El Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas de la provincia solicitó a la Justicia Federal la prueba secuestrada durante los allanamientos realizados en la Municipalidad de Paraná para ahondar la investigación sobre posibles irregularidades administrativas.
En junio del 2018, y ante la gravedad de los hechos relacionados con el supuesto manejo que se hacía del dinero público y que se iban develando en el transcurrir de la causa, el organismo de control inició de oficio un expediente y solicitó por entonces información al juez Federal Leandro Ríos.
A fines del año pasado, el magistrado remitió el informe que hizo la División Lavado de Activos de la Policía Federal y un escrito a manera de descargo que presentó la Administración Municipal tanto al Tribunal de Cuentas como a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del organismo indicaron a APF que se está analizando el contenido de ambos documentos, en función de la competencia legal atribuida como órganos de control externo.
En particular, el foco está puesto en aquellas cuestiones que pueden haber generado un perjuicio económico al Estado municipal, entre las que se cuentan las consideraciones efectuadas por la Policía Federal en su informe respecto a la percepción de contratos por parte de agentes municipales sin la correspondiente contraprestación.
Sobre este punto, se encuentra abierto un segundo expediente (el 420/17), donde se hace el seguimiento del cobro de haberes de empleados registrados bajo la modalidad de contratos de servicio que se habrían abonado sin que haya existido ninguna prestación. Para este hecho, se tuvo en cuenta la declaración testimonial en la causa de una ex contratada.
Para obtener más precisiones y contar con elementos de primera mano, el Tribunal de Cuentas solicitará a la Justicia Federal poder acceder al material con que trabajó la División Lavado de Activos de la Policía Federal para realizar su informe. Se trata de documentación (expedientes, comprobantes y órdenes de pago entre otras) que fue secuestrada durante los distintos allanamientos que se concretaron desde mayo del año pasado en adelante y que por lo tanto, ya no obra en los archivos municipales.
Investigación sobre Bordeira
En paralelo, el Tribunal de Cuentas también inició un expediente relacionado con la presunta percepción irregular de haberes por parte de la ex funcionaria de Seguridad del municipio, Griselda Bordeira, quien actualmente se encuentra procesada y detenida a la espera del juicio por narcotráfico que se llevará adelante este año en los Tribunales Federales.El trámite está registrado con el número 227/2018 y comenzó el 22 de mayo de 2019, a pocos días de que estallara el escándalo con los primeros allanamientos en el Palacio Municipal y las citaciones a indagatoria a Varisco, Bordeira y el concejal de Cambiemos Pablo Hernández (también procesado y detenido a la espera del juicio).
Bordeira era sargento 1° en condición de revista activa – efectiva, afectada en comisión de servicios al municipio y, a la vez, era funcionaria nombrada por decreto.
La causa narcomunicipio
La causa denominada "narcomunicipio" es derivación de un expediente que lleva adelante Ríos en el cual se investiga una organización delictiva encabezada dedicada al tráfico de estupefacientes en distintos barrios de Paraná. Según se pudo determinar, el comercio abarca tanto marihuana como cocaína y se extendió a otras ciudades de la provincia.Celis fue detenido hace más de un año, pero su estructura aparentemente continuó funcionando al comando de su pareja, Luciana Lemos. La mujer estuvo en prisión desde fines de abril de 2018, luego de los allanamientos efectuados en los barrios La Floresta, Antártida Argentina y Balbi de Paraná, donde supuestamente, se guardaba y vendía droga. Luego accedió al beneficio de la prisión domiciliaria.
Una semana después, de esas requisas en las que se secuestraron más de tres kilos de cocaína y un cuaderno que contenía inscripciones -con los nombres de Varisco, Hernández, Bordeira y Gonza, supuestamente en referencia al trabajador municipal Ernesto Ramón González-, se realizaron allanamientos en la Municipalidad y los domicilios particulares de los funcionarios municipales. Además, en la causa hay horas de escuchas telefónicas y registros fílmicos.
En el expediente judicial el juez cree que Varisco financió actividades de narcotráfico, es decir, que aportaba dinero para que la organización liderada por Tavi Celis se aprovisionara de cocaína que luego vendía en distintos barrios de Paraná y Concordia; y que el intendente, el concejal Pablo Hernández y la policía Griselda Bordeira adquirieron al menos seis ladrillos de cocaína entre el 20 de abril y el 2 de mayo de 2018 por los que pagaron una suma de entre 150.000 y 165.000 pesos por cada uno, para su comercialización.
