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Audiencia de elevación a juicio (@RicLeguizamon).
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Audiencia de elevación a juicio (@RicLeguizamon).
Una chicana judicial es el recurso al que apeló el exgobernador Sergio Urribarri para zafar del primer compromiso judicial que se le presenta en una causa por corrupción.
Lo que se discutió este viernes

Su abogado defensor, Raúl Barandeguy, pidió 7 días más de prórroga para contestar el pedido de elevación a juicio de la investigación por desvío de publicidad oficial a una empresa que se adjudica al cuñado Juan Pablo Aguilera en el período 2010/2015, por un monto de $24 millones. De este modo, los defensores pretenden ampliar los plazos para responder al planteo y los fiscales respondieron que los tiempos son los que fija el Código Procesal Penal de Entre Ríos. La jueza Marina Barbagelata debe resolver.

En realidad, la petición la hicieron todos los imputados, y la estrategia apunta a aplazar la apertura del juicio oral en la primera causa por corrupción contra Urribari, quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo entrerriano durante dos períodos consecutivos.

La Fiscalía pidió para Urribarri una pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo cual, en caso de ser condenado, no podría continuar al frente de la Cámara de Diputados.
"La causa de la vaca"

Esta causa, conocida en ámbito tribunalicios como "la causa de la vaca", fue abierta en septiembre de 2016, cuando la fiscal Patricia Yedro firmó el auto de imputación contra los funcionarios y empresarios. El legajo está caratulado "Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos". La pesquisa judicial arrancó sobre un puñado de 46 órdenes de publicidad emitidas por la gestión Báez-Urribarri y que, se sospecha, habrían sido "direccionadas" a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno "simulando" que la empresa contratada cumplía con lo que se le exigió, e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo cual, dijeron los fiscales, constituye "falsedad ideológica".

Además de Urribarri, Aguilera, Báez y Gustavo Tamay (responsable de certificación de publicidad en la vía pública), fueron imputados los empresarios de la empresa Tep SRL: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, y Luciana Belén Almada (pareja de Aguilera) y Alejando Almada (a quien recientemente le incautaron $374 mil en un procedimiento de la Policía Federal); además, se imputó a la contadora de la firma, Corina Cargnel; y más tarde quedaron bajo la lupa los empresarios José María Bustamante (Paraná) y Fernando Montañana (Concepción del Uruguay). La firma Tep SRL es la que se le adjudica como propia a Aguilera. El 28 de diciembre, cuando se presentó a declarar ante los fiscales Yedro y Gonzalo Badano, el cuñado de Urribarri negó que sea de su propiedad.

Las penas solicitadas por la fiscalía son: para Urribarri, Aguilera y Báez, 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Cargnel, Bustamante y Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Tamay, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; y para los hermanos Almada, Giacopuzzi, Sena, solicitaron 4 de prisión de cumplimiento efectivo.
Fuente: Entre Ríos Ahora - Página Judicial

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