En efecto, durante la maratónica lectura del adelanto del veredicto realizada por el juez José María Chemez, una idea se repitió una y otra vez, casi hasta el cansancio, aunque con ligeros cambios de palabras: “Le asiste la razón al Ministerio Público Fiscal”. O, “en coincidencia con lo planteado por Fiscalía”. También: “De acuerdo con los argumentos expuestos por la acusación”…
Inevitable por tanto, para quien estuviera escuchando, concluir que los tres magistrados -Chemez, Castagno y Garzón- valoraron como seria y profunda, a la vez que objetiva, buena parte de la investigación y de las imputaciones llevadas a cabo por los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, que trabajaron durante la Investigación Penal Preparatoria bajo la coordinación de la luego suspendida Cecilia Goyeneche, y respondiendo a su superior, el Procurador Jorge Amílcar García.
Guste a unos y disguste a otros, la sentencia lleva implícito un aval a la tarea de la Fiscalía, a la hora de colectar la evidencia y sostener una acusación -en medio de enormes presiones- contra las máximas autoridades del poder político provincial.
Así las cosas, si han hecho bien su trabajo en el “Megajuicio”, la lógica institucional, la lógica de cualquier vecino que sólo se interese porque haya justicia -caiga quien caiga y le pese a quien le pese-, diría que lo mejor que le podría ocurrir a Entre Ríos es que ellos sigan investigando la corrupción. Pero, ¿seguirán?, ¿podrán continuar? ¿O, entre el Jury y ciertas exigencias en los concursos para la proyectada Fiscalía Anticorrupción, se han gestado las condiciones para dejarlos fuera de carrera?
En efecto, como lo ha hecho notar el diputado provincial Esteban Vitor, llama la atención que en el proyecto de ley elevado por el Ejecutivo para crear la Fiscalía Anticorrupción “tengan prevalencia -dijo- los abogados del Estado, que trabajan en dependencias oficiales”. Y agregó otro dato para reforzar las suspicacias: “Hace 20 años nos gobierna el mismo signo político”. Ergo, esos “abogados del Estado” que correrían con ventaja serían los que llegaron a la gestión pública de la mano del actual oficialismo…
Si tal “ventaja” quedase finalmente plasmada en la ley de creación de la mentada fiscalía, Yedro, Badano, y Ramírez Montrull correrían de atrás en el concurso. Visto desde la otra vereda, algún letrado que hoy se desempeña -por ejemplo- en las filas de Fiscalía de Estado, bajo las órdenes de Julio Rodríguez Signes, haría valer esa “experiencia en la gestión pública” para hacerse de un puntaje extra.
Raro escenario el que sobrevendría si los planetas se alinearan de ese modo: La fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, suspendida y soportando un Jury, y los que, coordinados por ella, investigaron las causas del Megajuicio, en desventaja para poder continuar y profundizar la tarea que han venido realizando hasta ahora. Por ejemplo, en la Causa Contratos, ya remitida a juicio, por lejos la más grave en la historia de la corrupción en la provincia.
En el plano del purismo jurídico, el Jury aparece orientado a sancionar a una fiscal que -dicen-debió excusarse y no lo hizo. A su vez, el proyecto de Fiscalía Anticorrupción procura, aseguran sus impulsores, cumplir con lo dispuesto por la reforma constitucional de 2008. O sea, dotar a Entre Ríos de una institución potente para luchar contra la corrupción.
Pero, como lo ha denunciado la Asociación Argentina de Fiscales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobrevuela la sospecha de que a Goyeneche no se la persigue por lo que supuestamente habría hecho mal sino por lo que hizo bien. O sea, por investigar al poder. A la par que se suma ahora este otro hecho extraño: el repentino apuro por parir la Fiscalía Anticorrupción, 14 años después de la reforma constitucional de 2008 que exigía su creación, con un formato concursal desfavorable para los fiscales que sentaron en el banquillo a un exgobernador, exministros, exfuncionarios y a las familias del poder.
De que se “despejen” del horizonte tales sospechas, dependerá si Entre Ríos camina hacia una mayor y mejor justicia, o si, en realidad, se apresta a retroceder dos pasos apenas un instante después de haber avanzado uno.
O, dicho de otro modo, si triunfa la Justicia o si la victoriosa es una garantida y camuflada impunidad.
El fallo demoledor del tribunal del Megajuicio contra Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, sorprendió a Gustavo Bordet del otro lado del océano, a miles de kilómetros.
De todos modos, en este mundo intercomunicado, en esta red global en la que vivimos, no se privó de pronunciarse desde las redes sociales. Sólo que, en vez de aludir al veredicto del poder judicial de su provincia contra su predecesor, prefirió elogiar a la justicia federal en una causa por pintadas antisemitas.
Una preferencia más que elocuente.
