Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Tal vez cuando hablen los letrados a través de sus alegatos defensivos, varios de ellos con conocida trayectoria en el derecho y en la política, aparezca alguna explicación sensata para tantos “chanchullos” burocráticos, comerciales y financieros, y, en especial, para el PECULADO que la Fiscalía dice haber podido probar y documentar de manera fehaciente durante el Megajuicio.

Algunos de los hechos hasta parecen “milagros”, pero, obvio, no lo son. Vale aclararlo, no sea que terminemos metiendo a Dios en todos estos embrollos bien humanos.

El “peculado”, dicho en criollo y sin refinamientos, viene a querer decir que se acusa a los numerosos imputados de haberle robado a los entrerrianos, malversando y sustrayendo dineros que el Estado recauda a través de los impuestos.

Los hechos investigados conforman una lista interminable, algunos grotescos, que, de haber ocurrido, serían indicadores de la sensación de impunidad que inspiraba a sus autores. Por ejemplo, ¿cómo pudo una empresa que recién se dio de alta en AFIP en octubre, ser contratada para una publicidad que se emitió en julio de ese mismo año? De haber sucedido, es un desafío a las leyes del tiempo que sólo Hollywood se ha animado a plasmar en sus ficciones…

Quizá puedan, los señores defensores, por dar un segundo ejemplo, explicar de qué manera supo este mismo empresario el CUIT que debía insertar en un casillero obligatorio del formulario de preinscripción en el Registro de Medios, allá por junio, siendo que recién tuvo ese número varios meses después, cuando finalmente, para cobrar, se inscribió como empresa. ¿Volvió del futuro?

Va un tercer ejemplo. Según fiscalía, Juan Pablo Aguilera, el cuñado del exgobernador, dijo haberle prestado, en efectivo, 4.800.000 pesos al empresario que construyó el parador en Mar del Plata. De ser así, si en efecto tal préstamo existió, necesitó viajar con unos 50 kilos en billetes de 100, porque en aquel tiempo aún no había de 500 ni de 1000. “Aguilera fue en avión a Mar del Plata. Me imagino cómo hizo para pasar por el Aeropuerto con 50 kilos en billetes. No existió tal préstamo de dinero obviamente. Es retorno de dinero”, se escuchó decir al fiscal. ¿Podrían contrarrestar tal cosa los acusados y sus letrados?

Hasta ahora la defensa no ha aportado ni un solo papel sobre ese supuesto préstamo. Esa suma equivalía por entonces a 560 mil dólares. Generosa cantidad para entregarla a un “amigo”, así nomás, sin papeles, nada… Ello sin detenerse a ver en esa falta de papeles un grave incumplimiento de la legislación sobre lavado de activos… ¿Será mucho pedir que aparezcan explicaciones sobre cosas así, de las muchas que se ventilaron en el Megajuicio?

Más urgente aún resultaría que puedan explicar cómo habría hecho el Partido Justicialista para aportar esos fondos del supuesto préstamo de Aguilera al empresario Geraro Caruso, si los “extractos” del Banco Nación revelan que por entonces el PJ no tenía dinero. Además, todo movimiento de recursos del partido debió estar bancarizado, porque así lo exige la ley. Hasta el propio apoderado de esa fuerza política dijo no tener conocimiento de que el PJ hubiera aportado dinero al parador, ni al empresario Caruso, ni a su firma “El Juego en que Andamos”.

Uno lee con atención y con respeto los dichos de los acusados y sus defensores, lógicamente molestos al enterarse de las penas solicitadas por Fiscalía. Por caso, cuando exhiben como argumento central en su defensa que todas las acusaciones formarían parte de una trama urdida por la gestión de Mauricio Macri. Citan, a manera de “prueba”, un diálogo del camporista Juan Manuel Huss con la dirigente de Juntos por el Cambio Yanina Gayol, allá por el año 2015.

Pero, está claro que tales reacciones -más o menos creíbles según la credibilidad que merezcan a cada quien los protagonistas-, por más efectismo político que consigan, no alcanzan cuando de cuestiones jurídicas se trata. De allí que es de suponer que los letrados que esta semana expresarán sus alegatos de defensa sabrán refutar hecho por hecho, imputación por imputación.

No alcanza una teoría conspirativa para justificar, por ejemplo, que hayan aparecido correos electrónicos donde una empleada de las empresas atribuidas a Juan Pablo Aguilera le da indicaciones a otras firmas para que facturen supuestos servicios prestados (incluidos los montos precisos) al empresario que construyó el parador de Mardel, a Caruso. ¿Raro, no? Esta maniobra –entiende Fiscalía- no sería otra cosa que una facturación simulada para concretar el “retorno”, o la “coima”… Porque en la lógica, se supone que cada empresa sabe qué servicios prestó, a quién se los prestó y por qué montos, y en base a eso factura, sin necesidad de que terceros le den instrucciones…

En fin, sería bueno también que contaran cómo fue posible que en el expediente de la licitación del parador aparezca un gráfico (un “render”, hablando con el vocabulario de ese ámbito), en el cual en ninguna parte se ve la imagen de Sergio Urribarri, siendo que fue finalmente lo más visible de los inflables playeros. “Lo delictual de las gigantografías –dijo el fiscal- es haber cambiado la imagen original, que no incluía el rostro de Urribarri en el expediente formal, agregándola clandestinamente”.

Tantos años de investigación penal preparatoria, tanto desfile de testigos, tantas causas acumuladas, tantas horas de alegatos de la acusación, tanta documentación y pericias de toda clase, desde mails, pasando por facturaciones, extractos bancarios y un interminable etcétera, deberían ser refutados con algo más que una presunta conspiración macrista.

¿Qué hacían, por caso, Franco Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Gerardo Caruso viajando juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para la construcción del Parador, y encima con los pasajes abonados por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas”, como recordó Fiscalía?

En la documentación que mostró el MPF en el Megajuicio aparece una factura de una ferretería a la empresa que construyó el parador de Mar del Plata, por más de 400 mil pesos. Cuando al ferretero lo llamaron a declarar, dijo que la única vez que había tenido una relación comercial con esa firma fue cuando le vendió, por ¡¡¡120 pesos!!!, una “zapatilla” con múltiples enchufes y otras cositas…

En fin, llega la hora de los defensores que, de movida, repetirán argumentos “políticos”, pero que, en su fuero íntimo, saben muy bien que no servirán demasiado, si no consiguen voltear las pruebas presentadas contra sus defendidos.

Para el caso de que no puedan negar la existencia de la montaña de irregularidades de toda índole ventiladas durante el debate oral y público, seguramente se esforzarán por demostrar que no son atribuibles al exgobernador ni a los ministros. Claro que, si lograran convencer al tribunal de tal cosa, los entrerrianos veríamos atónitos que tantos delitos pornográficamente exhibidos, tanta pudrición multiplicada, no tendría autores ni ejecutores responsables, como si hubieran acontecido por arte de magia…

Por último, ya que la política se muestra proclive a hacer reformas legales vinculadas al funcionamiento de la Justicia, ¿qué tal si actualizan las ridículas multas de 90.000 y 180.000 pesos en el Código Penal nacional? Es una tomada de pelo que a acusados por el robo de millones se les imponga el pago de una cifra que es apenas un vuelto para ellos.
Fuente: El Entre Ríos

Enviá tu comentario