“El Poder Ejecutivo no tiene representación alguna en la composición del Jurado de Enjuiciamiento, por tanto los datos que a Ud. estoy remitiendo son aquellos que, por la función ministerial, obran en mi conocimiento”, dice la presentación de Romero. Y agrega: “Constitucionalmente no corresponde al Poder Ejecutivo intervenir bajo ninguna circunstancia en los procedimientos llevados a cabo por el citado Órgano Constitucional Jurado de Enjuiciamiento”.
Después de destacar el trámite que tuvo la causa Goyeneche en el Jurado de Enjuiciamiento, señaló que ningún aspecto de esa investigación “ha pasado por este Ministerio de Gobierno y Justicia”.
“Es menester destacar que la denominada ´Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos´ es una expresión periodística en razón que oportunamente el Procurador General (Jorge García), dentro de sus competencias, le asignó a la Procuradora Adjunta la coordinación de las causas relacionadas con los delitos contra la Administración Pública”, apuntó. “Tanto es así que en estos momentos se encuentra en la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley creando la Fiscalía Anticorrupción tal como lo prevé el artículo 208 de la Constitución Provincial. En este sentido, el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de reglamentar este órgano de la Constitución, asegurando independencia y objetividad de la misma”, agrega.
Pero también la titular de la cartera política asevera: “Sin perjuicio de lo expresado, debo poner de manifiesto en forma enfática que el caso que nos ocupa bajo ninguna circunstancia puede entenderse como efecto ´amedrentador´ que pueda significar un precedente para otros fiscales que investigan casos de corrupción”.
La batalla ante la ONU
La destituida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, consideró que el Estado argentino incumplió el deber de colaborar y omitió brindar información sobre el proceso en su contra ante un funcionario de las Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así lo puso de manifiesto junto a Marcelo Varona Quintián, de la Asociación Argentina de Fiscales de la República Argentina, en una nota cursada el 20 de julio a Diego García Sayán, Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados del organismo internacional.Se trata del funcionario de la ONU que el 27 de abril le solicitó al Estado argentino que brinde información sobre el proceso de destitución. La nota fue dirigida al embajador Federico Villegas, representante permanente de la Argentina ante la ONU, en Ginebra, para que le sea enviada al canciller Santiago Cafiero. Allí, García-Sayán reclamó “atención urgente” sobre este tema y manifestó su “preocupación” porque se reemplazaron a los fiscales por abogados ad hoc para enjuiciar a Goyenche en el jury que abrió la Justicia de Entre Ríos.
Su intervención se dio porque el 4 de abril Goyeneche le informó de su situación: le relató que fue suspendida en sus funciones cuando investigaba una de las causas de corrupción más importante de la provincia. También lo puso al corriente del desplazamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador, designando un fiscal ad hoc -Gastón Justet- y que no se hizo lugar a recusaciones a miembros del Jurado, entre ellos a los vocales Daniel Omar Carubia, Gisela Schumacher y Juan Ramón Smaldone, entre otras cosas.
Goyeneche fue destituida por haber incurrido en mal desempeño durante la investigación de la causa Contratos truchos de la Legislatura, que investigó un desfalco millonario a las arcas de la Legislatura entre 2008 y 2018. Concretamente, se le reprochó no haberse excusado por “haber tenido un vínculo comercial o de comunidad de intereses con uno de los imputados”, el contador Pedro Opromolla, del estudio Integral Asesoría.
El Estado argentino respondió el 24 de junio la requisitoria del relator de la ONU, en un documento en el que expresó “el férreo compromiso del Estado argentino con la autonomía del Ministerio Público, así como con la independencia de su servicio de justicia y con su deber de investigar, perseguir y sancionar todo acto de corrupción”.
“En ese sentido, el Estado argentino es plenamente consciente de que quienes investiguen posibles instancias de corrupción deben gozar de las más estrictas garantías, toda vez que el esclarecimiento de dichos ilícitos entraña un especial interés para la sociedad”, se agregó en la respuesta firmada por Gabriela Laura Kletzel, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación.
El escrito continúa con varios párrafos en los que se subrayan varias leyes, compromisos asumidos por el Estado argentino a nivel internacional, como así también programas e instituciones judiciales que investigan hechos de corrupción.
Y finaliza reiterando que “las autoridades actualmente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional han asumido el firme compromiso de mejorar la calidad institucional en la República Argentina, lo cual implica la protección y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”.
Sobre la respuesta del Estado, Goyeneche y Marcelo Varona Quintián, de la Asociación Argentina de Fiscales de la República Argentina, le dijeron recientemente al relator de la ONU que “el Estado argentino ha incumplido con su deber de colaborar y considerar las observaciones y requisitorias por usted formuladas”.
En la carta remitida el 20 de julio, señalaron que “la respuesta brindada a la comunicación por usted cursada con anterioridad a la destitución de la Fiscal Goyeneche dispuesta por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento provincial (HJE) el 24 de mayo (y sobre la que hemos informado en nuestro escrito del pasado 13 de junio), omite casi por completo responder a los requerimientos de información solicitados”.
“Ni la respuesta del Estado Nacional, ni las respuestas anexas del Ministerio de Gobierno y Justicia provincial y del Jurado de Enjuiciamiento cumplimentan en lo más mínimo con las cuestiones sobre las que su comunicación solicitara información”, manifestaron.
Enseguida, enumeraron lo que, a su criterio, son las omisiones del Estado argentino:
1—En primer lugar, dijeron que no proporcionó información sobre las alegaciones formuladas.
2— Señalaron que no dio información “ni de hecho ni de derecho que expliquen por qué la Fiscal Goyeneche fue suspendida y reducido su salario en un 30%, aún cuando también y en mérito a la buena fe (a pesar de no estar requerido en su comunicación por una cuestión temporal) debió haber incorporado información de ese tenor relativa a la posterior destitución de la Fiscal.
3— Manifestaron que “no indicó en lo más mínimo las medidas tomadas para asegurar las garantías de un juicio justo y el acceso a un tribunal independiente e imparcial, ni se ha referido a las justificaciones para la separación del conocimiento de la causa a la totalidad del Ministerio Público Fiscal y a la designación de un fiscal ad hoc para el caso”; y agregaron que el Ministerio de Gobierno y Justicia provincial “se ha limitado a reconocer que se designó un ‘fiscal ad hoc’ a través de ‘una especie de creación pretoriana’ en un caso que califica de ‘sui generis’. Toda una confesión de parte de lo grosero que resultó la irregularidad de la destitución, que por supuesto también omite toda referencia a los 15 abogados que se negaron fundadamente a asumir tal fiscalía ad hoc, así como se omite cualquier tipo de análisis o mención de le legislación aplicable que exige sea el Ministerio Público Fiscal quien ejerza la acusación en estos casos”.
4— Sostuvieron que el Estado “no indicó las medidas tomadas para garantizar la continuidad de los casos de corrupción llevados por la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia para su conducción independiente y objetiva. En este aspecto el escrito del Estado Nacional simplemente se limita a realizar una serie de afirmaciones meramente declamatorias en las que se refiere a diversa legislación federal y diversos organismos con competencia federal, todo lo cual resulta manifiestamente inaplicable a un caso que concierne a la provincia de Entre Ríos”.
5 - Finalmente, expresaron que “el Estado argentino no indicó si se tomaron medidas para garantizar la independencia de jueces y magistrados provinciales en seguimiento de los Principios de Independencia de la Magistratura a los que el Anexo de la comunicación hace referencia”.
A modo de conclusión, entendieron que la respuesta del Estado fue “inexistente” y que “denota su patente incumplimiento de la obligación de colaborar y observar lo comunicado por la Relatoría a su cargo”.
Hicieron notar que incluso la presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Verónica Mulone, desconocía la intervención del relator de la ONU en el caso y que había solicitado información al Estado argentino. “Esta actitud de desprecio del Estado argentino tiene también su reflejo y correlato en que vuestra comunicación del 24 de abril no fue ni siquiera remitida en debido tiempo y forma al Jurado de Enjuiciamiento. En la última audiencia del juicio de destitución del día 6 de mayo de 2022, dedicada a los alegatos de las partes, y luego de producidos los mismos, fue la propia presidenta del tribunal Dra. Verónica Mulone, quien mencionó que no tenía ningún conocimiento sobre la existencia de tal comunicación. Vale decir que las reparticiones nacionales encargadas de notificar y remitir –ni bien recibida- al HJE la comunicación de su relatoría (en este caso la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación), habrían omitido hacerlo de modo deliberado”, puntualizaron.
Pedido al relator de la ONU
Tras ese panorama, concluyeron que “el Estado argentino, a través del Jurado de Enjuiciamiento y seguramente con la total connivencia de los Poderes Ejecutivos provincial y nacional son responsables de una decisión previa y deliberada de destituir arbitrariamente a la Fiscal Goyeneche que hace incurrir al Estado argentino en un grave incumplimiento que implica su responsabilidad internacional, tanto por no haberse respetado los estándares de Derechos Humanos aplicables (sobre los que nos hemos explayado en la carta de alegación), como por incumplir con su deber de atención y colaboración con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.Así las cosas, solicitaron que remita el descargo al Estado argentino y reiteraron el pedido de “estricta aplicación de los estándares referidos en su comunicación a efectos de que las instancias que correspondan dejen sin efecto la destitución que fuera ordenara y se proceda a la restitución en el cargo”; asimismo, pidieron al relator de la ONU “se expida públicamente y de modo urgente a través de los mecanismos pertinentes sobre las alegaciones realizadas, señalando al Estado argentino aquello que considere apropiado”.
