Una de las causas en trámite es la N° 31.253 caratulada "Aguilera Juan Pablo y otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público".
Por esta investigación, el ex funcionario ya declaró, pero los fiscales resolvieron llamarlo nuevamente por cuanto el hecho investigado se reformuló. Además, está imputado en la causa N° 61.211 caratulada "Urribarri Sergio Daniel y otros s/Peculado". Báez estuvo desde las 7.30 hasta las 9 ante los fiscales Patricia Yedro, Alejandro Cánepa y Gonzalo Badano.
Esa investigación, que salpica de lleno al cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, se abrió en septiembre de 2016, con una resolución de la fiscal Yedro que dejó en incómoda situación a Urribarri, Báez, Aguilera y también al responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay.
La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si "Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar".
Y agrega: "Así, en el lapso comprendido entre el 2010 y el 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (?), posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública."
Una pericia pedida al cuerpo de peritos del Superior Tribunal de Justicia reveló que las certificaciones de esa publicidad se hacían con fotografías trucadas, que eran incorporadas al expediente.
Báez y la soliticada
También va a ser indagado por una causa más reciente, en la que está imputado por el delito de peculado el ex gobernador Urribarri: se trata de la publicación de una solicitada en 2014, por la que el Estado desembolsó 4,3 millones de pesos. Es una de las tres causas en las que Urribarri quedó imputado por delitos de corrupción durante su gobierno, tras su indagatoria del martes 28 agosto en el edificio del Ministerio Público Fiscal.
Ese día, en realidad, Urribarri no declaró, aunque tampoco se amparó en los fueros de legislador: presentó sendos escritos en las tres causas en las que está imputado, y no aceptó preguntas de los fiscales Alejandro Cánepa, Santiago Brugo y Patricia Yedro. Fue acompañado por sus abogados, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy.
Ahora Báez tiene que declarar por una de esas tres causas en las que está imputado Urribarri: la de la solicitada. Y otra en la que está involucrado el cuñado del ex gobernador.
