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La Justicia puso fecha a un nuevo juicio, el tercero, que tendrá este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 serán los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.

Urribarri ya tiene programados dos juicios para este año. En “la causa de la vaca”, en la que se lo investigó por el supuesto reparto amañado de pauta publicitaria hacia allegados, entre ellos su cuñado, Juan Pablo Aguilera; y en la causa denominada “Sueño Entrerriano”, en la que se lo acusa de haber utilizado fondos públicos para financiar su fallida campaña presidencial de 2015.

Para la primera de las causas ,se fijó que se lo siente en el banquillo, junto a otros imputados, desde el 27 de abril al 27 de mayo. En rigor, el debate se desarrollará los días 27, 28, 29 y 30 de abril; 5, 6, 7, 12 y 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo. En tanto, en agosto iniciará el segundo juicio. Será los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 y 1°, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.

En diciembre de 2018, un tribunal confirmó lo resuelto el 5 de noviembre de ese año por el juez de Transición Nº 2 Gustavo Maldonado, quien les rechazó un recurso de falta de acción y elevó a juicio la causa en la que están imputados por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.

En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

“En efecto, el mencionado contrato confeccionado en la ciudad de Buenos Aires ante la Escribana Florencia Viale, refiere que los señores Leonardo Víctor Poma y Germán Esteban Buffa resolvieron constituir una sociedad anónima dedicada básicamente a la concentración de medios de publicidad, siendo dicho instrumento público nada menos que el acto constitutivo de la sociedad Global Means S.A., y tiene como fecha de confección el día 15/08/2011, o sea en un plazo posterior a un mes de la orden de publicidad (01/07/2011)”, dice el texto de la resolución del procesamiento firmado por el juez Maldonado.

La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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