La disolución del área implica el despido de 900 técnicos que asisten a unas 130.000 familias de pequeños productores de todo el país. En Entre Ríos, los afectados son 34 trabajadores con más de diez años de antigüedad, hasta 30 años en algunos casos; y con una amplia capacitación en la materia, que con su trabajo permitían el desarrollo de los pequeños productores agropecuarios de la provincia.
Es decir que la decisión de Milei, con el argumento de achicar el Estado para que cierren los números, no solo afecta a las 34 familias de los echados que se quedan sin su ingreso; sino que también deja en el desamparo a más de 5000 familias entrerrianas -de agricultores, pescadores, tamberos, entre otras modalidades productivas- para quienes los trabajadores del INAFCI constituían la vinculación con el Estado.
La situación de vulnerabilidad legal, institucional y personal en que se encuentran los trabajadores no tiene respuestas por parte de la intervención designada en el área, que no solo les imposibilita el acceso a las oficinas, sino que también les impide acceder a cualquier tipo de información sobre actual condición e incluso a los legajos personales.
Igualmente son perjudicadas las familias campesinas que a través de la agricultura familiar forman parte de la economía social en la provincia, que constituyen un sector social y productivo que no es considerado por el gobierno nacional y que tampoco ha motivado hasta ahora ningún posicionamiento de parte de la gestión provincial.
Las y los legisladores justicialistas se comprometieron a utilizar las herramientas a su alcance para intentar obtener respuestas de parte de las autoridades y a la vez darle más visibilidad al reclamo. “Lamentablemente a diario recibimos a trabajadores que pierden su trabajo porque el Estado resigna funciones muy importantes. A Milei los números le cierran porque se desentiende de la gente; le cierran con la gente del Conicet, de Aerolíneas o de Agricultura Familiar afuera”, señalaron.
En el mismo sentido se hizo hincapié en la necesidad de instar al Poder Ejecutivo provincial para que gestione el sostenimiento de estas políticas y de los puestos de trabajo.