El rector, Luciano Filipuzzi, explicó que la medida se debe a que el Estado exige que toda contratación -ya sea de personal o compras- pase por la Secretaría General de la Gobernación, lo que dificultaría el desarrollo de las actividades educativas.
“Si tenemos que contratar una persona para dar un curso, se tiene que pasar por la Secretaría General de la Gobernación: eso atenta contra la autonomía y hace imposible que desarrollamos tareas educativas. Nosotros lo judicializamos y es una forma de seguir peleando la autonomía”, explicó. El rector también señaló que la UADER busca tener su propio agente financiero, como lo tienen otras universidades nacionales: “Nosotros vamos a ir poniéndonos cada vez más firmes. Imagínense que las otras universidades nacionales tienen su propio agente financiero. Nosotros obviamente no”.
No obstante, Filipuzzi dejó en claro que lo que se busca es una “acción declarativa”: “Estamos pidiendo que aclare si es necesario o no cumplimentar lo que nos piden. No es una acción en contra el Estado, sino que es buscar que la Justicia se expida”.
