Para evitar que esos enunciados se conviertan en una letanía, el Poder Ejecutivo emitió nueve directivas. Un par de ellas las firmó el propio Bordet; las restantes fueron suscriptas por el titular de la Secretaría General de la Gobernación, Edgardo Kueider
El 14 de enero pasado el gobernador ordenó a ministros, secretarios y autoridades de entes descentralizados, autárquicos y empresas del Estado que le indicaran la cantidad de vehículos con que cuentan en cada dependencia. Los informes debían contar, como mínimo, con datos sobre "la cantidad, descripción, ubicación y situación legal de los vehículos oficiales que hubieran adquirido o tengan afectados en uso (comodato), custodia, administración o bajo cualquier otra figura". La Directiva Nº 2 asignó un plazo de seis días para la respuesta y fue así que de inmediato se acumularon papeles. Algunos funcionarios contestaron con una simple nota y otros plasmaron su respuesta con las formalidades de un expediente.
Toda la documentación fue centralizada por la Secretaría General, que para preservar los informes recurrió a una caja de plástico. Además de la enumeración de marcas, modelos y patentes de rodados de toda clase –autos, camiones, camionetas, utilitarios y motos-, también se brindó información sobre "una lancha de placer".
Así lo reconoció la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, que además incluyó un folleto de la empresa que proveyó la embarcación, destinada a relevamientos en zonas de islas. Según constató este portal, que pudo consultar la documentación en el primer piso de Casa de Gobierno, la carátula del expediente incluyó un papel adhesivo con la leyenda "Atención, lancha de placer" y la mención del folio en el que podía encontrarse esa información.
La otra directiva suscripta por Bordet, la Nº 1, mereció una respuesta poco significativa y debió ser impartida nuevamente. Tal como adelantó Elentreríos en julio pasado, apenas el 14 por ciento de los organismos oficiales informó sobre las propiedades que utiliza. A ministros, secretarios y responsables de organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado se les pidió que indicaran "el lugar donde funciona el organismo (a su cargo) y sus respectivas dependencias, y en el caso de que se hubiese celebrado un contrato de locación de inmuebles, se individualice el domicilio, el monto que se abona por dicho alquiler y se encuentra vencido o vigente". Siguiendo indicaciones del gobernador la primera directiva suscripta por Kueider se conoció el 8 de enero y estuvo relacionada con la contratación de personal y la adquisición de bienes y servicios. El secretario general de la Gobernación advirtió, mediante la Directiva Nº 2, que "se encuentra terminantemente prohibido admitir el desempeño o prestación de servicios de personal (?) sin contar con designación o contrato celebrado por autoridad competente y previa observancia de los procedimientos de contratación pertinentes".
Por si fuera poco, el coordinador del gabinete provincial advirtió: "En consecuencia no se dará curso ni se admitirá ningún trámite ulterior de reconocimiento de servicios y/o gastos, bajo apercibimiento de hacer responsable al funcionario que lo permita, quien deberá responder con su patrimonio en caso que la provincia sea condenada judicialmente a abonar sumas por servicios prestados o bienes recibidos sin la pertinente contratación previa concertada en debida forma". La atención del gobierno también se centró en las suplencias y por eso impartió dos directivas: la Nº 3 y la Nº 4. Firmadas por Kueider y emitidas el 15 de abril pasado, tuvieron como destinatarios al presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, y al ministro de Salud, Ariel De la Rosa, respectivamente. A ambos funcionarios se les pidió un informe mensual y por escrito. En el caso del CGE un detalle del "movimiento de suplencias del personal docente y no docente que se realicen en todos los establecimientos bajo su órbita"; al titular de la cartera sanitaria se le requirió "el movimiento de suplencias extraordinarias que se realicen en todas las dependencias bajo su órbita".
En tanto, el 26 de mayo Kueider suscribió la Directiva Nº 5, dirigida al presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Alejandro Casañas. Lo hizo con la intención de conocer "la totalidad de los contratos de personal que se encontraban vigentes al inicio de la presente gestión de gobierno y la totalidad de los que se encentran vigentes al 30 de mayo del corriente". Según consta en la minuta, "la información deberá contener la descripción de las funciones que desempeña el personal, monto y plazo de duración del contrato, indicando en cada caso, nombre, apellido, DNI, legajo de la persona contratada y antecedentes que la misma posea en la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal".
A través de su Directiva Nº 6, dirigida a ministros y máximas autoridades de organismos descentralizados y empresas del Estado, Kueider solicitó conocer, por escrito, "la totalidad de los funcionarios fuera de escalafón y pertenecientes al agrupamiento conducción de la Ley 9.755 y análogos que se hallen designados en la órbita del ministerio u organismo a su cargo". Esa instrucción fue impartida el 26 de mayo pasado y tres meses después la Secretaría General de la Gobernación emitió la Directiva Nº 7, dirigida a los directores de Despacho y de Administración de todos los ministerios. Compuesta por dos anexos, sirvió para difundir los ajustes en los contratos de locación de obra por trabajos complementarios. Además de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I del decreto 2.115/16 GOB, cada Dirección de Administración fue obligada a "adjuntar una planilla en la cual se desagreguen los siguientes datos: nombre de la persona contratada, norma que aprobó el contrato, plazo de duración del mismo, fecha a partir de la cual se comenzó la obra, precio original y precio total a abonar en concepto de trabajos complementarios".
De las diferentes directivas se infiere que el interés del gobierno provincial está centrado en optimizar el uso de los fondos públicos, aunque todavía no brindó números que puedan corroborarlo. Habrá que esperar entonces hasta la presentación de la cuenta del ejercicio 2016.
