La petición había sido formulada en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar si hubo sobornos a funcionarios de las gestiones del exgobernador Sergio Urribarri, con el propósito de beneficiar a la empresa Relevamientos Catastrales Sociedad Anónima, propiedad del empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herrero, a quien días antes el mismo magistrado le había denegado un pedido similar.
Vergara fundó su decisión en que Smaldone ya había formulado el pedido de desvinculación de la causa en distintas instancias, por lo que fue escuchado y su planteo rechazado en diferentes etapas -rememoró el fallo de su par, Elvio Garzón, que el 30 de junio de 2022 revocó el sobreseimiento que dictó el juez Mauricio Mayer respecto de Urribarri y los dos exfuncionarios, Carlos Haidar y Miguel Ulrich, al que Smaldone adhirió- y que adhirió a planteos que formularon otras defensas en el contexto de la misma causa, para que se hagan extensivas a su situación, las resoluciones que allí se determinen.
También mencionó la adhesión de Argentina a los pactos internacionales de lucha contra la corrupción; que la Corte Suprema ha destacado que los plazos procesales se determinan no por plazos sino por criterios y dependen de la complejidad de los casos investigados; fallos del Superior Tribunal de Justicia en los que, a pesar de tener los vocales posiciones distintas sobre los plazos de prescripción, caducidad e insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal de seguir produciendo evidencia e incorporarla al legajo, se señaló que el vencimiento de los plazos y la falta de pedido de prórroga por parte de los fiscales, no es causal de sobreseimiento, precisamente por las consecuencias que podría traer al país el no cumplimiento de aquellos pactos.
Vergara señaló que la investigación penal preparatoria, en el caso concreto de Smaldone, se agotó el 16 de abril de 2022; añadió que el plazo para determinar el vencimiento de los plazos procesales comenzó a correr el 16 de octubre de 2020, cuando el mismo declaró como imputado, por lo que vencieron 18 meses después de aquella declaración. Con estos plazos como referencia, entendió que el imputado no planteó ninguna objeción a la profusa actividad probatoria que fueron desplegando los fiscales, más allá de haber vencido los tres meses para solicitar la prórroga que la Sala Penal estableció en el polémico fallo Cozzi para poder continuar con la investigación.
En aquella línea de análisis, el juez detalló la actividad que desplegaron los fiscales, aún con los plazos vencidos, sin que las defensas plantearan las correspondientes objeciones, entendiendo que Smaldone tuvo una actitud “saneadora” respecto del vencimiento de los plazos a partir de su actividad defensiva. El magistrado también señaló que Fiscalía pidió la remisión de la causa a juicio el 29 de abril de 2022, 13 días después del vencimiento de los 18 meses que determina el fallo Cozzi que debe durar la investigación.
