No resulta serio jugar a los pronósticos. Sabido es que en la órbita del derecho no alcanza con la certeza de que existió el reparto de tierras fiscales a precios ridículos entre familiares, amigos y conocidos de Cevey, Brassesco y Larrocca, maniobra tan a la vista como moralmente repudiable.
La Fiscalía se muestra confiada, convencida de que no sólo logró probar los hechos sino también que hubo delitos, lo mismo que las responsabilidades que le caben a cada uno de los 9 imputados. Pero también ellos, los acusados, al igual que sus defensores, han procurado mostrarse seguros de que actuaron dentro de la "legalidad" y que, por lo tanto, los magistrados confirmarán la inocencia que una y otra vez han proclamado.
1) Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
El principal imputado, Julio César Larrocca, es Vicepresidente 1° del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. Si lo absuelven de culpa y cargo, su continuidad está fuera de discusión. Pero otro será el cantar si los jueces hacen lugar total o parcialmente a las condenas pedidas por el Fiscal José Arias: 7 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y suspensión de su matrícula de abogado por 10 años.Según el inciso c) del Artículo 53 del Estatuto de AFA, es requisito que los directivos de la entidad no hayan sido declarados culpables "por sentencia firme en ningún caso penal doloso". Obvio, si Larrocca resultara condenado, apelará de inmediato, por lo que no habrá "sentencia firme" y ello lo pondrá a cubierto.
El mayor escollo que se le presentaría sería el siguiente inciso, que exige "no estar afectado por alguna inhabilidad moral manifiesta o incapacidad legal". Si en primera instancia le retiran la matrícula y/o lo inhabilitan para la función pública, aunque todo ello quede en suspenso en virtud de la apelación, los enemigos de Larrocca en AFA se prenderán de ese inciso para forzar una interpretación que les permita apartarlo de inmediato.
2) Liga Concordiense de Fútbol
Julio Larrocca es desde hace ya muchos años el Presidente de la Liga. No hay dudas que es otra institución donde el juicio oral y público ha sido seguido paso a paso.Con independencia de cuán laxos sean sus estatutos, el gran interrogante pasa por saber qué margen político le quedará a Larrocca para concluir su mandato -que se extiende hasta el primer trimestre de 2019- en caso de que la sentencia de primera instancia le resulte adversa.
Es de suponer que nadie se atreverá a removerlo en la Liga si antes no es apartado de su puesto en AFA.
3) Municipalidad de Puerto Yeruá
La institución viene de presenciar semanas atrás la caída del exintendente Fabián Cevey y de la Secretaria María G. Brassesco, ambos condenados tras admitir su culpabilidad mediante la firma de un juicio abreviado. Pero ello fue sólo el comienzo.Serias falencias en la gestión municipal quedaron expuestas durante el debate, en especial cuando a su contador, Marcelo Rivera, no le quedó otra que admitir que los terrenos que la comuna recibió de la provincia jamás fueron registrados en la contabilidad oficial, como tampoco hubo registración fehaciente de los dineros presuntamente ingresados por las ventas, máxime que estas operaciones no fueron informadas al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, ni siquiera cuando funcionarios del organismo visitaron la localidad para auditar las cuentas.
También los concejales -oficialistas y opositores- quedaron en entredicho, en especial por la vidriosa Ordenanza 07/2007 que le cambió el destino a la Manzana 8, en principio afectada para plaza pública, y otorgó al Ejecutivo una genérica y confusa autorización para vender lotes sin individualizar, ubicados en la "zona de desarrollo turístico", al ridículo precio mínimo de 6 pesos el metro cuadrado.
En la Legislatura tramita un pedido de intervención del municipio presentado por el Diputado Joaquín La Madrid. Si bien la mayoría oficialista lejos ha estado hasta ahora de habilitar semejante extremo, una sentencia condenatoria podría modificar el escenario y convencer al gobernador acerca de la necesidad de intervenir para poner en caja una comuna que sigue en manos de personas de confianza del destituido Fabián Cevey.
4) Tribunal de Cuentas de Entre Ríos
Dos de sus funcionarios de mayor trayectoria comparecieron como testigos. Admitieron que al tribunal le resulta imposible efectuar un contralor exhaustivo de las cuentas de todas y cada una de las municipalidades entrerrianas. De allí que recién cuando el escándalo de las ventas de terrenos en Puerto Yeruá llegó a los medios, el organismo inició una investigación propia, que habrá que ver en qué termina.5) Escribanos
En especial los que confeccionaron las escrituras por los terrenos en litigio. Fiscalía puso en evidencia gruesos errores en esos documentos.La primera que quedó expuesta fue la Escribanía Mayor de Gobierno, que respaldó la traslación de dominio citando decretos que no correspondían, amén de prestarse para escriturar a particulares, ninguno de los cuales son indigentes. De allí para abajo, los otros escribanos intervinientes "dieron fe" de la presunta legalidad de las transferencias copiando y pegando lo que ya venía mal parido desde las escrituras anteriores.
6) Inmobiliarias
Al parecer, la causa Puerto Yeruá, en la medida en que puso bajo en duda las transacciones con inmuebles en esa zona, deprimió el mercado inmobiliario. Es probable que a la larga salgan favorecidos los operadores más creíbles y serios, capaces de ofrecer garantías absolutas de que los terrenos que ofrecen están limpios de toda sospecha de ilegalidad.7) Nueva Escocia
Esta localidad fue mencionada durante el juicio, en especial cuando el abogado Juan José Buktenica procuró demostrar que el concejal Aníbal Maschio se habría hecho de terrenos allí mediante una operatoria similar a la investigada en el juicio, es decir, por venta directa y montos exiguos. Maschio negó que así fuera a la vez que denunció que en Nueva Escocia habría un manejo irregular de tierras. De ser así, ¿habrá algún vecino de esa comunidad que se atreva a denunciar? ¿Habrá investigación judicial que arroje luz sobre lo sucedido allí?8) Causa CODESAL - Hotel Ayuí
Aunque de manera indirecta, una eventual sentencia condenatoria podría repercutir en la marcha de la llamada Causa Codesal - Hotel Ayuí, al salir fortalecido en su labor el Fiscal José Arias, que heredó de su antecesor Aníbal Lafourcade la responsabilidad de finiquitar la investigación de la conducta del expresidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, Luis Mazurier, imputado e inhibido por Lafourcade antes de ascender a juez.Después de ocho años, el caso aún no ha sido elevado a juicio y todo lleva a suponer que en los próximos meses se discutirá la remisión a la instancia de juicio oral y público.
9) Los que firmaron el abreviado
Vale recordar que en principio la causa Puerto Yeruá tuvo 17 imputados, ocho de los cuales optaron por reconocer su culpabilidad y firmar un juicio abreviado, que los condenó a tres años de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua para la función pública y la devolución de los terrenos.Seguramente están pendientes de la sentencia del lunes. Si es condenatoria, sentirán que haber tomado el atajo del abreviado les ahorró la agonía y un mes de juicio oral y público. Si es absolutoria, puede que se cuestionen cuán acertado fue haberse confesado culpables.
10) Comunidad de Puerto Yeruá
Obvio, en Puerto Yeruá las opiniones están divididas.Están los que desean que haya condenas, indignados porque entienden que los imputados robaron tierras aprovechándose de los privilegios del poder. Entre estos, especialmente los que se atrevieron a denunciar la maniobra y no les ha salido gratis, puesto que soportaron durísimos embates durante el juicio y fuera de él.
Hay otros que quieren que todo acabe en nada, preocupados porque se hicieron de tierras mediante operatorias no muy diferentes de las investigadas en el juicio. Temen que haya nuevas denuncias que apunten contra ellos. En otras palabras, que la olla recién se esté destapando y el mal olor los envuelva.
Y finalmente están los pobres de Puerto Yeruá, al fin y al cabo los que más autoridad tienen para sentirse estafados. El Fiscal José Arias le puso números a la aberrante desigualdad:
La municipalidad entregó terrenos de excelente ubicación a algunos de los imputados en Agosto de 2011 a menos de 2 dólares el metro cuadrado, mientras que apenas un año después le vendió a los pobres lotes mucho más chicos y de pésimas condiciones, desnivelados y lejos del río, a 21,73 dólares el metro cuadrado.
Inmoral desigualdad que se vuelve aún más grave cuando se advierte que, según fiscalía, no hay constancia de que los imputados hayan pagado los terrenos por más que los precios eran ridículos, mientras que en los legajos municipales consta el caso de un hombre humilde, asfixiado económicamente, que renunció al predio que le habían otorgado para que le den el libre deuda y de esa manera poder sacar el carnet de conductor.
