Se trata de tres organizaciones de Europa, que tras el revés judicial a las denuncias de movimientos sociales y ambientales del país vecino, han llevado la controversia al plano internacional. Es que la Justicia uruguaya desestimó en noviembre -y ratificó su decisión en diciembre, tras una apelación- un recurso de amparo presentado por “Movimiento por un Uruguay Sustentable” (Movus), para que se suspenda la construcción de UPM 2 por no haber presentado a tiempo todos los informes ambientales correspondientes.
Pero a mediados del mes anterior, por su lado, las organizaciones sociales finlandesas New Wind Association, Economic Justice Action Group of Friends of the Earth y Emmaus Aurinkotehdas, presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR), un órgano de expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y que fue ratificado por los Estados miembros en 1976. La denuncia presentada por estas organizaciones apunta a los impactos de la nueva inversión de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de asegurar y controlar el respeto por esa empresa de los derechos “humanos económicos, sociales y culturales” de los uruguayos.
La misma será tratada en la reunión del CESCR que se celebrará del 15 de febrero al 5 de marzo.
