Así lo hizo a través de las resoluciones 1046/2022 y 1067/2022 publicadas este martes en el Boletín Oficial, donde se señala que Caminos del Río Uruguay incumplió las obligaciones contractuales referidas a las “mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración” previstas en la concesión.
Al respecto, las medidas precisan que se encontraron valores de los índices de Estado (IE) y de Serviciabilidad Presente (ISP) menores al contractual exigido, en varios tramos de la Ruta Nacional 14 por un total de 184 kilómetros, como también la existencia de fisuras en banquinas pavimentadas.
En consecuencia, las resoluciones dispusieron la aplicación de multas de 1.972.080 Unidades de Penalización (UP) por la tarifa vigente, que es $ 24,10, lo cual da como resultado $ 46.522.158.
Además de la ruta 14, Caminos del Río Uruguay posee la concesión de las rutas nacionales 12 y 117, como parte del Corredor Vial 18.
Con esta sanción la concesionaria suma multas por $ 240,3 millones en los últimos diez meses y $286.5 en los últimos 11, ya que a fines de agosto de 2021 recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después otra por $ 9 millones; a fines de noviembre otra por $ 7,62 millones; y en diciembre otras tres por $ 34,8 millones, $ 25,14 millones y 10,06 millones.
El 18 de marzo último Vialidad aplicó la mayor de todas las sanciones hasta ahora por $ 18,57 millones, y tras ello se le aplicó a fines de ese mes una multa por $2,08 millones, y en abril otras dos sanciones por $ 1,34 millones y $ 8,49 millones.
Por último, durante el transcurso del último mes de mayo se agregaron otras cuatro multas por $ 19,41 millones, $ 9,72 millones, $ 9,72 millones y $ 5,79 millones, y durante junio, otras cuatro por $ 12,53 millones, $ 9,53 millones, $ 2,15 millones y $ 47,52 millones.
De acuerdo con Vialidad, la empresa no cumplió con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.
Del mismo modo, el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas rechazó los argumentos de carácter económico financiero esgrimidos por la empresa, resultando, entonces, “pertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado”.
El Acta Acuerdo de la concesión establece 8.000 UP por tramo de evaluación donde se detecte un índice de serviciabilidad presente menor que el exigido, y 2.000 más por tramo de evaluación y por cada semana en que la concesionaria tarde en corregir la anomalía.
