El Gobierno de la provincia impulsa un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, dijo que esperan debatirlo en la Legislatura antes del receso de verano.
“Continuar la inercia con la Región Centro”
“Con el equipo jurídico queremos continuar la inercia que viene con la Región Centro, las provincias de Córdoba y Santa Fe. Estamos trabajando con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Nación y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER)”, avisó.
Concretamente, el funcionario dijo: “queremos crear el cuerpo médico de peritos especializados en accidentes laborales. Instaurar que siempre que intervenga un perito en una controversia laboral, debe ser de ese cuerpo dependiente del Poder Judicial. Con esto buscamos descomprimir el cuello de botella en la Justicia Laboral”.
Regular honorarios de peritos médicos
“Además, como en la provincia la regulación de honorarios de peritos médicos laborales está atada a la declaración de incapacidad que se propone en el conflicto, entendemos que ahí hay un sesgo que no garantiza imparcialidad de los peritos”, manifestó el ministro.
Remarcó que el cuerpo médico especializado en accidentes de trabajo dependerá de la Justicia, es decir que tendrán “un sueldo fijo. En caso de que deba intervenir un perito extrajudicial, se fija el tope de juristas”, explicó y aseguró: “buscamos la imparcialidad. Queremos generar una espiral virtuosa en la materia. Somos la segunda provincia con más litigiosidad del país”.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el crecimiento llegó al 38%, el mayor entre las nueve principales jurisdicciones del país.
“Acá se disparó estrepitosamente la litigiosidad en los últimos dos años. Viene increscendo, y es multicausal. Hay un desbalance en el proceso que dispara la litigiosidad. Queremos que haya acceso a la justicia, pero más controlado. Queremos que haya instancias de conciliación que descompriman el fuero”, agregó.
¿Por qué van por la vía legislativa?
Troncoso señaló que “es muy importante buscar uniformidad en los criterios alrededor de los cuales los peritos declaran la incapacidad”, marco y agregó que “eso genera previsibilidad y seguridad jurídica. Actualmente, en caso de que la demandada apele, tiene que depositar en garantía la cuantía de la condena más 30 por ciento, y si no puede debe poner capital”. “Tenemos que garantizar que se pueda apelar, es un derecho”, dijo.
El ministro reconoció que intentaron avanzar con la reforma sin ir por la vía legislativa pero no lo consiguieron. “Estamos trabajando hace más de un año, pero tuvimos que terminar insistiendo por vía legislativa porque no se llegó a un acuerdo”.
“Hay que buscar un equilibrio y el sentido prístino de justicia. Hay que cuidar al que genera trabajo. Obvio que al trabajador también, que es figura débil del contrato de trabajo. Peor venimos sobregirando sobre eso y desbalanceamos la relación”, manifestó.
Plazos
Troncoso reconoció que buscarán avanzar con el debate legislativo “antes del receso. Está la vocación de avanzar con esta reforma. Ojalá en el seno del debate surjan otros puntos de interés. Eso va a depender de la asertividad de quienes participen en el debate”.
No descartó, por último, que exista la posibilidad de que la provincia implemente “retiros voluntarios”. “Está la posibilidad, se habló (con José Ángel Allende, titular de UPCN Entre Ríos) pero no es algo inminente”, deslizó.
