De ese volumen total, $15.000 millones se deben a las empresas del sector de la construcción, según la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); otros $6.800 millones corresponden a deudas judicializadas por certificados vencidos; y alrededor de $1.000 millones que debe la Unidad Ejecutora de la Provincial (UEP).
En este marco, los representantes de la CAC solicitaron en conjunto con los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) una audiencia con el mandatario entrerriano a los fines de “evaluar y reestructurar los contratos de las obras públicas provinciales”.
Precisiones del fiscal de Estado
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, apuntó que el monto exacto de la deuda judicializada -de lo cual el organismo ha sido notificado- asciende a $2.200 millones. Aunque la cifra fluctúa. «Hay deuda pero no toda la deuda ha sido judicializada. Hay certificados de obra presentados al cobro, que están vencidos porque el Estado no ha pagado, pero que no han sido judicializados. Hay, además, certificados que no están vencidos. Si se suma todo, son unos $20 mil millones. Pero no todo está vencido. Lo vencido debe ser $10 mil millones. Y lo judicializad, $2.200 millones», contó durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.«La judicialización es producto de que el certificado no se pagó. La obra se está ejecutando, se libró el certificado pero a la empresa no se le pagó, por distintos motivos. Hay muchas obras con financiamiento nacional y como viene cortándose recursos, ahí hay un problema. Eso pasa con obras que encara Vialidad y también el IAPV. Estimamos que esto se pueda llegar a agravar porque el Poder Ejecutivo Nacional anunció suspensión de las transferencias a las provincias por fuera de la coparticipación, y el corte de la obra pública. Todavía no sabemos qué alcance va a tener, pero es probable que alcance fondos de Vialidad y de viviendas», agregó el funcionario.
A ese cuadro de situación de deudas impagas por obra pública, se agrega otro condimento: la ruptura de la ecuación económica y financiera. «Usted contrató una obra por $10 millones y hoy los costos se fueron a las nubes. Se quebró la ecuación económica financiera y las empresas no están en condiciones de continuar. Habrá que hacer un trabajo arduo de estudiar contrato por contrato y ver lo que pasa», subrayó.
«Simplemente con el aumento de precio de los combustibles hay un problema enorme», analizó.
En ese marco, dio a conocer que hay un acuerdo para frenar por 60 días la ejecución de la obra pública en la Provincia para analizar la situación de cada proyecto. «La propia Cámara de la Construcción ha pedido la neutralización. No es una decisión solamente del Gobierno. A mí me parece que es una decisión prudente. No se le puede exigir a las empresas que cumplan contratos en estas condiciones. Hay que ver caso por caso», sostuvo el fiscal de Estado.
