Se cumplieron dos de las tres etapas del proceso. Es decir, antecedentes y oposición. Resta la entrevista. Para la presidencia del organismo, la diferencia entre el primero y el segundo es mínima. El diputado justicialista Diego Lara se impuso por 0,15 puntos al presidente interino Federico Tomas. El 13 de julio el Tribunal de Cuentas cumpliría cuatro años con un presidente interino, luego de la salida de Guillermo Smaldone tras una larga polémica en el Poder Judicial que no se resolvió. Desde aquella salida hubo idas y vueltas para que se constituyera un jurado. El primer escollo fue, precisamente, aprobar una ley que reglamente el concurso, como lo establece la Constitución, que fue el motivo por el cual el caso Smaldone fue judicializado.
En Casa de Gobierno, cuando eligieron a Tomas para presidir el organismo tras la salida de Smaldone, el criterio fue acudir al abogado más antiguo.
Pasaron tres años y se abrió finalmente el concurso. Días antes se conoció una reglamentación del Ministerio de Gobierno que fue comentada por los interesados para titularizar cargos. A través del Decreto Número 2.664, se modificó el régimen en el ítem “Antecedentes Profesionales”. Hasta ese momento, los candidatos debían presentar sus antecedentes en cargos públicos y en el ejercicio libre de la profesión. La norma actual incorporó una nueva clase: “Antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrolladas en organismo de naturaleza constitucional”. En el Tribunal de Cuentas lo decodificaron de la siguiente manera: la reforma está hecha para alguien que haya integrado un organismo de control o juzgamiento. Por ejemplo, el Jurado de Enjuiciamiento y eso favorecería a Lara.
Conocidos los resultados en el Consejo de la Magistratura se puede observar una ola de impugnaciones a los puntajes que se otorgaron por antecedentes. Varios integrantes del propio Tribunal de Cuentas que están concursando, entre ellos, Tomas y Ricardo Genolet se mostraron disconformes. A ambos, que tienen varios años en el organismo, se les otorgaron menos puntos que a la trayectoria profesional de Lara y Héctor Bergara, quienes no tienen desempeño en lo que respecta al control público. Los perjudicados impugnaron.
Otro ejemplo se dio en el ítem puntaje por especialidad. Miguel Ángel Arrúa Gobo, que figura como director y coordinador de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, obtuvo más puntos que Nanci Vinagre, que es asesora jurídica del Tribunal de Cuentas. Ésta última también impugnó.
Las impugnaciones prometen estirar más los plazos y el organismo de control finalmente apagará la cuarta velita con su interinato. Mientras tanto, en el Tribunal de Cuentas crece el malestar.
