Se trata de una audiencia de conciliación fijada para el 2 de julio, a las 9, ante el juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl. El exmandatario podrá presenciar la audiencia vía virtual.
La querella civil se originó tras la denuncia por enriquecimiento ilícito que Mulet y Rubén Pagliotto presentaron contra el exmandatario, a raíz de un informe periodístico publicado en la revista Análisis que daba cuenta del crecimiento patrimonial que registró la familia de Urribarri. Esa presentación motivó la reacción del exmandatario.
“Uno de ellos es un dirigente político opositor y de hecho ha sido recientemente precandidato a senador por el Frente Cambiemos y el otro registra antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la Provincia. Y si ello fuera poco, recuerdo que sobre Guillermo Mulet pesa la sospecha de encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”, dijo Urribarri a través de un comunicado de prensa difundido 21 de diciembre de 2015 y por las cuales Mulet lo querelló por calumnias e injurias. Sus abogados son Iván Vernengo y Damián Petenatti.
La primera audiencia de conciliación por este conflicto se convocó para el 25 de abril de 2016, la segunda fue el 8 de junio y la tercera el 4 de agosto de ese año. En todas las ocasiones Urribarri se ausentó y se dio por fracasada la instancia.
El denunciante
Mulet, junto a su colega Pagliotto, es uno de los principales denunciantes de las causas contra Urribarri y su gestión de gobierno, que se extendió desde 2007 a 2015. Entre algunas de las causas que llevó a la Justicia se encuentran las de las “Cosechadoras Truchas”, “el Jardinero K” y el “Audi de Urribarri” y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario, por nombrar algunas.A mediados de 2012, Mulet fue quien presentó una denuncia para que se investigue a dónde fueron a parar los millones que le dio el Estado entrerriano a la empresa Grandes Máquinas, del grupo Senor, para la construcción de 18 cosechadoras.
En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
Luego de ocho años, el viernes 8 de mayo de 2020, el juez de Transición Carlos Hugo Ríos –fallecido el 6 de junio de este año tras contraer Covid-19- dictó el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa de las cosechadoras.
La resolución benefició a los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; el exministro de Economía Diego Valiero y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk; y Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción.
La última novedad ocurrió el 19 de junio de 2020, cuando el fiscal de la causa, Pablo Zoff, presentó un mejoramiento del recurso de apelación al sobreseimiento de todos los involucrados.
Ahora, se espera que un tribunal de alzada, compuesto por los camaristas José María Chemez, Elvio Osir Garzón y Rafael Cotorruelo resuelva sobre la apelación del fiscal Zoff.
En mayo de 2013, Mulet fue quien, tras una publicación periodística, denunció al jardinero K Ricardo Barreiro, por ostentar un cargo en el Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), dependiente del ministerio de Cultura y Comunicación, en tiempos de Pedro Báez, y a la vez haberle cobrado $220.000 al Estado por el traslado de estudiantes secundarios a Tecnopolis con su empresa RP Transporte SA. El jardinero fue condenado en mayo de 2017 por el delito de falsificación ideológica de documento público.
Junto a Pagliotto, Mulet también denunció a Urribarri por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. En 2016, ambos letrados también denunciaron al exgobernador por haber recibido un Audi A1 modelo 2015 por parte del dueño de Canal 9, Jorge Aníbal Pérez. En octubre de 2017, Pérez fue sobreseído y su socio, Gustavo Velázquez, de Kaskira SA, accedió a una probation.
