“Me dictaron la sentencia de destitución el 24 de mayo, más allá de que a mí me habían suspendido de las funciones a fines del año pasado. Ante la sentencia interpuse varios recursos. Un recurso directo ante la Corte de la Nación en relación a una acción de amparo y eso está radicado, esperando que se tramite y se resuelva”, comentó Goyeneche.
Respuesta
Luego de esas declaraciones destinadas a provocar escándalo, un grupo de abogados penalistas emitió un documento en el que reprochó en duros términos las afirmaciones de la destituida funcionaria judicial.“La doctora Goyeneche fue destituida por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos que la encontró responsable de serias causales de mal desempeño, entre ellas la de mentirle a la justicia”, dice un pronunciamiento que firman, entre otros, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Corina Beisel, Raúl Barrandeguy, Carlos Reggiardo –el abogado que la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento-, Patricio Cozzi, José Velázquez, Emilio Fouces, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, que conformaron una organización denominada Penalistas Entrerrianos Unidos.
“A partir de ese momento la referida ex funcionaria judicial se dio a la tarea de descalificar la sentencia que la expulsó del Poder Judicial agraviando a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, a los que les adjudicó gratuitamente, haber amparado la impunidad. Más bien, sucedió todo lo contrario, del devenir del jury surgió elementos que permiten concluir que la que encubría supuesto actos de corrupción fue ella misma”, señalan.
Refieren que en esa tarea, Goyeneche ha tenido “l sostén innegable y explícito de algún sector muy activo de la política provincial”, y a partir de eso “cosechó apoyos de grupos políticos de ultraderecha que amenazaron a jueces y abogados en ejercicio de su profesión, exigiendo públicamente la restitución de Goyeneche a su cargo, lo que en particular generó repudios del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, así como la formación de una causa penal que actualmente se instruye”.
Señalan que Goyeneche se declaró “víctima de una maniobra política tendiente a castigarla por su lucha contra la corrupción. Ello, como una forma repudiable de descalificar su destitución resuelta por un impecable tribunal constitucional –no judicial- integrado por jueces, legisladores y abogados, que después de sustanciar la causa por el procedimiento marcado por la ley, ordenó la separación de Goyeneche del cargo que ejercía”.
“Y ahora la ex Procuradora adjunta, probablemente en busca de alguna candidatura en las próximas elecciones de 2023, expectativa que en Tribunales se le adjudica en alta voz, agravia en forma desaforada a los miembros del Superior Tribunal de Entre Ríos que han demostrado ecuanimidad en el caso, más allá de la trayectoria honorable de todos sus miembros. Sin embargo, lo que no ha explicado la funcionaria judicial Cecilia Andrea Goyeneche, regular y legalmente separada de su cargo es ¿Por qué calló primero y mintió después en el marco del ejercicio de su rol?”, plantea el escrito de los abogados penalistas.
Y concluyeron que en Entre Ríos el STJ “no trabaja para generar impunidad sino, por la primacía de la ley y su correcta aplicación (sostén del estado de derecho), hecho en sí, que repele a todas las maniobras tendientes a desnaturalizarla”.
