De ese modo, el paro de UTA por 48 horas en el interior del país fue levantado en varias jurisdicciones, con soluciones locales. De ese modo, el gobierno nacional obligó a las empresas nucleadas en Fatap a dar cumplimiento al pedido sindical, coincidente con el ya aplicado a principios de junio en la zona de cobertura de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires.
En el artículo 1 de la resolución se establece que se deberán readecuar a partir del 1º de junio “el salario básico conformado para el conductor de corta y media distancia de las jurisdicciones del interior del país y para el resto de las categorías, encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 460/73, de forma tal que el mismo se incremente en un 20% respecto del básico conformado al mes de enero de 2019”.
Establece también que las empresas del sector referidas en el artículo precedente deberán abonar a los trabajadores una asignación extraordinaria por única vez, no habitual ni regular, equivalente a 16.000 pesos.
Y exige también el cumplimiento de otro reclamo sindical: el ajuste del valor del viático/reintegro de gastos, en un 20% respecto de los valores vigentes a enero.
Desde la seccional de la UTA se informó acerca del conocimiento de esa medida, aunque aclararon que aún no habían sido notificados. El decreto de Trabajo de la Nación se conoció el miércoles por la noche, tras la reunión paritaria.
Con esta medida, la Nación vuelve a despegar de la responsabilidad de aportar más subsidios para garantizar los costos de las empresas, y no trasladarlo automáticamente en incremento de boletos.
Pese al reclamo de la Fatap y desde distintas jurisdicciones, ante esa determinación cada provincia y localidad ha ido tomando distintas determinaciones. Por esa razón, el paro programado por UTA para todo el interior del país tuvo incidencia parcial: hubo provincias como Santa Fe, Salta y San Juan que lograron destrabar el conflicto con incrementos de compensaciones por parte de los gobiernos provinciales y locales. También hubo compromisos en Misiones y Córdoba, que zanjaron el conflicto.
Qué ocurre en Entre Ríos
En Entre Ríos, y particularmente en Paraná, la situación asoma mucho más conflictiva y demasiado confusa aún. El inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por parte de las empresas Mariano Moreno y ERSA impidió la paralización del servicio ayer y hoy. Pero dejó al descubierto la imposibilidad de hacer frente al pago del medio aguinaldo, por lo que afrontar una suba salarial no deja otro margen que obtener mayores subsidios de la Provincia o la Municipalidad, y al mismo tiempo un ajuste en los boletos.Tal como informó ayer, un nuevo estudio técnico de la tarifa del transporte se viene realizando en el municipio durante las últimas semanas tras la presentación formal realizada hace un mes por la concesionaria Buses Paraná, que integran Mariano Moreno y ERSA.
El lunes, en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, y durante un plazo no mayor a 10 días, UTA, empresas y la Municipalidad deberán empezar a dar forma a una salida de la actual situación, con un equilibrio que impida costos sociales como la pérdida de casi un centenar de puestos de trabajo –como amenaza la concesionaria– o una fuerte suba del boleto de colectivo que resulte impagable para los usuarios, pero también que garantice la sustentabilidad de un servicio público. Porque detrás de la caída de la concesión, y la salida de las empresas como proponen algunos, no hay tampoco prestadores disponibles como alternativa.
Responsabilidad transferida
El gobierno nacional volvió a insistir ayer que “cada provincia o ciudad es responsable de su sistema de colectivos. Son ellas las que definen la cantidad de unidades que circulan, sus recorridos, paradas y tarifas, las que licitan las concesiones y las que controlan los costos de cada sistema de transporte”, expresaron para marcar la postura institucional en torno al esquema de subsidios vigente desde el 1º de enero.Y recordó: “Representantes de todas la provincias del país votaron en noviembre de 2018 por mayoría en el Congreso de la Nación la Ley de Presupuesto 2019 a partir de la cual el gobierno nacional transfirió a los gobiernos locales los recursos para el financiamiento de los colectivos”. Además dijo que de manera complementaria, el Estado nacional destina 8.700 millones de pesos para los sistemas de colectivos en el interior del país, a través de un Fondo Compensatorio y la tarifa social.
“Para solventar las nuevas responsabilidades, las provincias cuentan con mayores ingresos a partir del Pacto Fiscal”, y con ello, admitieron, se debe garantizar el servicio a los millones de usuarios de colectivos de todo el país.
