Se refirió a casos concretos como el de Hugo Righelato, Jorge Rodríguez, Mario Yedro y el empresario Jesús José María Bustamante, sobre quien adelantó “que se van a iniciar acciones”. No obstante, respecto de las causas que investigan al ex gobernador Sergio Urribarri, dijo que “se equivocó desde el momento de no requerir siempre un dictamen de la Fiscalía en los casos en los que las contrataciones son relevantes” y consideró que “lo de Urribarri es más un error por omisión que por acción”.
Admitió que aún le alquila un departamento al ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados.
Tampoco tuvo reparos en responder consultas sobre su situación patrimonial particular y advirtió que “puede haber gente que está molesta, tratando de que yo no haga lo que tengo que hacer y ese tipo de cuestionamientos sobre mi función y mis remuneraciones provienen de allí: de gente que está tratando de que yo no vea determinadas cosas”. En cuanto a la imputación del intendente Sergio Varisco por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, apuntó: “Lamento esta situación pero hay que esperar a que termine el proceso. Ojalá salgamos rápido de este tema porque no podemos seguir así en la ciudad de Paraná”.
En diálogo con el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) , Rodríguez Signes explicó que “la Fiscalía de Estado tiene un rol doble: por un lado, la defensa del patrimonio de la provincia en los procesos judiciales en que la provincia es parte, y hoy tenemos alrededor de 8.000 causas judiciales donde ejercemos la acción en defensa del patrimonio de la provincia, y por otro lado está el control de legalidad, que no es absoluto y de todas las causas”.
A modo de referencia, puntualizó que “en el plazo en que fui fiscal de Estado se generaron en la administración provincial dos millones de expedientes, según el informe de la Dirección de Informática, y en ese mismo periodo entraron a Fiscalía alrededor de 10.000 expedientes para dictamen”.
En ese marco, detalló además que la estructura de la Fiscalía es de “53 abogados, nueve contadores y el resto son empleados administrativos sobre un total de 103 empleados, con un presupuesto de 63 millones de pesos para personal” y agregó que se ocupan de “los juicios, el control de legalidad, el poder disciplinario que ejercemos a través de la Dirección de Sumarios, de la comisiona asesora de disciplina, de la unidad de control de inmuebles y del consejo de tasaciones de la provincia”.
“A nosotros nos corresponde el control de legalidad y la defensa en juicio, mientras que al Ministerio Público Fiscal le corresponde el ejercicio de la acción penal, es decir que si hay algo que investigar por un delito contra la administración pública le corresponde al Ministerio Público Fiscal”, explicó.
En cuanto a la cantidad de causas por corrupción, afirmó que “no hay un solo caso en el cual un dictamen de Fiscalía de Estado haya servido de fundamento para que se dicte un acto irregular de todos los que están en sede judicial, contra Urribarri o contra cualquier otro funcionario”.
En cuanto a la relación con el Tribunal de Cuentas, Rodríguez Signes apuntó que “el Tribunal de Cuentas nos envía un expediente con un cargo o funcionario sobre el cual realiza una observación y entiende que hay un perjuicio causado a la administración por su actuación irregular”.
A modo de ejemplo concreto hizo referencia al caso por el cual fue condenado días pasados el ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Jorge Rodríguez, y dijo que “nunca la Fiscalía intervino en el proceso de contrataciones para la escuela de Vialidad y nos enteramos de la situación a través de los medios de comunicación porque hay un proceso penal y también porque el Tribunal de Cuentas envió a la Fiscalía un cargo contra los funcionarios que consideró responsables”. “Ante esto, Fiscalía de Estado se ocupa de la reparación del daño patrimonial, no del proceso penal ni de la condena penal. Es más, el Código Procesal nuevo le impide al Estado provincial constituirse como querellante porque entiende que la acción penal es exclusiva del Ministerio Público Fiscal”, aclaró.
Críticas de Castrillón por falta de control
Consultado respecto de los cuestionamientos del presidente del STJ, Emilio Castrillon, por la falta de controles ante las irregularidades del gobierno de Urribarri que derivaron en diversas causas judiciales, el fiscal de Estado se consideró “respetuoso del rol que tiene Castrillón que es presidente del Superior Tribunal de Justicia”. Y afirmó: “Cada uno cumple su función: él tiene la de dirigir el Poder Judicial que tiene por función resolver los casos contenciosos, criminales y demás que se le presenten, y para eso tiene 2.485 empleados y un presupuesto de 3.500 millones de pesos, y mi función es otra: no es constituirme como querellante particular, es obtener la reparación patrimonial y ejercer la defensa de la provincia en los casos en que es parte”.Ante la existencia de estas causas que investigan hechos de corrupción, explicó que “cuando nos enteramos que existe un proceso penal y puede haber un daño a la administración hacemos un seguimiento de esos procesos porque debemos manejarnos con condenas, no con supuestos”. Ejemplificó que “en el caso (del publicista, Jesús María) Bustamante donde hubo un juicio abreviado y una sentencia judicial, si hay un perjuicio accionamos desde la oficina de seguimiento” y adelantó que “en este caso vamos a accionar”.
En otros casos, “ejecutamos la sentencia, como en el caso (donde se condenó al ex titular de Obras Sanitarias, Hugo) Righelato: ya en el juicio abreviado el daño se reparó y lo que me corresponde es tomar posesión de los inmuebles que se le decomisaron; o en el caso (donde se condenó al ex senador Mario) Yedro, cuando el decomiso se concretó, fui y tomé posesión del bien”.
En ese sentido, aseveró que “acá hay que respetar el rol de cada uno: el rol de la investigación penal el corresponde al Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía de Estado le corresponde el control de legalidad en las causas en las que intervengo como fiscal de Estado”.
En este contexto, resaltó: “Yo no me quedé con la intervención en 10.000 expedientes y no me importa qué pasó con todas las demás, sino que hace varios años planteé la necesidad de que en el procedimiento administrativo de la provincia de Entre Ríos, sí o sí debía haber dictamen jurídico de asesoramiento a los organismos, cosa que no existe”. Y agregó: “También hice un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) por la cual hay 260 abogados de la provincia que se están capacitando en derecho administrativo para ejercer mejor los controles”
“Urribarri se equivocó por omisión”
En cuanto a los hechos de corrupción que investigan al ex gobernador, Rodríguez Signes afirmó que “Urribarri se equivocó desde el momento de no requerir siempre un dictamen de la Fiscalía en los casos en los que las contrataciones son relevantes”. “Si se hubiera tomado esa precaución, nosotros hubiéramos asesorado. Por ejemplo ante las contrataciones directas de publicidad, que se pueden hacer, pero hubiéramos planteado la necesidad de observar determinados mecanismo que tiene la ley de contabilidad para efectuar las contrataciones”, especificó.“Lo de Urribarri es más un error por omisión que por acción”, sentenció.
Por otra parte comentó que habla con Urribarri aunque “no tanto como antes” y advirtió que “jamás” le pidió asesoramiento por su situación judicial.
Situación patrimonial
Por último, Rodríguez Signes no tuvo reparos en responder consultas sobre su situación patrimonial particular y confirmó que se desempeña como síndico de tres empresas del Estado: Enersa, Sidecreer y seguros de retiro, por el cual cobra un salario, además de los 80.000 pesos que percibe como sueldo por el cargo de fiscal de Estado –equiparado al del procurador del STJ-.Agregó que ejerce su profesión “de carácter privado aunque prácticamente nada” y que tiene “un apart que lo hice entre 2004 y 2006” pero además “después que fui presidente de la Cámara de Diputados y antes de ser fiscal de Estado gané varios juicios importantes, uno de ellos contra la Caja de Jubilaciones en representación de retirados de la Policía”.
Admitió además que tiene “una empresa de camiones” con la cual “jamás recibí un pago de Vialidad ni de ningún organismo del Estado” y respecto a esto señaló: “He participado en 9.000 juicios y en 10.000 expedientes administrativos, algunos de ellos que suponen investigar determinadas cosas, no penalmente sino en la regularidad o irregularidad del actuar de la administración y puede haber gente que está molesta, tratando de que yo no haga lo que tengo que hacer, o haga otra cosa y en una de esas ese tipo de cuestionamientos sobre mi función y mis remuneraciones provienen de allí: de gente que está tratando de que yo no vea determinadas cosas”.
También reconoció que aún posee un departamento que le alquila a Urribarri, “lo cual es un acto privado, con un contrato privado entre particulares”.
En cuanto a posibles cuestionamientos respecto de dicho alquiler, apuntó que “el juicio del Conurbano bonaerense es el juicio más importante que ha tenido la provincia de Entre Ríos en términos patrimoniales, y tomé la decisión de hacerlo con todo el equipo de la Fiscalía de Estado, y lo he hecho de frente y no le saco el cuerpo a las causas judiciales. De manera que ejerzo mi función de la mejor forma posible. No hay un solo caso en el que la Fiscalía haya intervenido en que hayamos traicionado los intereses de la provincia ni por Urribarri ni por ninguna otra persona, ni por amistad ni por enemistad o conocimiento”, aseveró.
Varisco imputado por narcotráfico
El fiscal recordó que fue “concejal de Humberto Cayetano Varisco con quien hicimos una buena gestión y guardo un profundo respecto por la memoria de Humberto, y lamento profundamente esta situación que estamos viviendo”.“La última vez que hable con Sergio Varisco, estábamos preocupados por otro tema que era el dragado del puerto de Diamante, y lamento esta situación pero como abogado tengo profundo respeto por el proceso judicial y no soy parte ni conozco ese proceso”, reveló.
Sostuvo que el pedido de licencia “es una situación muy personal” pero aclaró: “Creo en la presunción de inocencia, la que debe respetarse y hay que esperar a que termine el proceso. Varisco será consiente y tomará las decisiones que su consciencia le indique. Ojalá salgamos rápido de este tema porque no podemos seguir así en la ciudad de Paraná”.
