En el primer caso se resolvió hacer lugar a las 7 presentaciones que, básicamente, plantearon lo mismo: un mal desempeño del magistrado al haber otorgado una salida a Sebastián José Luis Wagner, quien fue condenado a prisión perpetua por el asesinato a Micaela García.
La votación, según supo Página Judicial, encontró sólo al vocal Daniel Carubia para pronunciarse en contra de que se avance con el Jury. Los demás integrantes votaron por la admisibilidad de las peticiones, una de ellas realizada por la actual ministra de Gobierno, Rosario Romero. Quienes impusieron su voto positivo fueron los vocales Bernardo Salduna y Susana Medina de Rizzo; el senador Lucas Larrarte (Frente para la Victoria); el diputado Daniel Koch (Frente Renovador); y por el Colegio de Abogados de Entre Ríos Jorge Campos y Roberto Behéran.
Caso insólito
En el caso Murawnik se desestimó la primera denuncia realizada por cinco vocales del STJ, quienes cuestionaron a la titular del Juzgado del Trabajo Número 2 de Paraná de haberse mostrado en su perfil de Facebook con una boleta de la alianza Cambiemos. Esto fue lo que motivó la reacción de Claudia Mizawak, Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone, Miguel Angel Giorgio y Medina de Rizzo. Expresarse políticamente por un partido siendo integrante del Poder Judicial es un delito penado por el artículo 15, inciso 6 de la ley 9.283. Es lo que se invocó en la denuncia.
El Jurado de Enjuiciamiento, en este caso, salvó a la doctora. No encontró motivos suficientes para avanzar con la petición que habían hecho los vocales. Quienes decidieron desechar la denuncia fueron los vocales Emilio Castrillón, Bernardo Salduna, el diputado Diego Lara (Frente para la Victoria) y Jorge Campos. En favor de la apertura estuvieron Carubia, el senador Angel Giano (Frente para la Victoria) y Roberto Behéran, según reconstruyó Página Judicial.
Se deberá resolver una segunda presentación, que hizo Fabián Larrea, delegado gremial del Sindicato Gráfico. El trabajador llevó al Jurado de Enjuiciamiento el episodio que los trabajadores de El Diario habían denunciado cuando declararon en la causa que la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos –editora del matutino– le había iniciado a raíz de una protesta por falta de pago de salarios y aguinaldo. Tras la audiencia, los trabajadores denunciaron que la magistrada los amenazó para que reconocieran a Larrea como autor de las pintadas en el edificio donde funciona la empresa periodística, en la céntrica esquina de Urquiza y Buenos Aires.
Uno y otro
Los dos casos que tuvieron definiciones en estas horas son bien diferentes. En la causa Rossi, durante el proceso que se abrió, se deberá resolver si el magistrado incurrió o no en una mala praxis judicial al haberle otorgado la libertad a Wagner, pese a informes negativos que tenía el presidiario. Resulta que esos informes psicológicos que se ventilaron al detalle en su momento, no son vinculantes. Es decir que el juez se puede apartar de los mismos. El problema, aquí, pareciera quizás sea para qué se hacen estos informes técnicos si luego quedan atados a una decisión personal de un magistrado. Lo cierto es que es un tema interesante para evaluar, lo que será complicado por la vidriera que tendrá el tema y porque en esta historia hay una muerte.
En Murawnik es diferente. La prueba que se ofreció para hacerle un Jury está a la vista. La jueza publicó en su perfil de Facebook una foto con la boleta de un partido político. Es una prueba documental. Está allí. Registrada. Y, por si faltara algo, la denuncia la hicieron integrantes del máximo cuerpo del Poder Judicial que, se descarta, conocen el artículo 15, inciso 6 de la ley 9.283.
