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La malograda idea del exgobernador Sergio Urribarri de pelear, en 2015, por la candidatura a presidente de la Nación, para suceder a Cristina Fernández de Kirchner -que terminó en renuncia, porque quien peleó por el sillón de Rivadavia fue Daniel Scioli, que perdió ante Mauricio Macri- demandó, para promocionar lo que entonces se llamó el “Sueño Entrerriano, grandes sumas de dinero en proselitismo, que salieron de las arcas del Estado provincial, según la acusación que sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La Procuración quiere llevar a juicio al exgobernador, a su exministro de Cultura, el actual diputado provincial Pedro Báez, y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, entre otros, acusados de los delitos de peculado -desvío de fondos que tienen un fin específico para otro totalmente distinto- y negociaciones incompatibles con la función pública -direccionar contrataciones- en una mega causa que engloba tres investigaciones por supuestos delitos de corrupción: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

El pasado lunes 17 de diciembre la Fiscalía dio por concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la remisión a juicio de tres causas unificadas en la que está imputado el exgobernador y actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y otras siete personas, entre las que están su cuñado Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez.

En el texto de pedido de elevación a juicio de esa megacausa -trámite que de momento no se ha dado- se adelantó un pedido de pena para Urribarri de 9 años de cárcel más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; mientras que para Báez y Aguilera, los fiscales solicitan 8 años de prisión más la inhabilitación. Además, requieren que se les aplique una multa leve: 90 mil pesos.

Los demás imputados en las diferentes causas, son: Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
Puntuales para la tardanza
Este jueves hubo una audiencia en Tribunales en la que se trató un recurso de las defensas de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, y de Báez, Agustín Díaz, que plantearon la excepción de falta d acción: esto eso, que los organismos de control como la Contaduría, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas ya revisaron esas contrataciones y no hicieron reproche. Verbigracia: la Justicia no tiene nada para investigar. Aunque para que los defensores expongan sus argumentos hubo que atravesar unos imponderables. El primero, a la hora fijada para la audiencia, las 9 de la mañana, no había llegado ningún defensor. El juez de Garantías Ricardo Bonazzola escuchó primero un pedido de aplazamiento formalizado por el abogado Miguel Cullen en representación de su colega Emilio Fouces, que no pudo asistir por problemas de salud.

La Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche se opuso al aplazamiento con el argumento de que Fouces no había hecho el planteo motivo de la audiencia, ni tampoco había adherido a las presentaciones de los otros defensores. Bonazzola halló razón en los dichos e Goyeneche y no suspendió el trámite. Ya cuando habían pasado 45 minutos de la hora de inicio de la audiencia llegó Agustín Díaz, defensor de Báez; a las 10,10 lo hizo Raúl Barrandeguy. Argumentó que su tardanza se debió a que el miércoles por la noche había consultado en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) “alguien” le había dicho que el trámite estaba suspendido. Pidió un cuarto intermedio hasta que llegara su colega Candelario Pérez. Recién entonces, la audiencia empezó a transitar por lo carriles esperados. Para entonces había pasado más de una hora de esperas y aplazamientos.

La fiscal Goyeneche reprochó el incidente planteado por los defensores y pidió al juez que lo declare inadmisible. Y además lo tildó de “maniobra dilatoria”. Dijo que “hace tres meses estamos esperando que se fije audiencia de remisión a juicio, algo que debió haber ocurrido a los 5 días de presentación del pedido por parte de la Fiscalía, hecho que ocurrió a mediados de diciembre de 2018. “El pedido de suspensión de audiencia es maniobra dilatoria”, sostuvo. Agregó que la mecacusa contra Urribarri engloba tres investigaciones que tienen que ver con “la financiación de la precandidatura a presidente del entonces gobernador. Financió su campaña con la utilización de fondos públicos”.

Pero en medio habló del pago de retornos -coimas- en esas contrataciones, de las que habría salido beneficiado el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. “Se produjo un retorno de fondos a personas allegadas a Urribarri”, afirmó y calculó que esos pagos irregulares rondarían los $5 millones. Ese desvío mediante una triangulación ocurrió, según el escrito de los fiscales, en la contratación de la instalación del pelotero en Mar del Plata, en el verano de 2015, encargada a la firma “El juego en que andamos”. En el trámite de contratación de esa empresa intervino el exministro de Turismo, Hugo Marsó. Se pagaron $ 14.561.870.

“La maniobra pergeñada consistió en la contratación de la empresa ´El Juego en que andamos SRL´, por la suma referida, quien a su vez, por un lado, destinaría parte de la misma para subcontratar a la Cooperativa de trabajo X la Plata Publicidad Ltda. para realizar una campaña de difusión en vía pública –mediante cartelería– de la figura de Urribarri como precandidato a Presidente de la Nación, lo que se concretó por la suma $ 338.800; por el otro lado, el socio gerente de aquella firma, Gerardo Caruso (alias Foia), debía retornar en dinero en efectivo al señor Juan Pablo Aguilera -lo que se concretó por la suma de $ 2.000.000, y también por medio de transacciones bancarias a las empresas TEP SRL y NEXT SRL –propiedad del señor Aguilera-, y las intermediarias Visual Ilusion SA CUIT 30-71071523-4, Megaprint SA 30-70717800-7, Wall Street Vía Pública SA CUIT 30-65541838-1 y Fredy Publicidad SRL CUIT 30-70909164-2, lo que también se concretó por la suma de $ 2.468.700,00. Todo lo anterior contó con la imprescindible colaboración de Corina Cargnel -contadora de las empresas TEP SRL y NEXT SRL-, quien gestionaba la confección de facturas con tales empresas y también los retornos de dinero. Para concretar la misma, mediante el Expte. Adm. Nº 1.656.830 iniciado con fecha 5 de diciembre de 2014, Marso interesó a Urribarri la contratación en cuestión, justificándola”, dice el escrito de remisión a juicio.

El defensor del diputado Báez argumentó que la investigación penal no podía avanzar por cuanto los organismos de control, “autónomos e indpendientes de cualquier poder, mucho más del poder al que tiene que controlar”, dictaminaron y aprobaron esas contrataciones.
También resaltó que hubo aprobación de la Fiscalía de Estado. “Fiscalía es el organismo que hace el control de legalidad de todos los actos del poder político; especialmente en este también se expidió”, sostuvo.

“Esta legitimación, esta legalidad conformada del acto administrativo solo puede invalidarse o cuestionarse cuando se detecte, de cualquier manera, la violación de parte de algunos órganos a sus funciones específicas”, agregó después.

En tanto, Barrandeguy, defensor de Urribarri -que se ocupó de aclarar que su pretensión no era dilatar la causa- dijo que su rol era “defender la dignidad procesal y constitucional que tiene el trámite” que ahora investiga el Ministerio Público Fiscal. “Sostenemos que la imputación no es viable. El meollo de los hechos atribuidos pasa por el hecho que se le adjudica haber sustraído. No puede haber sustracción si las cosas sustraídas siguen bajo la órbita de vigilancia de los organismos de control”, arguyó.

Sostuvo después que la denominada lucha contra la corrupción deriva sólo en el castigo “hacia un sector político”. Y agregó: “Todos estos procedimientos están motorizados por prejuicios políticos”.

La discusión se prolongó durante casi cinco horas, y al final el juez Bonazzola dispuso un cuarto intermedio, aunque no fijó día ni hora para la audiencia en la que dará a conocer su resolución.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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