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El pasado viernes entró en vigencia el nuevo Estatuto del Servicio Público Municipal, al ser promulgada por el Ejecutivo la Ordenanza 11/2023 sancionada el día anterior por el concejo deliberante, con el fin de actualizar el que había sido aprobado en 2012. Entrevistado por El Entre Ríos, el director de Legal y Técnica Daniel Kolankowsky, explicó: “Se trata de de una confección del Departamento Ejecutivo validada por ordenanza, lo que trasciende a las gestiones de turno”.

“Por ser un municipio y pertenecer a la rama pública del derecho, no se nos aplica la Ley de Contrato de Trabajo ni las normas del derecho privado. Por eso el estatuto viene a ser nuestro reglamento general. Cuestiones como el régimen disciplinario o de licencias, categorías de salarios o escalafón, concursos, ascensos, deben estar en este estatuto”, respondió al ser consultado sobre la importancia de este documento.

“Le agregamos la palabra ‘servicio’ porque consideramos que somos servidores públicos, incluyendo a los funcionarios, aunque el estatuto no se nos aplique”.

La necesidad de modificación surgió, según Kolankowsky, porque el anterior “estaba obsoleto. Había cuestiones que no se adecuaban a la realidad municipal actual; por ejemplo se hablaba de trabajo insalubre, cuando ahora se habla de trabajo riesgoso”.

“También dividía a los empleados únicamente entre Maestranzas y Administrativos. Ahora el escalafón consta de tres ramas: Administración, Obras y Servicios Públicos, y Especiales; cada una de ellas tiene una categoría independiente a las otras. Al ingresar lo hacen con la categoría más baja de la rama a la que pertenecen. Además, establecimos en cada área un presupuesto de cargo, para de esta forma saber el dinero que se necesita”.
Aquel artículo vetado en 2012
Por otra parte, la implementación de un nuevo estatuto tuvo como objetivo “el cese de la precariedad, regularizando la situación laboral de los empleados”, dice el funcionario.

Sobre este punto, explica: “Tenemos un staff municipal compuesto por un 30 por ciento de planta permanente y un 70 por ciento de contratados, sin estabilidad ni un régimen claro, porque se rige por los términos de un contrato”.

Recuerda que “el estatuto de 2012 salió con un artículo que impedía que la planta de contratados supere el 20 por ciento y el intendente de turno, Mariano Rebord, vetó ese artículo. Allí comenzó un sistema de precarización laboral alimentado por cuestiones políticas, que se sostuvo casi diez años; nosotros quisimos terminarlo”.

Como salida “establecimos un cronograma en el cual durante el plazo de tres años habrá seis instancias (una por semestre) en las que se van a realizar concursos de antecedentes para que ingresen a planta permanente agentes municipales”.

“Además, recuperamos aquella vieja norma, por lo que deberá haber al menos un 80 por ciento del staff en planta permanente. Dicho de otra manera, los interinos (como se llaman a partir del nuevo estatuto) no podrán superar el 20 por ciento”.

Ante la inquietud de si el dinero municipal es suficiente para afrontar el cambio, el Dr. Daniel Kolankowsky indica: “En el presupuesto aprobado por el HCD el año pasado, está previsto el pase a planta permanente en 2023 de –como máximo- 220 empleados. Esto es porque establecimos que en cada concurso de antecedentes puedan pasar hasta 100, pero el año pasado se habían presupuestado 20 que no se usaron porque estábamos trabajando en el actual estatuto, así que este año tendremos 120 en el primer ingreso y otros 100 en el segundo”.

Comenzando por los más antiguos, “una comisión ad hoc (compuesta por el DEM, los dos gremios municipales y ambos bloques del concejo deliberante) evaluará el legajo de cada empleado que va a ingresar a planta (idoneidad, calificaciones, antecedentes disciplinarios, si se capacitó, etc.). Si no cumple con las expectativas, se lo quita de la lista de ingresos y se lo reemplazará por quien le sigue en antigüedad. Pueden llegar a ser 100 –en este caso 120-o menos.

Consultado sobre si los fondos municipales serán suficientes, asegura: “Va a alcanzar. Están hechos los cálculos y la proyección. Al estar presupuestado, está contemplado que pueda ser cubierto sin resentir las arcas”.

“Para llevar garantías a la población de que esto es un proceso de organización y no un aprovechamiento político, en el capítulo de disposiciones transitorias, establecimos que se ‘congela’ la planta de agentes municipales.

“Hoy son 920, sin contar el DEM, concejales, funcionarios y los profesionales que facturan, ya que a ninguno de ellos se les aplica el estatuto. Si se dan de baja, por ejemplo 5, puede ingresar la misma cantidad; de lo contrario, no puede ingresar nadie más. Hasta 2026 la planta de empleados municipales no va a crecer”, explica.
En busca de “una mejor calidad en los servicios”
El responsable del área de Legal y Técnica, destaca cuál es para el Ejecutivo el principal objetivo de esta reforma.

“Buscamos una mejora de la calidad de los servicios municipales que le brindamos a la comunidad. Es decir, que mejore la atención al público, las obras en la vía pública, el sistema de agua, recolección de residuos, barrido, iluminación, que haya respuestas más prontas, un mejor trato al vecino”.

“Esto no va a ser automático y no digo que fuese solo por el estatuto, pero si tenemos al 70 por ciento de los empleados amenazados de que quizá mañana se quedan sin trabajo –y vienen de muchos años de amenaza política por esa razón- lógicamente no vamos a obtener lo mejor de ellos, sino que ni bien puedan piden una licencia injustificada o llegan tarde”, agrega.

“Entendimos que la gratitud es el primer motor y el reconocimiento es el segundo. Entonces quisimos darles a los trabajadores lo que merecen por ley, que es estabilidad reconociéndoles sus derechos. Junto a eso, vamos a exigirles que presten sus tareas acorde a las expectativas de la comunidad”.

En ese sentido, señala: “Tenemos un régimen disciplinario más moderno y rápido; en una semana podemos tener los resultados de un proceso disciplinario, cuando antes se hablaba de cuatro cinco o seis meses”.

Defendiendo la iniciativa de la que fue parte, Kolankowsky asegura que “la mayor potencia de este estatuto es la participación y el consenso”.

“Convocamos a la Caja de Jubilaciones y al concejo deliberante que nos conviden con sus asesores legales, con vasta experiencia en derecho administrativo, para trabajar en la redacción”.

“A su vez, cada capítulo que íbamos terminando nos reuníamos con los gremios para validar punto por punto. Cuando se presentó el proyecto al HCD se acompañó con un acta en la que se dejó constancia de la conformidad de todos los intervinientes. Inclusive nos reunimos con funcionarios y empleados, y en numerosas comisiones con los dos bloques del concejo deliberante, con presencia de los gremios”.
Fuente: El Entre Ríos

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