En esta nueva audiencia, el Tribunal -conformado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- seguirá escuchando al testigo Gustavo Pereyra, empleado del Partido Justicialista (PJ) en el área administrativa, y quien desde ese lugar trabó relación con las empresas de publicidad que la Fiscalía vincula con Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
Pero además del testimonio de Pereyra, que seguirá respondiendo algunas preguntas de los abogados defensores, se espera el testimonio de Luis Fernández, Julio Alberto Rodríguez, Carlos Alberto Ramírez y María Florencia Della Ghelfa. Si estos testimonios no se extienden, el abogado Miguel Ángel Cullen señaló que podría declarar la contadora de las firmas Tep y Next SRL, Corina Cargnel, a quien la Fiscalía la acusa de ser «responsable de obtener los reintegros de lo que cobraban las empresas cartelizadas».
El martes deberán asistir como testigos el exlegislador de San Salvador, Hugo Oscar Berthet, Maricel Brusco (titular de la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos) y Natalia Gallo.
El empleado del PJ que armó una firma de publicidad
En el testimonio que brindó la semana pasada, Gustavo Pereyra -empleado adminsitrativo del PJ- contó de qué modo operaban las firmas Cinco Tipos, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL, todas que la Fiscalía adjudican a Aguilera, en la contratación de publicidad estática en vía pública otorgada por el Estado provincial. También reveló que supo operar en ese negocio entre 2014 y 2017 con la firma Publicitar.Asimismo, aseguró que las imprentas Tep y Next SRL no pertenecen a Aguilera y que las firmas que se ocupan de la publicidad en la vía pública normalmente trabajan de manera conjunta. También sostuvo que a la hora de certificar la colocación de la cartelería, se presentaba en el Ministerio de Comunicación y Cultura una «representación gráfica» que, según dijo, no era determinante para que se emitiera el pago.
También manifestó que un responsable del ministerio se encargaba de certificar «in situ» (en el lugar) que la cartelería había sido instalada. El encargado de ello era Gustavo Tamay, hoy imputado en la causa de las imprentas y también conocida como «De la vaca». El nombre de dicho expediente se debe a que, según la Fiscalía, algunas firmas certificaron publicidad callejera con fotomontajes en los que se veían siempre la misma vaca.
Acusación en la causa de las imprentas
En el alegato de apertura, el 27 de septiembre último, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y con qué dinámica actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.En esas maniobras de cartelización, aseguró que se sustrajo del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
En la investigación penal preparatoria, dijo la Fiscalía, quedó comprobado que Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos mediante la contratación de publicidad que se direccionaba hacia Aguilera, Bustamante y Montañana. Esta maniobra se realizó por medio de una organización cuyo fin era beneficiar a Aguilera y a sus testaferros. Las empresas Tep SRL y Next SRL se atribuyen a Aguilera. Encontramos evidencia suficiente para sostener que son de Aguilera”.
Pero la participación de Bustamante y Montañana en esa distribución direccionada de la publicidad entre 2010 y 2015 se hizo mediante un acuerdo previo: el pago de retornos. “Montañana y Bustamente se comprometieron a retornar parte del dinero que ganaban al señor Aguilera. Para eso tuvo intervención directa Corina Cargnel, que es contadora de Aguilera. Cargnel era el nexto entre el Ministerio de Cultura y las distintas empresas”, aseveró el fiscal Gonzalo Badano en los alegatos de apertura.
El megajuicio
En el debate participan los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los defensores son Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces, Ignacio Díaz y José Velázquez.Los imputados son Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel; Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación; Juan Pablo Aguilera, empleado del Senado; Gustavo Tamay, empleado de Turismo; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada, Luciana Almada, pareja de Aguilera; Gustavo Tórtul, empleado del Gobierno de Entre Ríos; Germán Buffa, comerciante; Gerardo Caruso, empresario; Hugo Marsó, exministro de Turismo; y Corina Cargniel.
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: el N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
