"Porque somos radicales, honorables, honestos y austeros"
A excepción de la diputada provincial Ayelén Acosta (PRO- Paraná), el pleno de la Cámara de Diputados de Entre Ríos rechazó el pedido de la Justicia provincial, de entregar la documentación referida a las contrataciones realizadas por la Cámara en los últimos diez años, especialmente la referida a contrataciones de personal.Desde hace ya unos largos años, es un secreto a voces, que los contratos de servicios de las cámaras legislativas, son una caja de donde se “financia” la actividad política, se premia a las “amistades”, llegando inclusive a constituir un fondo simple y directo de corrupción y enriquecimiento ilícito.
En un acto de ponderable probidad profesional y moral, e independencia de poderes, el Ministerio Público Fiscal, desbarató lo que a simple vista constituye una operatoria lisa y llana de apropiación (robar) de dineros públicos, mediante contrataciones ficticias de personal, el que prestaría servicios en la Cámara de Senadores provincial.
Muy criteriosamente, los fiscales de la causa del Senado provincial, decidieron ampliar sus investigaciones a la Cámara de Diputados y, en función de ello, es que solicitaron toda la documentación referida a contrataciones, desde hace diez años a esta parte.
Lo que antaño contaría con la aprobación y el impulso de legisladores que representen a la Unión Cívica Radical, hoy la situación difiere diametralmente.
Como se detallara al principio, solamente la diputada Ayelén Acosta, representante del PRO de Paraná, voto por la afirmativa a entregar la documentación requerida por la justicia. El resto de sus pares, peronistas, “radicales”, Renovadores, y libres pensadores, todos al unísono votaron rechazando el pedido, en una actitud corporativa, y cuyos argumentos son dignos de analizar.
Es pasible de ahondar, las causas, razones o motivaciones que pueden tener las fuerzas de la oposición legislativa provincial, para obstaculizar esta investigación o al menos no brindar los medios materiales para facilitarla.
Los argumentos esgrimidos, más allá de ser escasos, son rayanos a lo grotesco, o porque no decirlo, son simples excusas formales y caprichosas, que buscan darle una cuota de “legitimidad” a algo indefendible.
Como entrerrianos y como radicales, tenemos la obligación y el deber de solicitar a nuestros legisladores explicaciones, fundamentos y precisiones respecto de este accionar que poco colabora con la ética que históricamente proclamados, la transparencia en el accionar público y en el manejo de las finanzas del estado. Nuestro partido, y nuestros dirigentes, a lo largo de la historia de nuestra provincia, tuvieron aciertos, y también han cometido errores en la función de gobierno, pero de lo que si podíamos estar orgullosos, es de la honestidad y honorabilidad de estos hombres y mujeres.
Es de destacar además, que estas situaciones, no se circunscriben a esta investigación puntualmente, sino que son el corolario de una serie de acciones que hacen dudar respecto de las motivaciones de nuestros representantes.
Un año atrás, unánimemente, el pleno de la Cámara brindo su consentimiento para que el diputado Urribarri pudiera continuar presidiendo la misma, justamente, cuando el mencionado contaba con un sinnúmero de procesamientos judiciales, por causas inherentes a sus gestiones como gobernador. También se suma a esta preocupación, las denuncias públicas y las causas judiciales que se tramitan por situaciones ligadas a la contratación de personal, que días pasados recayeran sobre la persona del diputado Troncoso, quien ingresara a la Cámara en representación de la UCR, y que restan dilucidar.
A fin de preservar el buen nombre y el honor de los hombres y mujeres probos de nuestro partido que ostentan representación legislativa, con el fin de transparentar la utilización y optimización de los recursos públicos, como una manera de demostrar que “no somos lo mismo”, como garantes del sistema republicano y democrático, como una herramienta para enaltecer el sistema representativo, sería propicio subsanar la negativa y brindar a la justicia los medios y los canales que permitan arribar a una conclusión investigativa que “separe la paja del trigo”.
En función de los argumentos arriba esgrimidos, solicitamos:
1-Que cada uno de los representantes legislativos de la UCR, tanto Diputados como Senadores, de manera espontánea, se presenten ante la justicia para informar los requerimientos de contrataciones de personal que realizaron, como así también las funciones y remuneraciones correspondientes.
2-De igual modo, se informe las contrataciones afectadas a las distintas dependencias de las cámaras, como los bloques legislativos propios, todos en representación de nuestro partido.
3-Mas allá de las acciones judiciales que pudieran corresponder, es pertinente que el Tribunal de Disciplina y el Comité Provincial de la UCR, analicen la posibilidad de sanciones de carácter partidario.
Firmas: Gonzalo Gaggino (Uruguay), Guillermo Vázquez (Uruguay), Oscar Treppo (Uruguay), Pablo Mugherli (Uruguay), Alejandro Cohen Bustos (Uruguay), Alfredo Maffioly (Colón), José Luis Zufiaurre (Paraná Campaña), Darío Basso (Paraná Campaña), Esmeralda Zufiaurre (Paraná Campaña), Fabricio Guiffrey (Uruguay), Carlos Barbieri (Uruguay), Gabriela Díaz (Uruguay), Alberto Segovia (Uruguay) y Alejandra Barboza (Colón).
