El exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, pasaron la noche en la Alcaidía de los Tribunales de Paraná y a las 10 de la mañana ingresaron a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Este sábado permanecerán en la celda de admisión de la cárcel, debido a la revisión médica que se debe realizar a cada uno. Se debate si luego serán derivados al Pabellón de Seguridad de la cárcel, donde se encuentran alojados exintegrantes de la Policía de Entre Ríos y otras fuerzas de seguridad y armadas, vinculados a diferentes delitos, o bien a un sector de celdas especiales.
Mientras tanto, el abogado de Urribarri, Leopoldo Cappa, solicitó al mediodía a la jueza de Ejecución Penal, Cecilia Bértora, que su defendido sea derivado a la Unidad Penal Nº 9 Granja El Potrero de Gualeguaychú, en el entendimiento de que en la capital “no se puede garantizar la seguridad” del exmandatario. La familia de Urribarri dio su consentimiento y lo propio sucedería con Báez y Aguilera.
En el Pabellón de Seguridad hay un total de 40 presos, entre los cuales se encuentran expolicías que cumplían funciones en tiempos en que Urribarri era gobernador. El preso más resonante de ese lugar en las últimas semanas es el abogado y comisario Daniel Rosatelli, por decisión del Juzgado Federal de Paraná, en una causa vinculada al narcotráfico. También se encuentra allí Orlando Ojeda, de Prefectura, condenado por doble femicidio.
Báez fue el primero en ingresar a la Alcaidía, donde pasaron la noche. Lo hizo a las 21.40, después de llegar en un camión penitenciario. Luego ingresó Aguilera y, cerca de las 2 de la madrugada, lo hizo Urribarri.
Báez ingresó por calle Córdoba. Urribarri y Aguilera, por su parte, llegaron en diferentes patrulleros. Aguilera lo hizo en un patrullero de San Salvador, cerca de la 1 de la madrugada, mientras que Urribarri llegó desde Concordia, acompañado por el jefe departamental, comisario José María Rosatelli.
Estos dos móviles policiales ingresaron por el portón del garaje que utilizan los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en calle Santa Fe, al lado de la playa de estacionamiento del Colegio de Abogados. Ese lugar tiene acceso a la Alcaidía, hasta donde fue trasladado cada uno a medida que iban ingresando.
Minutos antes de que llegara Báez, fueron derivados tres presos que estaban en la Alcaidía —uno de ellos debía declarar en la mañana— a la Comisaría Quinta, para que no hubiera ningún detenido con ellos en el sector. Son seis celdas individuales, de no más de 3 metros por 2, con una cama cucheta de madera. Desde ese lugar, cada preso solamente se puede mover hasta el baño —con acompañamiento policial— y regresar a su reducido habitáculo.
La medida fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y se enmarca luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara —fue el jueves 3 de septiembre— los recursos extraordinarios que habían presentado el exgobernador Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejara firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la megacausa por delitos de corrupción.
En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ Nº 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la “detención inmediata” de los tres condenados por “posible peligro de fuga”.
Los tres detenidos fueron derivados a la Unidad Penal Nº 1 en horas de la mañana. Luego, la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, tendrá que resolver cada uno de los planteos que hagan los abogados defensores, si es que requieren un beneficio de prisión domiciliaria, como ya han gestionado en otras instancias.
El punto en cuestión ahora es que el sector especial donde estuvieron alojados antes en la cárcel ya no existe como tal y está en refacciones para ser destinado a Enfermería. Por estas horas, se debatía en ámbitos de la UP1 si los sumaban al denominado Pabellón de Seguridad —donde se encuentran condenados provenientes de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas—, si iban a celdas especiales o bien si eran derivados a la cárcel de Gualeguaychú, que tiene espacio para incorporarlos.
En principio, los tres condenados quedarían cumpliendo la condena en Paraná. Báez tiene su familia en la capital entrerriana. Los familiares directos de Urribarri y Aguilera se encuentran en Concordia y General Campos —la exmujer y sus hijos también—, pero la Unidad Penal de Concordia no estaría en condiciones de contar con una cárcel especial para alojarlos.
La única con esas características, además de la de Paraná, puede ser la de Gualeguaychú, que sería la más abierta y amplia y cuenta con un sector especial para mayores, donde podrían ser derivados.
Los abogados defensores de Urribarri —Leopoldo Cappa— y Báez —Ignacio Díaz y José Velázquez— habían pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que preside la vocal María Carolina Castagno, que sus defendidos no fueran enviados a la Unidad Penal y, en cambio, se les aplicara prisión domiciliaria.
Por el contrario, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron formalmente que se dispusiera “la inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná”.
La defensa de Urribarri había planteado que nunca eludió la acción de la Justicia y siempre estuvo a disposición del debido proceso. Además, aportaron un diagnóstico médico en el que consta que “se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático” y, en consecuencia, pidieron la morigeración de la ejecución penal en su domicilio y “bajo la custodia permanente y atenta de sus familiares y médicos de cabecera”.
En el caso de Báez, sus defensores también pidieron morigerar la pena porque “padece un cuadro crónico con dolor abdominal y pérdida de peso importante” y arrastra “molestias digestivas desde 2008, pero en el último año los síntomas empeoraron significativamente”.
En tal sentido, señalaron que la Unidad Penal de Paraná no garantiza condiciones de encarcelamiento que permitan tratar su enfermedad. “Las cárceles y, en particular la de Paraná, se caracterizan por el hacinamiento y malas condiciones edilicias. Por lo que, en este caso, entiendo que se aplica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27360 del 2017, que viene a incorporar una perspectiva axiológica condicionante de las decisiones judiciales”, señalaron.
De no acceder el tribunal a la domiciliaria, pidieron también como alternativa que se dispusiera un “régimen de semidetención” para Báez: “Esta modalidad —plantearon— permitiría al Sr. Pedro Ángel Báez permanecer en su domicilio fijado durante las horas del día a fin de procurarse el tratamiento médico, la dieta estricta sin contaminación cruzada, la medicación adecuada y los controles de salud requeridos para evitar la degradación irrecuperable de su organismo, pernoctando en el establecimiento penitenciario”.
Quien más preocupación demostró en ámbitos judiciales para que se les otorgara a ambos la prisión domiciliaria “por cuestiones humanitarias” fue la vocal del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, exabogada defensora de Urribarri a principios de 2000, cuando el entonces diputado provincial del PJ de Concordia fue denunciado por el irregular manejo de subsidios en la Cámara baja, durante el período bustista 1995/1999.
Luego, Mizawak asumió primero como fiscal de Estado de Jorge Busti —al inicio de su tercera administración, desde 2003— y luego como vocal del STJ, propuesta por el bustismo.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel. Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses de cárcel cada uno.
En la noche del viernes, en ámbitos de Casa de Gobierno, cuando se analizaban los pedidos de prisión domiciliaria para un mejor cuidado de los condenados y por cuestiones de seguridad, hubo críticas en off que no pasaron las cuatro paredes.
“Si no se hubiera robado tanto en las gestiones que comandaron, si hubiese existido menos corrupción, tendríamos mejores cárceles, mejores hospitales, mejores escuelas y rutas. Lo que le falta a cada lugar es lo que se robaron”, enfatizó un alto funcionario.
