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Un informe de todo el país elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), detalló que Entre Ríos y cinco provincias más, son las únicas que no registran sobrepoblación en las cárceles. Se aclaró que en el resto de la Argentina hay situaciones muy complejas y graves que deben ser atendidas de modo urgente.

El informe señala que, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena (Sneep), que solo seis provincias de todo el país no registran exceso de población carcelaria, entre ellas, Entre Ríos.

Según datos detallados en dicho informe, la provincia se encuentra, junto con Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca entre las seis que no tiene establecimientos sobrepasados. El resto de los establecimientos penales registran exceso de población.

En el monitoreo, se hizo notar que en 17 provincias existe superpoblación en los penales, además de fallas sanitarias.
Situación nacional
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió sobre “la extrema gravedad que reviste la posibilidad de contagio en los centros de detención" debido a “la falta de elementos básicos en materia de higiene y salubridad, deficiente infraestructura, sobrepoblación y hacinamiento, así como el riesgo potencial de la violencia que puede desplegarse ante la impotencia de evitar contagios entre las personas privadas de la libertad".

El informe anual del Comité, que se presentó esta semana ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso, subraya el fuerte crecimiento de las detenciones en los últimos años, que empeoró los índices de sobrepoblación de centros penitenciarios en gran parte de la Argentina, y pone el foco sobre las crecientes “restricciones a los derechos" de las personas privadas de su libertad debido a las medidas de aislamiento.

El informe, publicado recientemente en medios nacionales, señala que hay solo seis provincias en todo el país que no registran exceso de población carcelaria y que las otras 17 están sobrepasadas hasta en un 108% de su capacidad.

Según los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), unificados al 31 de diciembre de 2018, existe una sobrepoblación promedio del 24,9% en las unidades dependientes de servicios penitenciarios provinciales y del 7,8% en el Servicio Penitenciario Federal.

Pero la situación podría ser aún peor. El CNPT alerta que la información de la ocupación de las cárceles es suministrada por los propios servicios penitenciarios o por las autoridades administrativas que toman como variables solo “la cantidad de plazas o camas disponibles" en el lugar.

“De computarse la capacidad de los establecimientos de acuerdo con los estándares internacionales se reflejaría una sobrepoblación muy superior, como se constata al visitar las distintas unidades", indica el comité, desde donde explicaron que para medir el hacinamiento deben tomarse en cuenta otras variables, como la cantidad de metros cuadrados de las celdas y del espacio al aire libre, el acceso a los servicios sanitario y el tipo de actividades recreativas, entre otros puntos.

Según datos que brindaron los servicios penitenciarios provinciales, solo Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca no tienen los establecimientos sobrepasados. El resto de los distritos registró excesos de población de diferente envergadura.

San Juan es la provincia con la situación más delicada, con una sobrepoblación del 108%, seguida de La Rioja (55%), Jujuy (51%), Buenos Aires (44%) y Salta (42%). Tierra del Fuego y Neuquén son las que tienen un menor porcentaje de exceso (1%).
Instan a la prisión domiciliaria
Por eso, en su informe, el Comité instó a “disponer la detención domiciliaria de las personas que ya se encontraban gozando de salidas transitorias o estuvieran en un régimen de semilibertad o semidetención al momento de disponerse el aislamiento y hayan sido obligadas a volver a la unidad; disponer máxima celeridad para los trámites vinculados con excarcelaciones, prisiones domiciliarias, y priorizar las decisiones judiciales relativas a la preservación de la salud", entre otros puntos.

Según el organismo, las medidas de aislamiento preventivo “conllevaron una fuerte restricción de los derechos de las personas privadas de la libertad" debido a que la mayoría de las jurisdicciones suspendió las visitas, las actividades recreativas, laborales y educativas. En algunos casos se intentó compensar esas restricciones con protocolos.

Si bien el nivel de contagios en los establecimientos es menor al promedio de circulación del virus en la sociedad, preocupa al Comité la tasa de mortalidad de personas detenidas infectadas.

“La tasa de contagios está en la mitad de lo que está la tasa de contagios en la sociedad. Sin embargo, observamos que la tasa de fallecimientos se duplica en los lugares de encierro. Esto seguramente tenga que ver con las graves condiciones de acceso a la salud", agregó.

Según el informe presentado en el Congreso, se registraron falencias en la entrega de productos de higiene en las unidades penales y en la implementación de medidas de bioseguridad, hubo casos de personal penitenciario sin elementos de protección, se registraron insuficiencias en el acceso a la salud y escasa presencia de personal sanitario. También preocupa la confección de listados de población de riesgo y la falta de información sobre Covid-19 a los internos.
Fuente: Uno Entre Ríos

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