupero y que era por una “cifra importante”. Más adelante se supo que el adelanto solicitado –y que no prosperó- fue por más de $2 millones.
Finalmente, ante una consulta de la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, el testigo señaló que la partida afectada para ese adelanto fue una cuenta registrada con la letra “B”, que hace referencia a las erogaciones. Así, la acusación trató de diferenciar el trámite de la gestión Osuna y la de Varisco, ya que el primero se hizo con una cuenta diferente que el segundo.
Cuarta testigo
La última en declarar en la jornada fue María Elena Vega, quien no agregó demasiados datos. La mujer se desempeña en la Subdirección de Administración Contable, que depende de la Contaduría General, y estuvo a cargo de anular la primera orden de pago del adelanto a la Mutual Modelo. Señaló que la orden para ello provino de la Secretaría de Hacienda y que se cumplió inmediatamente. Al igual que los demás, también refirió antecedentes de anticipos financieros en otras gestiones pero no se explayó al respecto.Este miércoles seguirán desfilando testigos en el juicio. Se esperan que comparezcan cuatro, Los principales son Pablo Retamal, Director de Presupuesto; y Silvia Villagra, otra empleada administrativa que intervino en el expediente que inició la Mutual Modelo.
