La despenalización, de todos modos, podría generar una nueva polémica y ya abrió un debate dentro del propio gobierno. Según el proyecto de reforma de Código Penal, por ahora la despenalización queda a criterio de cada juez. Lo que se evalúa, a la luz del debate, es ir un paso más allá y directamente sacar el castigo para las mujeres. Esto impulsa, por caso, el ministro de Justicia, Germán Garavano.
En la Casa Rosada corrieron los análisis sobre el impacto político del rechazo al proyecto de legalización, luego de que Mauricio Macri habilitara el debate y tomara mayor impulso con la media sanción en Diputados. Las especulaciones van desde el efecto neutro hasta cierto impacto negativo o la pérdida de capitalizar una ley histórica.
De acuerdo con un informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, desde el 1° de marzo de 2011 hasta el 29 de febrero de 2016 se iniciaron 167 causas contra mujeres por el delito de aborto propio (provocado o consentido por la mujer, artículo 88 del Código Penal) y solo se informaron dos condenas y una suspensión de juicio a prueba.
Para la reforma del Código, la comisión de expertos deja en manos del juez la posibilidad de despenalizar a la mujer -para la que se prevén de 1 a 3 años de prisión por abortar-, pero el Ministerio de Justicia buscaría que directamente quede sin sanción en la redacción. De ese modo, el aborto seguiría configurado como un delito, aunque no habría pena para la mujer (se mantendrá para médicos, cirujanos, farmacéuticos, como en el actual Código).
