Así lo planteó Rodriguez Signes este miércoles durante la extensa audiencia en la que se presentó en Tribunales el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron la Fiscalía y los defensores del exdiputado provincial y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, y que escuchó el tribunal conformado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Alejandro Joel Cánepa.
Respecto del delito de enriquecimiento, dice el acuerdo: “el informe especializado producido por el Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, ha llegado a la conclusión de un monto total de enriquecimiento que fuera antes explicitado, lo que expresado en valor dólar y realizando un procedimiento de actualización anual, que permita una razonable traslación temporal de los valores (atento a nuestro contexto inflacionario), arriba a la suma de dólares estadounidenses un millón sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con diecinueve centavos (U$S 1.069.841,19)”.
Los dos inmuebles
“Es por ello, que se ha acordado el decomiso de bienes inmuebles cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por el delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Así, se ha acordado el decomiso de los siguientes inmuebles:1.- Inmueble con domicilio parcelario en calle Laprida no 152 de la ciudad de Paraná, Matrícula N° 148.596, Plano Mensura N°111.159, Área Urbana, Dto. U.C.A., Sección 4ta., Manzana N° 70, Superficie parcelaria trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados (…). Este inmueble, ha sido tasado según informe de fs. 350/355, en el valor de U$S 378.289. Está afectado a usufructo vitalicio, a favor de Belkys Margarita Longhi, inscripto al N° 2763 Folio 128 Libro 42 del 27/03/1991, por lo que se decomisa la nuda propiedad hasta la extinción del usufructo vitalicio, una vez extinguido este el destinatario del decomiso gozará del dominio pleno del inmueble. Según Escritura N° 89 del registro del Escribano Arturo J.H. Domínguez, le corresponde al imputado José Ángel Allende, y a sus hijos Julio Alejandro, Victoria y Carolina Allende que lo recibieron por donación de su madre Diana María Cristina Traverso. Atento el carácter de beneficiarios a título gratuito de los Sres. Julio Alejandro, Victoria y Carolina Allende, el decomiso procederá sobre este bien conforme a la previsión del art. 23 cuarto párrafo del CP.
2.- Inmueble con domicilio parcelario en calle Juan José Castelli No 10 ciudad de Paraná. Superficie parcelaria ciento noventa y nueve metros cuadrados con diez decímetros cuadrados (se adjunta ficha de dominio en fotocopia). Este inmueble, ha sido tasado según informe de fs. fs. 356/361, en un valor total U$S 726.922. El importe que representan los bienes decomisados asciende a la suma total de U$S 1.105.211 lo que supera el monto total del enriquecimiento.
¿Quién decide el reparto?
Detalló, luego en cuanto al destino que corresponde darle los bienes decomisados, que “tratándose de la condena por un hecho de corrupción, no sólo la pérdida del producido del delito a través del decomiso tiene efectos disuasorios, sino que también consideramos necesario asignar una finalidad concretamente relacionada con el fortalecimiento de las instituciones republicanas”. El acuerdo dice que “entendemos que es oportuno asignar al inmueble a decomisar, localizado en calle Castelli N° 10, un destino simbólicamente acorde con políticas de Estado tendentes al mejoramiento de la calidad institucional de la Provincia. En este entendimiento, la Constitución Provincial de 2008 ha jerarquizado al organismo encargado de la selección de los Magistrados del Poder Judicial, cuyo aporte a la calidad institucional de uno de los poderes del Estado es innegable. El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, pese a ser un órgano constitucional carece de sede propia, por lo que entendemos que el inmueble sito en calle Castelli, debe ser puesta a disposición el Poder Ejecutivo, para su asignación como sede del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos”.
Pero el fiscal de Estado no coincide con esa decisión de la Justicia de establecer el reparto de los bienes decomisados. “Mi intervención en la audiencia se redujo a la cuestión patrimonial. Yo no tenía competencia ni intervención en el tema de las amenazas. Lo que manifesté es mi discrepancia con el destino de los bienes a decomisar. Yo sostengo que los bienes tienen que ingresar a patrimonio del Poder Ejecutivo, para que luego sea el Gobernador quien les dé destino. No es atribución ni de los jueces ni de las partes del proceso penal darle un destino a los bienes decomisados”, explicó Rodríguez Signes.
Así sucedió en la causa del exdirector de Obras Sanitarias, Hugo Righelato, a quien se le decomisaron dos propiedades; también con la condena de los exsenadores Abelardo Pacayut y Mario Yedro, y del exembajador en Cuba Raúl Taleb. El tribunal que escuchó hoy la presentación de los términos del juicio abreviado tomará una resolución y la dará a conocer el 22 del actual.
