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En la misma sesión en la que ingresó el pliego de Miguel Ángel Giorgio para ocupar una vocalía en la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), los senadores presentaron un pedido de informes para tener una acabado funcionamiento de la utilización de los viáticos en el seno del cuerpo. En su artículo primero de la presentación los legisladores quieren saber "cómo está reglamentado el sistema de viáticos y gastos de traslados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos" y, a renglón seguido, solicitan un "detalle del procedimiento de otorgamiento, justificación y rendición del gasto, como así también de montos asignados".

En el artículo siguiente la inquietud es sobre los "gastos protocolares y de representación" u "otro concepto por viaje" que se haya liquidado a cada uno de los vocales y por "actividades dentro y fuera de la jurisdicción" en los últimos 10 años.

Los senadores quieren saber si los magistrados que ocupan el alto cuerpo han omitido información o, en rigor, alguna rendición.

La presentación recorre cada uno de los puntos que denunció Chiara Díaz en su defensa ante los diputados durante el juicio político que, si bien el proceso no se cerró porque el vocal solicitó su jubilación, lo denunciado en aquella audiencia de diciembre inspiró esta investigación que se inicia con el pedido de informes. El ahora ex vocal apuntó oportunamente contra Mizawak, a quien calificó como "la reina de los viajes" y la acusó de haber firmado sentencias fuera del país, cuestión que la presidenta del cuerpo desmintió categóricamente.

Los senadores de Cambiemos Raymundo Kisser, Roque Ferrari y Nicolás Mattiauda solicitan que toda la información sea retroactiva a 10 años.

En un segundo pedido de informes, Mattiauda quiere saber cuál es el origen de los fondos presupuestarios que recibe el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Doctor Juan Bautista Alberdi, las actividades que esta entidad realiza y si, en esos fondos destinados hay gastos de representación.

Polémicas


Cuando se desarrollaba el juicio político a Chiara Díaz, la comisión investigadora presidida por el diputado del Frente para la Victoria, Diego Lara, hizo lugar a un planteo de la oposición y solicitó al STJ información sobre licencias, ausencias y viáticos asignados a todos los miembros del alto cuerpo en el período 2010-2016.

El detalle fue el siguiente:

Germán Carlomagno: 219

Daniel Carubia: 166

Emilio Castrillón: 345

Carlos Chiara Díaz: 760

Susana Medina de Rizzo: 558

Leonor Pañeda: 238

Bernardo Salduna: 118

Juan Ramón Smaldone: 174

Un dato llamativo que surgió en ese momento fue que en el informe remitido por el vicepresidente del STJ, Bernardo Salduna, a la comisión, no apareció los datos de la presidenta Claudia Mizawak.

Una de las explicaciones que se dieron hacía referencia a que la propia Mizawak se había presentado voluntariamente ante la comisión cuatro días después de las acusaciones de Chiara Díaz.

El otro dato no menos llamativo del informe remitido por Salduna a la comisión investigadora fue que la planilla contenía información respecto a licencias y ausencias. Pero Salduna tomó la decisión de no enviar la información respecto de los viáticos por la imposibilidad de obtener en los plazos que le dio la comisión legislativa los datos sobre "el objeto y motivo" del viático y para no emitir un informe incompleto o con errores.

La decisión de Salduna habría generado fuertes discusiones y un malestar entre varios vocales, por lo que consideraron un perjuicio para Chiara Díaz.
Fuente: Página Polítca

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