“Desde la dirigencia estamos en contacto con las autoridades tratando de hacerles entender que este decreto se necesita con urgencia”, dijo Raúl Boc Ho, titular de la Federación de Asociación Rurales de Entre Ríos (Farer).
Según ha dicho el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el decreto está listo y sólo falta la firma del mandatario provincial. Esta vez se trataría de un decreto de reglamentación de la Ley de Plaguicidas N° 6.599, dictada en 1980. Esa ley, en su artículo 8° fija: “Toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros”.
Rodríguez Signes sostuvo que no se repetirá el esquema del decreto N° 4.407, dictado en diciembre de 2018 y declarado parcialmente inconstitucional por la Justicia, que fijó un límite de 100 metros para las pulverizaciones terrestres y de 500 metros para las pulverizaciones aéreas. Pero tampoco se seguirá el criterio judicial de las distancias de 1.000 y 3.000 metros.
Ese decreto fue consecuencia del fallo que dictó, el 1° de octubre del año último el juez Oscar Benedetto al resolver un amparo presentado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista. Benedetto dictó un fallo que prohibió “la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres 3.000 metros”.
Ahora, el nuevo decreto, según precisó el Fiscal de Estado, establece un área de amortiguamiento donde las aplicaciones estarán limitadas a ciertos productos. Además, exigirá al productor plantar cortinas forestales alrededor de las escuelas.
En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, Raúl Boc Ho, presidente de la Federación de Asociación Rurales de Entre Ríos (Farer), señaló que en el campo están expectantes de que el gobernador firme el nuevo decreto. Asimismo, refirió que los productores afectados tienen la producción paralizada y que pese a ello, deben continuar pagando el impuesto inmobiliario rural.
“Acá está faltando sentido común. Nosotros estamos a la espera. El Fiscal de Estado le envió el decreto al ministro de Economía y él se lo pasó al gobernador para que lo evalúe y firme. Los tiempos que se toma el gobierno en decidir estas cosas son muy largos. Con el decreto N° 4.407 estuvimos en unos dimes y diretes, y pasaron montones de días. En esos días los productores perdieron oportunidades de hace producir esos terrenos que están afectados por esas medidas judiciales”, sostuvo.
Preguntado si verdaderamente la producción se paralizó en los campos afectados por el fallo judicial –lindantes a las escuelas rurales-, el dirigente rural comentó: “Si alguien trabaja lo está haciendo trasgrediendo los fallos judiciales. Los productores a los cuales nosotros representamos, a los que hacen bien las cosas, no están pudiendo hacer ningún trabajo. Esos lotes están llenos de maleza y no se han podido sembrar”.
En ese marco, puso como ejemplo que la época de siembra de trigo está llegando a su fin, y muchos productores no pudieron sembrar a raíz de la resolución judicial. “Si alguno tuvo intenciones de sembrar trigos en los campos afectados por esta medida tiene que esperar a la próxima campaña, unos tres o cuatro meses para hacer una cosecha gruesa. Mientras tanto hay que seguir viviendo y pagando impuestos”.
Boc Ho señaló que la gran mayoría de los perjudicados por el fallo judicial son pequeños productores que “en muchos casos toda su superficie está afectada por esta medida y están en una situación complicadísima y de angustia financiera”.
“Hay productores que han tenido que dejar de ordeñar vacas porque no tenían comida para darle, y no tenían pastos ni para hacer reservas. Eso produce una impaciencia en la gente que es lógica. Desde la dirigencia estamos en contacto con las autoridades tratando de hacerles entender que este decreto se necesita con urgencia”, resaltó.
Más adelante, el titular de Farer se mostró de acuerdo con uno de los puntos del nuevo decreto, y que anticipó el Fiscal de Estado: el establecimiento de una zona de “amortiguamiento”, en el que se puedan aplicar ciertos productos según el nivel de toxicidad con el que están registrados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
“Me parece bien. Eso está tomado del proyecto de ley de fitosanitarios que aprobó senadores en 2018 y después diputados no lo aprobó. Consideraba esa zona de amortiguamiento y un tratamiento distinto para cada producto según el grado de toxicidad. Nosotros lo consideramos una opción interesante ya en el proyecto de ley, por lo tanto nos parece bien eso”, planteó.
Por último, aseguró que los productores que no pueden fumigar en los terrenos alcanzados por los fallos judiciales continúan pagando impuestos, y que no se les otorgó ningún beneficio impositivo por esta situación.
“En octubre del año pasado, Farer le mandó una nota al ministro de Economía (Hugo) Ballay pidiéndoles que no se cobrara el impuesto inmobiliario a los inmuebles rurales afectados por esta medida, hasta tanto se resolviera el tema. No nos contestó”, indicó.
Finalmente, manifestó que espera que el decreto nuevo genere consenso entre todas las partes intervinientes en el conflicto. “Espero que esto traiga un paño de sentido común y poder volver a la normalidad”, completó.
