A partir de ese dato, el director de análisis normativo del EPRE, Luciano Paulín, dedujo que “la tarifa que se paga no es la más cara del país para ese rango de consumo”. La comparativa publicada por La Nación - 550 kWh/mes - se centra “solo en una pequeña porción de usuarios de alto consumo, es decir menor al 5%, que no son representativos del promedio de consumo de los hogares entrerrianos”, argumentó el funcionario.
Según Paulín, la calidad del servicio y la distribución de la población por km² son elementos fundamentales a la hora de la determinación del costo, por lo que no es correcto comparar jurisdicciones utilizando los mismos parámetros.
Además, cuestionó que lo publicado por el diario capitalino “tampoco indica la situación tarifaria del comercio, la industria y los servicios”.
Paulín mencionó que tampoco “es correcto afirmar que todas las distribuidoras eléctricas pagan a un mismo precio la energía a CAMMESA o que cada jurisdicción paga lo mismo por la generación”. Si bien la hoy la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación fija “estacionalmente un costo de compra de energía único para todas las Distribuidoras del país, no todas pueden afrontar el 100% del pago de dicho costo”, sostuvo. “Esto genera una manifiesta situación de desigualdad entre las distintas provincias, lo que se refleja en la tarifa final”, recalcó.
El funcionario del Ente Regulador insistió que la diferencia de precios entre jurisdicciones se debe principalmente “al costo propio de la prestación de servicios en cuanto a la cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado (densidad poblacional)”. Este concepto es “uno de los más importantes para la determinación del costo de distribución y las tarifas, ya que para un determinado costo total del servicio mientras entre más usuarios o energía se reparta, más bajo será el costo unitario que se traslade a la tarifa final”, aseveró.
Fue allí, que el referente del EPRE destacó que Entre Ríos tiene "una de las mejores coberturas del territorio con servicio eléctrico y distribución de la población a lo largo y ancho de la provincia, lo que implica una baja densidad”.
En ese sentido, Paulín puso el énfasis en “la calidad del servicio” que se brinda en la provincia y recordó que “en 2017, el tiempo medio de interrupción por usuario dentro de la provincia de Entre Ríos fue de 6 a 8 horas en el año, mientras que en el ámbito de la jurisdicción nacional fue de entre 28 a 38 horas”.
Finalmente, el Director de Análisis Normativo del EPRE concluyó que para hacer una correcta comparación tarifaria, “debemos tener en cuenta no solo el precio final sino otras variables como: cantidad de usuarios, superficie del área de concesión, densidad de usuarios, kilómetros de líneas en las diferentes tensiones, potencia instalada, energía operada, calidad del producto, calidad del servicio, niveles de pérdidas, etc”.
Citando a la ley 8916 del Marco Regulatorio Provincial, explicó que las tarifas eléctricas deben ser “justas y razonables”; y tener un costo que sea “compatible con la seguridad del abastecimiento de energía de la población, ya que cuando las tarifas se reducen a niveles que no permiten brindar una adecuada calidad de servicio, los usuarios sufren perjuicios económicos por interrupciones del suministro”.
“Según un informe publicado por el ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el objetivo de calidad global para EDENOR y EDESUR sería logar para el año 2022 un nivel de horas de interrupción anual similar al actual de Entre Ríos, lo que demuestra el excelente nivel de calidad de servicio de nuestra provincia”, remató el funcionario.
