Todo comenzó con una denuncia anónima
El 21 de febrero de 2020 una llamada anónima avisó al personal de la Delegación Itatí de Prefectura Naval Argentina que un hombre había adquirido un cargamento de droga en el norte de Corrientes, por lo que los efectivos de la fuerza de seguridad montaron un operativo y lo interceptaron sobre la ruta 12, a la altura del kilómetro 1.268 margen izquierda del río Paraná, cuando regresaba a Concordia.En un vehículo blanco, tipo furgón, Víctor Rafael Giménez, acompañado de una joven de 18 años, transportaba bultos con artículos de librería embalados con papel film. Los policías, al profundizar sus pericias, encontraron en las cajas varios paquetes rectangulares embalados con cinta de embalar marrón. Eran cuatro bultos con 53 paquetes con marihuana, con un peso total de casi 34 kilos.
Al día siguiente, la madre de Giménez llamó a la Prefectura e informó que había ingresado al departamento que alquilaba su hijo, en calle San Juan de Concordia, y encontró en una valija paquetes que a su criterio tenían droga
Se libró la correspondiente orden judicial de allanamiento y encontraron así 15 bultos, una botella con dinero y una balanza. La marihuana pesó poco más de ocho kilos.
El dinero hallado tanto en el vehículo utilitario como en la vivienda sumaba más de 96.000 pesos.
Juicio abreviado
Los fiscales Carlos Adolfo Schaefer y Tamara Ahimará Pourcel presentaron el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron con los imputados, quienes fueron asistidos por el defensor público oficial Enzo Mario Di Tella. El mismo consistió en la pena de cuatro años de prisión para Giménez por el delito de Transporte de estupefacientes, y tres años de prisión en suspenso para la acompañante, por su participación secundaria en el mismo delito.El juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, dispuso la homologación del acuerdo y dictó la sentencia. En la misma se ordenó, además, el decomiso del Peugeot Partner, así como el dinero.
De todos modos, el vehículo ya había sido entregado a una institución a fines del año pasado. La justicia federal de Corrientes había cedido el utilitario a un hogar de niñas sostenido por una congregación de religiosas. En su dictamen, los representantes del Ministerio Público hicieron lugar a un pedido de la rectora del hogar, quien sostuvo que el furgón será de utilidad para el traslado de las niñas que requieran cumplir con chequeos médicos, concurrir a audiencias en juzgados o asesorías, y al ejercicio de deportes en diversos clubes de la ciudad de Corrientes.
“La solución propuesta es la que mejor se adecua a la función reparatoria del decomiso respecto de los daños directos e indirectos ocasionados a la sociedad civil por el accionar delictivo”, precisaron los fiscales en su dictamen.
