El exfuncionario, que hoy cumple prisión preventiva domiciliaria, llegó pasadas las 9,30 al edificio del Ministerio Público Fiscal escoltado y esposado por la Policía de la provincia. En el edificio lo esperaba su abogado, Emilio Fouces.
Como era de esperarse, Cardoso hizo uso de su derecho a abstenerse a responder preguntas de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que están al frente de la investigación.
A la salida de su presentación, el exfuncionario también se negó a responder ante la consulta en relación a si recibió órdenes del presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri, para elaborar contratos apócrifos.
La pregunta es una de las dudas que sobrevuelan en el caso, puesto que el pasado 6 de marzo el Ministerio Público Fiscal precisó los hechos atribuidos a la organización y en esa reformulación aparece por primera vez el nombre del exgobernador . Y junto a Urribarri, aparecen los nombres de los diputados oficialistas Daniel Ruberto, Juan Carlos Darrichón y Juan Reynaldo Navarro.
Todos ellos, según el escrito de los acusadores, salpicados tras una primera declaración de Cardoso. Fouces, su abogado, negó en declaraciones periodísticas que su defendido haya mencionado al titular del cuerpo legislativo.
En el nuevo escrito imputativo, los fiscales señalan que Cardoso “además de intervenir en la gestión de contratos falsos para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación, actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.
Este lunes y martes también se abstuvieron de declarar los demás acusados: Gustavo Pérez (exDirector del Servicio Administrativo Contable del Senado); el contador Roberto Faure; el cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ, Juan Pablo Aguilera; y su cuñado y empleado de la Dirección del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Alejandro Almada.
De todos ellos, sólo Aguilera y Almada continúan recluidos en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Los demás consiguieron la prisión preventiva domiciliaria. En cambio, el 9 de este mes la Cámara de Casación Penal de Paraná, con voto dividido, rechazó la pretensión de los dos primeros de ser excarcelados.
Este viernes, a las 8, la Fiscalía solicitará a la jueza de Garantías Marina Barbagelata una prórroga de la prisión preventiva en la Unidad Penal para los dos acusados a quienes se sindica de ser parte de la cúpula de la organización.
Según la tesis acusatoria, la organización se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política.
