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Con cuatro testigos (tres propuestos por la defensa del intendente y un policía federal), concluyó este lunes la etapa de testimoniales en el juicio por las denominadas causas “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio”.

Este martes comienza una ronda de indagatorias con las declaraciones previstas de la funcionaria municipal y agente policial, Griselda Bordeira; Luis Orlando Céparo; Marcos Velázquez; Gastón De la Fuente; y los hermanos Omar Horacio y José Raúl Ghibaudo.

En tanto, el próximo lunes declararía el concejal Pablo Hernández; Renzo Bertana y Daniel Tavi Celis.
“Yo no hice nada”
Sergio Marcelo Baldi es uno de los tantos imputados en la causa “Narcoavioneta”. Se lo acusa de colaborar con Daniel “Tavi” y Miguel Ángel “Titi” Celis en actividades de narcotráfico. La acusación sostiene que “actuaban como voceros de los hermanos Celis, manteniendo un nexo de comunicación secreto, indirecto y permanente entre ambos y por medio del cual organizaban la logística del transporte del estupefaciente. Además, eran los encargados de ubicar, seleccionar y acondicionar las posibles pistas o áreas de aterrizaje en las localidades de María Grande 1º, Aldea Brasilera, Aldea Salto, Sauce de Luna, Bóvril, Alcaraz, María Grande 2ª, Colonia Avellaneda y Villa Urquiza”.

Este lunes, después de cuatro testimonios, Baldi amplió su indagatoria y respondió preguntas. No tuvo un buen arranque frente a los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros. Es que su defensora, Marta Bohom, le hizo decir que nadie le había informado cuáles eran las pruebas de su imputación, y le pidió a los jueces que le lean la acusación.

–No, no, no. Los jueces no estamos acá para ser indagados. Usted Baldi es el que pidió declarar hoy lunes a las 17 porque su abogada tiene que viajar. Declare, Baldi –ordenó Berros, vehemente, después de un intercambio subido de tono con la abogada.

“Estoy preso desde 2014. Nunca compartí pabellón con ninguno de los Celis. No tengo celular, no soy yo el de las escuchas. Las comunicaciones que tengo son a través del teléfono fijo. De la cárcel salí una sola vez que fui a la casa de mis padres, en La Paz. Con el único de los imputados de esta causa con quien compartí pabellón fue con Luis Céparo”, dijo a los jueces.

Baldi fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2014. Le dieron 5 años de prisión que ya cumplió y, según aseguró hoy, está “siete meses pasado”. Es decir, en prisión preventiva por esta causa. Por eso su abogada pidió, una vez más, su excarcelación. Esa solicitud será contestada por la Fiscalía y el tribunal tomará una decisión.
Antecedente
Uno Entre Ríos publicó en agosto de este año que el 26 de junio de 2014, Marcelo Baldi viajó junto a otras dos personas de Paraná a Santa Fe, en un auto VW Gol. Cuando iban por avenida Teniente Loza al 6700 de la vecina capital se topó con un procedimiento de control de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la provincia de Santa Fe. Los agentes le pidieron que abriera el baúl del auto y Baldi les dijo que llevaban marihuana. Uno de los ocupantes del vehículo salió corriendo y logró fugarse.

Efectivamente, los policías encontraron dos bolsas de nailon adentro del baúl. Uno de los paquetes contenía 27 trozos compactos de marihuana, y el otro 28 paquetes más.

Al requisar al conductor –el mismo Baldi–, se le incautaron una billetera con 1.810 pesos, un comprobante de pago de seguro del vehículo, fotocopia del título de propiedad del automotor y una constancia de DNI en trámite. Por su parte, el acompañante fue identificado como I.G.L. (también paranaense), quien portaba una billetera con su DNI. Desde entonces, ambos quedaron detenidos.

La pericia a los celulares que les secuestraron encontró pruebas de que Baldi proveía droga a narcos santafesinos. “Surgen mensajes de texto enviados en los cuales se hace referencia a la inminente entrega del material prohibido. En particular, entre los últimos que fueron enviados se destacan los que expresan ‘Haceme el favor y pasame el número de René y esta noche van los puchos para allá’”, se remarca en la sentencia.

A fines de 2014, Baldi ya tenía la condena de 5 años de prisión efectiva (no era la primera), y la comenzó a cumplir en la cárcel de Paraná.
Informe contable discutido
Una de las medidas de prueba que se desarrolló en la investigación penal de la causa “Narcomunicipio”, consistió en allanamientos y secuestros de documental por parte de la División Lavado de Activos de la Policía Federal. Los agentes llegaron hasta las oficinas de Tesorería y Contable de la Municipalidad en más de una oportunidad, allanaron los lugares y se llevaron papeles y soportes magnéticos con datos asentados en los sistemas digitales.

Dos contadoras de la División Lavado de Activos y un jefe de área ya declararon en el debate. Dieron cuenta del informe que emitieron sobre la documentación secuestrada. Remarcaron la desprolijidad en los mecanismos administrativos y contables, y señalaron posibles contrataciones amañadas, entre otros puntos que consideraron irregulares como gastos en publicidad y compromisos asumidos para la realización de la feria Tecnópolis.

Ese informe de la División Lavado de Activos tuvo una primera etapa controversial en el debate cuando los defensores del intendente Sergio Varisco, llevaron empleados y responsables de las áreas municipales allanadas para que cuenten su versión de los hechos.

Hoy hubo una especie de reedición de esa discusión puntual en la causa. Declararon Marcelo Ferrari, contador de Tesorería municipal; Eduardo Campesuñe, contador del área Contable; y Viviana Guadalupe Politti, subcontadora general del municipio.

Por otro lado, volvió a Paraná un agente de la División Lavado de Activos de la Policía Federal para aportar su testimonio sobre el informe.
“El informe pericial está mal”
Marcelo Ferrari aclaró que “todas las órdenes de pago de publicidad” emitidas por el municipio son por vía de excepción, y agregó que el área que maneja la publicidad es Prensa.

El informe pericial señala el sistema confuso de cuentas bancarias y el mecanismo contable del municipio. Sobre ese punto, el testigo aseguró que en una oportunidad un cajero del Banco de Entre Ríos “utilizó mal las cuentas del municipios” y por eso fue sancionado. Y negó las acusaciones del informe. “Después de ese informe, elaboramos nuestro propio informe porque nos afectaba profesionalmente, hicimos nuestro descargo y pedimos al Tribunal de Cuentas una auditoría”, declaró.

El contador añadió que el “error del cajero del banco” fue advertido recién en el informe pericial. “Por eso hicimos nuestro informe que elevamos al intendente”, acotó, aunque no supo decir qué ocurrió luego. “Yo empecé a investigar porque salió mi nombre en los medios. Pero el procedimiento contable que hacemos en la Municipalidad es normal y no existe observación por parte del Tribunal de Cuentas”, aseguró y atacó: “El informe pericial está basado en documentación que entregamos de Tesorería, en papel, pero hay información de un pen drive que no sé de dónde la sacaron”.

En ese momento la presidenta del Tribunal frenó el testimonio: “No puedo creer lo que está pasando en esta audiencia. A mí me entregaron un informe pericial que no se corresponde en nada con esta testimonial y no tengo cómo cotejarlo”.

El interrogatorio intentó continuar por otros puntos, pero el testigo estaba tan confundido que cuando el defensor del intendente (quien lo citó) le preguntó si había colaborado con ellos para elaborar un contrainforme al de la Dirección de Lavado, el contador dijo que no.

Sobre el final de la declaración que se extendió casi dos horas, Ferrari señaló que el presupuesto total del municipio es de 5.500 millones de pesos y sugirió que “el HCD”, tal como nombró al Concejo Deliberante, “cebó el importe de 28 millones” de pesos destinados a publicidad.

Eduardo Campesuñé, contador del área Contable del municipio, dijo que el lugar donde se desempeña hace un “control de legalidad interna”. “Controlamos que los proveedores del municipio estén inscriptos en la AFIP”, acotó.

“Creemos que el análisis de los peritos no tuvo en cuenta algunos elementos”, dijo sobre el informe de la División Lavado de Activos y declaró en el mismo sentido que el testigo anterior. Explicó cómo fue la contratación de baños químicos para la Feria Tecnópolis, un mecanismo cuestionado por los policías federales.

“No hubo duplicidad de órdenes de pago”, aseguró más adelante. “Encontramos inconsistencias en el informe pericial. O la información estaba mal o la interpretaron mal”, acotó. “Yo no brindé información en soporte magnético. Estimo que fue suministrada por Informática pero no por Contaduría General. No sé de dónde salió esa información y por lo que leo, el informe pericial no se corresponde con lo que veo en el sistema”, arremetió.

Por último, Viviana Guadalupe Politti, subcontadora general del Municipio dijo que “desmintieron el informe pericial sobre todo en los puntos donde habla de duplicación de pagos. “Cuando hacemos órdenes de pago, verificamos que el proveedor esté activo al momento de la prestación del servicio”, dijo y deslizó que los archivos de Excel donde se bajaron los sistemas que secuestraron los agentes policiales, podrían manipularse. “No sé de qué sistema municipal fue tomada la información”, planteo después la contadora.
“Hay irregularidades”
Por otro lado, Jorge Notario, agente de la División Lavado de Activos, fue el último en testimoniar sobre el informe. “Hay irregularidades, gente repetida, legajos incompletos. El sistema de cuentas es desprolijo, y los conceptos de las cuentas son confusos. Toda la contabilidad debe ser clara, por legislación. Pero este no es el caso de la Municipalidad”.

Su testimonio fue pausado en mitad de la audiencia cuando una abogada defensora observó que entre sus pertenencias, el policía guardaba el arma reglamentaria. Por eso fue obligado a salir de la sala y volver a entrar desarmado.

“Había gente que se dedicaba a ciertos rubros y de repente facturaba publicidad. Mucha gente cobraba publicidad pero no se dedicaba a eso. Por ejemplo, me llamó la atención que había personas que se dedicaban a vender cualquier cosa y de repente le vendía publicidad al municipio. Eso no es común”, resaltó.

En varias oportunidades se abordó el caso de la madre de Griselda Bordeira, Ángela Pineda, y la nuera, Johana Blanco. Las irregularidades manifiestas en este caso son varias: Pineda es jubilada y de momento pasó a facturar publicidad para el municipio, también fue contratada en el área de Seguridad (donde Bordeira prestaba funciones) y la prestación de servicios por parte de la mujer fue validada por su propia hija.

Los policías señalaron esa situación y coincidencias por ejemplo en el endoso de los cheques para Pineda y Blanco, que eran cobrados por un hombre de apellido Bordeira.
Fuente: Análisis Digital

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