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Hugo Ballay dio precisiones sobre los alcances del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura entrerriana. De aprobarse el texto propuesto, aseguró que “su aplicación representaría un alivio para la provincia” y que el espíritu de la norma “es progresivo y solidario”, en medio de fuertes críticas de gremios estatales y la oposición. "El gobernador ha sido muy exigente en cuanto al equipo de trabajo que se ocupó de este proyecto de ley, que justamente no afectará a aquellos que menos ganan, no perjudicará a los que hoy la están pasando mal. También hay un punto que no podemos dejar de comparar, que es cómo está pasando el sector privado", argumentó.

Más adelante, el funcionario provincial sostuvo que "el momento es el oportuno" e indicó que "otro dato que es importante, y basándonos en algunas experiencias anteriores, la última emergencia que modificó la cuestión tributaria aquel adicional al impuesto inmobiliario y al impuesto automotor en 2013, no fue coparticipado a los municipios”. En este caso, “los recursos que se generen serán coparticipados a los municipios. Esto también tiene una lógica y una decisión del gobernador. Los municipios también están soportando los gastos extraordinarios producto del momento que estamos viviendo por el sector salud”, acotó. A modo de ejemplo, detalló: “En este primer semestre, para el Ministerio de Salud y los hospitales, por fuera de sueldos y adicionales, se habrán transferido al 30 de junio aproximadamente 2.000 millones de pesos. El doble de lo que estaba presupuestado sin pandemia”. Es decir, “de lo que habitualmente son las partidas de subsidios a las personas de menores recursos, de las transferencias a hospitales y demás, en lugar de 1.000 millones como hubiese sido lo previsto en el presupuesto, se le enviará 2.000 millones de pesos”.
Erogaciones
Mientras que por las erogaciones, expuso que son dos artículos: el primero, en referencia al personal activo del Poder Ejecutivo, "incluye a funcionarios y entes descentralizados, legisladores y la Justicia, a través del cual se incrementa el aporte personal a la Caja de Jubilaciones a todos aquellos cuyo sueldo supere los 75.000 pesos".

Es decir, “al 85 por ciento de los empleados de la administración de la provincia no se les va a descontar un solo peso de sus salarios, porque continúan aportando el 16 por ciento a la Caja. Mientras el 15 por ciento restante, va al 18 en aquellos que ganan de 75 a 100, en el 20 a los de 100 a 200 y lo de más de 200 en el 22, o sea en cuatro y seis por ciento más de lo que aportan habitualmente”, detalló el ministro de Economía.

Ballay explicó con el ejemplo de “un sueldo de 100.000 pesos que le correspondería un aporte adicional del 2 por ciento, 2.000 pesos pero a su vez ese aporte mayor a la Caja de Jubilaciones disminuye la retención del impuesto a las ganancias. O sea que la incidencia es 1,620 pesos, lo que estamos hablando del 1,62 por ciento de su retribución”. En el caso de un sueldo de 300.000 o más “que ahí sí se aplican los seis puntos, o sea le retenemos de más en favor de la Caja de Jubilaciones 18.000 pesos pero le descontamos, le retenemos 6.300 pesos menos de impuestos a las ganancias. O sea, solamente le retenemos 11.700 pesos que sobre un sueldo de 300.000 implica el 3,9 por ciento no ya el 6 que van a aportar a la Caja, sino en su sueldo de bolsillo va a representar el 3,9 por ciento”.

Mientras que para los pasivos, el funcionario provincial señaló que "es similar, pero como los pasivos no tienen aporte se hace un fondo, entonces hasta 75.000 el 84 por ciento de nuestros jubilados no se les toca sus salarios y después arrancamos con un 4 por ciento de aporte de 75 a 100 en un seis por ciento de 100 a 200, en un ocho por ciento de 200 a 300 y un 10 por ciento a aquellas jubilaciones mayores a 300.000 pesos”, agregando “como dato aleativo hay 343 jubilados provinciales que ganan más de 300.000 pesos mensuales. A esos se les pide el 10 por ciento”.
Recursos
El ministro de Economía indicó que el proyecto fue dividido en dos partes, y que una de ellas es la de mayores recursos, “donde modificamos la base imponible del sistema financiero, que es una de las actividades que no ha disminuido sus ganancias en los últimos años, independientemente de la pandemia”.

El otro rubro de Ingreso Bruto, es la alícuota a la venta mayorista de medicamentos, donde la gran mayoría son droguerías. “Acá hay una situación particular” dijo, y explicó que "el Consenso Fiscal fija un tope del 5 por ciento para este sector y en Entre Ríos tenemos actualmente vigente un 1,6 por ciento, Santa Fe lo tiene al 4,5 y Córdoba tiene un esquema que va del 3,5 al 5 por ciento, de acuerdo al nivel de facturación”.

Entonces, “este proyecto de ley eleva este rubro al 4 por ciento. Por debajo de lo que el consenso establece y promedio la región centro, que es lo que habitualmente tomamos y también toman los demás como referencia”, señaló Ballay.
Fuente: Gobierno de Entre Ríos / FM Litoral

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