Este viernes, ante el Tribunal integrado por Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, dieron su testimonio cinco delegadas judiciales que participaron de los allanamientos y que realizaron el inventario en el Depósito de Efectos Secuestrados del Poder Judicial, cuando se inició la causa en 2016; y tres funcionarios policiales. En la audiencia participaron los abogados defensores Iván Vernengo y Damián Petenatti; y por el Ministerio Público Fiscal los fiscales Ignacio Aramberry y Santiago Brugo.
Las delegadas de la Justicia contaron que se detectaron varias irregularidades en el depósito y que tras un conteo de tres meses, se concluyó que faltaban 72 armas de fuego.
En tanto, un comisario de Investigaciones reveló, durante la audiencia, que un informante le advirtió que había armas en el mercado ilegal que podrían ser de Tribunales, y que guardó el dato ante el temor de posibles filtraciones en la misma Policía.
“Tenía miedo que se filtrara la información”
El primero en brindar su testimonio fue el Jefe de División Operaciones y Seguridad de la departamental Paraná de Policía, Héctor Leonardo Martínez, quien contó detalles de la investigación hasta ahora desconocidos. Ante la atenta mirada del experito Vitale, comentó que la primera voz de alerta sobre el robo de armas de Tribunales llegó de un “datero” -como se denomina en la jerga policial al informante-.El informante, comentó Martínez, dijo que “las armas llegaban en lotes a un tal Díaz”, que debía ponerlas en condiciones para “después ubicarlas en un comprador que tenía un alto poder adquisitivo o se dedicaba a la venta de estupefaciente”.
El Comisario señaló que, si bien las armas tenían la numeración limada, “llamaba la atención que se notaba que podían estar almacenadas porque no tenían otro deterioro”.
“Quien me daba la información me decía que al masculino le llegaban armas, pero que tenía un tiempo reducido de seis horas para hacer el trabajo. Era el tiempo que demandaba limpiarlas y devolverlas”, dijo y luego refirió que las entregas se hacían los fines de semanas o fines de semana largos.
Martínez también contó que en una oportunidad, su informante, deslizó involuntariamente que a las armas las enviaba un hombre al que se lo mencionaba como “Edu”. Cabe señalar que en la causa admitió su culpabilidad Eduardo Borgogno, exempleado del Departamento Médico Forense. La teoría de la Fiscalía es que Borgogno sustraía armas de Tribunales en asociación con Vitali. Más tarde, el funcionario policial declaró que el informante le dio datos precisos sobre el dominio del automóvil en que se conducía “Edu” (un Fiat Spazio). También mencionó que, para dar credibilidad a sus dichos, le solicitó pruebas concretas, y que este le envió fotografías de armas.
Por otro lado, relató que la investigación, en una primera instancia, se realizó bajo una estricta confidencialidad. Al punto de que sólo compartió la información con el fiscal Álvaro Piérola, que fue el primero en enterarse de la versión de que las armas eran sustraídas de Tribunales.
Según Martínez, primero le informó sobre la investigación sobre venta de armas, y que en una segunda comunicación le brindó el dato de que según su fuente provenían del edificio del Poder Judicial.
El fiscal Santiago Brugo le preguntó si podía aportar información sobre su informante, pero el comisario afirmó no conocerlo y sostuvo que sólo mantenía un contacto telefónico ya que su fuente “siempre tenía miedo de darse a conocer”.
En cuanto a los primeros pasos de la investigación, el jefe policial dijo que recién dio información a sus superiores trascurrido un buen tiempo, aunque no precisó cuándo. Dijo que compartió lo que sabía con el Jefe de División de Robos y Hurtos, quien también le acercó datos de manera confidencial.
“Antes de hacer el procedimiento [allanamiento]me manejé solo, con conocimiento de la Fiscalía”, sostuvo y al ser consultado por la defensa de Vitale por qué no informó inmediatamente a sus superiores, dijo: “Tenía miedo de que se filtrara, me parecía información valiosa que podía confirmar que se estaba cometiendo un delito grave”.
Irregularidades en el Depósito de armas de Tribunales
En segundo término declaró una delegada judicial de apellido Ramírez que participó de los allanamientos y la confección de los inventarios de armas, junto a personal de balística de la División de Criminalística y de la División de Robos y Hurtos.En primer lugar, dijo que la tarea llevó tres meses y que en ese tiempo se encontraron con varias irregularidades: faltante de armas, cartuchería, bolsas con efectos secuestrados vacías e incluso armas sin su correspondiente etiqueta que detalle características y a qué causa pertenecían.
“El objetivo del inventario era conocer el estado de armas y detectar las posibles irregularidades que pudiera haber. Se evaluaba uno por uno los efectos, se cotejaba y se asentaban todo en un registro”, explicó y remarcó que todo el procedimiento fue filmado y registrado en actas.
“Se advirtieron irregularidades en la oficina de Depósito: bolsas que tenían el rótulo de Criminalística y el arma no se encontraba en el lugar. Se detectaron faltantes de armas, que generalmente eran armas de puño”, dijo y añadió: “Era notoria la faltante de armas”.
Contó que el 5 de mayo de 2016 participó del allanamiento en la vivienda de Borgogno -empleado judicial que admitió su culpabilidad-, ubicada en calle Coronel Díaz, en Paraná, y que allí se encontraron elementos que servían para poner en condiciones las armas.
“Había cargadores, aceites, elementos para almacenar información, como pendrive; cartuchería, baquetas –accesorio para limpiar armas-, y mira telescópica”, detalló.
A su turno, otra delegada judicial aportó detalles de los procedimientos llevados a cabo en el Depósito de Efectos Secuestrados. Al igual que su colega, reiteró que se encontraron con armas sin etiquetar o bolsas de criminalística vacías y refirió que se hallaron partes de armas en un agujero en el cielorraso del Depósito; más bolsas de basura con armas sin rotular, otras almacenadas en armarios o colgadas en la pared sin ninguna identificación.
Tras su declaración, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio de una hora y media para luego continuar con las declaraciones testimoniales de dos policías y tres delegadas judiciales que fueron citados por la fiscalía y que seguirán aportando datos sobre cómo se investigó el robo de armas del Poder Judicial.
