Con poca difusión oficial pero con un mecanismo de participación aceptable (hay que registrarse, hay que leer en PDF y los comentarios no se pueden hacer sobre el borrador oficial como lo permitiría un documento abierto en línea), el Gobierno recogerá aportes y mejoras al anteproyecto. Para participar hay que ingresar al sitio oficial https://consultapublica.argentina.gob.ar/leyeticapublica
Los ejes de la reforma
Pero lo interesante es el proyecto en marcha y las posibilidades de aportar que existen. La propuesta oficial incluye temas muy sensibles que incluso han calado hondo en el propio Gobierno de Mauricio Macri, como ha sido la desafectación de familiares de varios funcionarios de primera línea ante el escándalo que generó la larga lista de parientes que se fue conociendo en estos dos primeros años de Gobierno.
Pero lejos de salir gravemente afectado, el Gobierno retomó la iniciativa política y ahora impulsa estándares más altos de transparencia que están incorporados en el proyecto. Allí aparece un capítulo dedicado al nepotismo, con límites claros a la inclusión de familiares en cargos públicos, un detalle exhaustivo sobre casos que implican conflictos de intereses y se refuerza y amplía la exigencia de presentación de declaraciones juradas que alcanza a otras órbitas del Estado que hasta ahora se mantienen opacas a la rendición de cuentas: jueces, fiscales y dirigentes sindicales son los primeros de la lista.
Un gobierno sin parientes
En el capítulo referido a las extendidas prácticas de nepotismo y la mala costumbre de designar parientes, el proyecto oficial va por todo: la prohibición no sólo alcanza a los Ministros sino que amplía el concepto a todos los funcionarios públicos, sin importar el rango, disponiendo que en ningún caso “pueden promover ni designar a familiares hasta el cuarto grado o segundo por afinidad, en la jurisdicción en la que cumplen funciones”. Esto implica, en la práctica, que ni en el más remoto de los organismos el funcionario a cargo podrá nombrar a parientes, incluso cuando se trate de primos. Pero como la historia argentina está llena de trampas y lo que suele ocurrir es que la designación del pariente vaya a parar a una repartición distinta del Estado, el proyecto también sentencia que la prohibición “se extiende a cualquier tipo de designación recíproca que suceda entre las distintas reparticiones”. Y por si fuera poco, extiende los alcances de este mismo criterio a los otros dos poderes del Estado: el Poder Judicial, donde el nepotismo hace estragos, y al Congreso de la Nación donde los sobrinos, hijos y primos se llevan gran parte de los contratos políticos. De este modo, los familiares de legisladores no podrán ser contratados en el Congreso; y los de jueces y fiscales tampoco podrán ingresar en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público Fiscal, respectivamente.
Declaraciones Juradas para todos
Si bien la Ley de Acceso a la Información Pública que sancionó el Gobierno de Macri en 2016 tiene un largo alcance que incluye la requisitoria de información a Sindicatos, jueces y contratistas privados que participan de licitaciones públicas, el marco jurídico para exigir esa información ha quedado a mitad de camino. Por eso, parte de los nuevos alcances que promete la nueva Ley incluye, por ejemplo, la obligación de exigir a los dirigentes gremiales la declaración de sus bienes con todos los detalles que requiere una declaración jurada. Un asunto del que dirigentes de la estatura de Moyano, “Pata” Medina, Daer y tantos otros venían “zafando” hasta el momento. El capítulo más difícil del asunto tal vez corresponda a “los conflictos de intereses”, un asunto con límites borrosos en la relación entre los funcionarios y las empresas. En este asunto se prevén acciones específicas como las que obligaron al Ministro Aranguren a vender sus acciones de la petrolera Shell, sino que también pretende anticiparse a estos escenarios introduciendo una figura polémica pero interesante de lo que se denomina “potencial conflicto de interés”. Esta figura exige a un funcionario abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas a personas o firmas con las que tuvo relación en los tres años anteriores.
El anuncio cobrará cuerpo el próximo 1° de marzo cuando Mauricio Macri presente su mensaje al Congreso en la inauguración del período de sesiones ordinarias. Y demande un rápido tratamiento legislativo para un proyecto que, con más o con menos, pega fuerte en el corazón de la corporación política y la larga lista de privilegios que hasta ahora ha mantenido aquella casta que formó parte del “que se vayan todos” y hoy siguen transitando por los pasillos del poder.
