Vitali está imputado en el marco de la causa por sustracción de armas y otros elementos que se encontraban en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados del Edificio de Tribunales de Paraná. Esta causa se abrió en mayo de 2016 y está a cargo del fiscal Ignacio Aramberry.
Además, el perito fue procesado el 23 de agosto pasado por el juez de Transición Nº2, Pablo Nicolás Zoff, en otra causa por el supuesto robo de armas ocurrido entre los años 2008 y 2011. Esta última causa está en manos de la fiscal Laura Cattáneo, quien le imputa supuesto delito de peculado y falsificación de documentos judiciales.
Vitali nació el 3 de abril de 1961, y a la actualidad tiene 55 años, es decir, no alcanza los años previstos en la ley -62 para los hombres- para jubilarse, aunque es posible que acredite que posee 30 años de aportes, otro de los requisitos que prevé la Ley 8.732 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal provincial) para acceder al beneficio previsional. El apuro de Vitali para jubilarse es el mismo que han demostrado otros funcionarios con causas que podrían privarlos de ese beneficio previsional. Y es que si Vitali recibe una condena que contemple una inhabilitación vería afectado su derecho a acceder a la jubilación. El artículo N° 56 de la Ley 8.732, de jubilaciones, establece que: "Será suspendido en el goce de la jubilación o pensión el beneficiario que hubiera sido condenado a inhabilitación absoluta mediante sentencia definitiva en los casos y límites previstos en los arts. 12 y 19 del Código Penal".
Precisamente, el inciso N° 4 del artículo 19 del Código Penal señala que la inhabilitación absoluta importa: "La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión".
Hace unos meses se supo que iniciaron el trámite jubilatorio el ex vocal del STJ, Carlos Alberto Chiara Díaz –quien dejó su cargo al borde de la destitución por juicio político-; y el diputado provincial peronista y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, quien tiene una causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito y está próximo a ir a juicio oral por amenaza a un periodista.
Como en los casos del exjuez y el legislador, según fuentes judiciales, el trámite de Vitali se mueve con rapidez, sobre todo teniendo en cuenta que este proceso, para cualquier trabajador, puede llevar un tiempo considerable de espera.
Una vez que se le apruebe el beneficio jubilatorio, este se convertirá automáticamente en un 'derecho adquirido', es decir, que una condena –por inhabilitación- no podrá suspender o invalidar su jubilación. Esto se debe al principio de la irretroactividad de la ley.
Vitali, por ahora, está logrando que su expediente administrativo se mueva con más celeridad que su causa que aún no llegó al juicio oral y público.
