Ahora, los trabajadores de la radio señalaron que “la situación se sigue agravando” y denunciaron que el Enacom intervino LT27 y repite el modus operandi de la gestión privada.
Desde que el Ente Nacional de Comunicaciones – perteneciente al Gobierno Nacional- intervino la emisora ha continuado con los mismos ataques que nos propinaba la dirección anterior. “A la fecha no hemos cobrado la totalidad del salario de enero, nos han abonado 10 mil pesos de miseria.
Estamos en medio de un tarifazo con aumento de precios en la energía eléctrica, las naftas y con ello la escalada de los precios de servicios, alimentos y productos como la de los útiles escolares a las puertas del inicio de las clases; todos somos padres y madres de familia, la situación es desesperante y el Estado ha decidido no destinar fondos al pago de nuestros salarios”, dice un comunicado conjunto del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (Salco), el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (Sutep) y la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac).
El cuadro de situación sucede luego de la intervención del Enacom.
El titular de la delegación Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Carlos Muga, fue designado por ese organismo como intervenator de LT27 Radio La Voz de Montiel, de Villaguay. Muga, victoriense, camarógrafo, ocupaba hasta ese nombramiento en el Enacom Entre Ríos el cargo de secretario de Turismo del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).
La resolución N° 19/22 del Enacom dispuso la designación de Muga “como Delegado Administrador del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora comprensiva de un servicio por modulación de amplitud identificado con la señal distintiva LT27, frecuencia 1580 KHz., Categoría VII y de un servicio por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRM769, frecuencia 88.7 MHz., Categoría E, en la localidad de Villaguay”.
La radio arrastraba conflictos gremiales con su personal y su titular, Adalberto Álvarez, ya había adelantado dos meses atrás su firme decisión de abandonar la licencia y retirarse. Incluso, en medio del conflicto con su personal llegó a cerrar por un día la emisora.
“Mi voluntad y mis esfuerzos no alcanzaron. Mas allá de lo expresado por las partes, insistir con la continuidad de la radio ha representado un perjuicio económico, anímico y de salud para los trabajadores y mi persona, como director y titular. Es hora de asumirlo y que el patrimonio total sea utilizado para resarcir lo adeudado. Por mi parte estoy abierto a toda propuesta”, dijo.
De ese modo tajante, el hasta ahora dueño de LT27 Radio La Voz del Montiel, de Villaguay, reiteró en octubre pasado el anuncio que había hecho a mitad de año: que la emisora resulta inviable económicamente y que el único camino posible es el cierre. Así se lo reveló al diario El Pueblo, aunque evitó abundar en más apreciaciones “hasta que quede clara la situación”.
“Hace 5 años vine a sumar voluntades para intentar salvarla del inminente final que se avizoraba, en términos muy dolorosos para los trabajadores y la comunidad de Villaguay, en un medio que representa tanta utilidad, historia y sentimientos”, había dicho Álvarez a finales de junio último cuando ya se avizoraba que el único camino posible para la radio era el cierre. Y dijo entonces que “a pesar de todo el esfuerzo personal en lo económico, horas de trabajo y dedicación”, no le fue posible “alcanzar los resultados ni encontrar el acompañamiento público ni privado para revertir su caída”.
La radio fue fundada por el cura José Lavini en 1971. A la muerte del sacerdote, quedó al frente de la emisora su secretaria parroquial, Alicia Fauts, y a su fallecimiento, lo hizo su esposo, Juan Carlos Andreoli, que fue quien se la vendió a Álvarez.
Pero tras la intervención de Enacom la situación no ha mejorado de forma sustancial, según adviertieron los gremios.
Según denunciaron, el Enacom “tampoco ha reincorporado al compañero operador que había sido cesanteado de sus funciones de manera arbitraria e ilegal por el ex director Adalberto Álvarez. Significando esto un aval a la política patronal anterior de desconocer nuestros derechos laborales. El Estado también le ha dado continuidad a la violación de los convenios colectivos de trabajo sin cumplir con la cobertura de turnos”.
Además, señalaron que el delegado interventor “no se hace presente y no da respuestas urgentes y concretas de frente a los trabajadores y sus representantes sindicales”. En ese marco, los trabajadores se declararon en estado de alerta, asamblea y movilización permanente.
