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El decreto 1.227/16 GOB no sólo reconoció un pago por 7.000 pesos en concepto de alojamiento. En cuatro oportunidades mencionó como prestadora del servicio a la firma Entre Ríos Apart Hotel, cuyo titular es el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien desmintió haberle facturado al gobierno provincial.

El funcionario quedó en una incómoda situación con la publicación de la norma antes mencionada. Su aparición en el Boletín Oficial ubicó al encargado de defender el patrimonio del Estado provincial al límite de la incompatibilidad.

-¿Usted sigue integrando la empresa o cedió su participación?-, le preguntó Elentreríos.

-El Apart Hotel Entre Ríos es mío, dado de alta en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) con mi CUIT- contestó Rodríguez Signes.

La respuesta del fiscal de Estado llegó tras el primero de una serie de correos electrónicos que intercambió con este portal entre las 9 del lunes y las 11.15 de ayer. En su afán por despejar toda sospecha sobre un eventual negocio incompatible con la función pública se comprometió a brindar documentación que fundamentara su desmentida.

"Desde ya les tengo absolutamente prohibido a los encargados del hotel que acepten contratos de alojamiento con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, de modo tal que al leer la consulta periodística averigüé inmediatamente", agregó Rodríguez Signes.

A su entender, la facturación había sido emitida a nombre del secretario de Gestión Pública, Sergio Reggi y abonada por el funcionario para luego tramitar su reintegro. Pero faltaban los papeles que lo acreditaran.

El decreto –fechado el 19 de mayo y publicado el 22 de septiembre- fue emitido, según su interpretación, para que Reggi pudiera recuperar el dinero que había desembolsado como cliente del apart. Aunque no dejaba de ser una versión. Al fiscal de Estado se le envió una copia de la norma, que en su primer artículo dice textualmente: "Reconózcase y autorízase el pago de los gastos de alojamiento en el 'Entre Ríos Apart Hotel' realizados por el secretario de Gestión Pública, profesor Sergio Valerio Reggi (?) por un importe mensual de pesos siete mil ($ 7.000)".

El emprendimiento comercial de Rodríguez Signes también apareció mencionado otras dos veces en los Considerando del decreto 1.227/16 GOB. Además la norma enumeró las siete "Facturas B 0017-00000 268/281/299/306/322/337/353 de fecha 23 y 30 de diciembre de 2015; 8, 14, 22 y 27 de enero; y 3 de febrero del corriente año, respectivamente". Y la firma volvió a ser aludida en el cuarto artículo.

En el decreto consta que la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación fue autorizada "a liquidar y hacer efectivo al Sr. Sergio Valerio Reggi el importe respectivo de las facturas (?) emitidas por el 'Entre Ríos Apart Hotel', presentadas oportunamente".

A fin de aclarar la situación Rodríguez Signes remitió por correo electrónico una copia de la orden de pago 954-2016-00311, emitida por la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a las 9.09 del 26 de mayo pasado, una semana después de que el gobernador Gustavo Borde y su ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, firmaran el decreto 1.227/16 GOB. Emitida a favor de Reggi, la orden de pago incluyó los números de las siete facturas de Entre Ríos Apart Hotel y sus respectivos importes, que totalizaron 7.735 pesos. El libramiento, sólo por 7.000 pesos, fue autorizado por el titular del Servicio Contable, Gustavo Tórtul, y puso fin al Expediente de Gastos Nº 954-2016-101112.

El pago fue imputado como "Servicios no personales-Alquileres y derechos-Alquiler de edificios", aunque en el documento no aparece mencionada la firma Entre Ríos Apart Hotel. Al único que se alude es a Reggi.

Por su parte, en su último correo electrónico, enviado a las 11.09 de ayer, el fiscal de Estado precisó cómo se pagó cada una de las facturas. Tres en efectivo -la número 281 (780 pesos), la 268 (925 pesos) y la 299 (440 pesos)-; tres con débito –la 306 (1.340 pesos), la 322 (1.805 pesos) y la 337 (1.455 pesos)-; y con tarjeta de crédito la número 353 (990 pesos).

"En todos los casos Reggi abonó personalmente cada alojamiento, a razón de 455 pesos por día", detalló Rodríguez Signes. Y de inmediato agregó: "Para nosotros ahí se cancelaron las obligaciones y se extinguió el contrato".

Para el fiscal de Estado "el 15 de febrero de 2016 Reggi solicitó al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación un reconocimiento de gastos por la suma de 7.735 pesos. En ese expediente no hay absolutamente ninguna intervención mía ni de la Fiscalía de Estado".

Más adelante Rodríguez Signes recordó que "el 19 de mayo se emite el decreto 1.227/16 GOB, que reconoce y autoriza el pago de los gastos de alojamiento pero no se le pagó al Apart Hotel Entre Ríos sino al propio Reggi".

El dueño de Entre Ríos Apart Hotel también anticipó: "Para mayor tranquilidad le voy a pedir al jefe del (Servicio Administrativo) Contable que someta el gasto al control del Tribunal de Cuentas y que me haga saber si existe alguna observación, cosa que no creo".

Al que no se pudo contactar fue a Reggi, quien ahora está a cargo de la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales. Al llegar a su despacho, en Avenida Alameda de la Federación 421, se informó que se encontraba de comisión de servicio por la provincia.

Si bien su secretario tomó nota del tema y se comprometió a imponerlo sobre el motivo de la consulta, jamás se recibió el llamado prometido.

Al funcionario le fue otorgado el beneficio de la Compensación por Residencia dispuesta para el personal superior fuera de escalafón. En su caso, por integrar el Nivel I, le corresponden 7.000 pesos mensuales.

Reggi comenzó a recibir ese monto mensualmente a partir del 1 de febrero pasado. Para conseguir los libramientos debe presentar el recibo "que acredite el pago al locador", según consta en el decreto 1.226/16 GOB, también fechado el 19 de mayo último. De acuerdo a lo consignado en esa norma, a Reggi se acordó cubrirle el gasto que demanda el alquiler del departamento que ocupa en Avenida Alameda de la Federación al 100. Y para eso resultaron indispensables los avales del auditor interno de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y de la Contaduría General de la provincia.
Fuente: El Entre Ríos

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