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Los concejales del Frente para la Victoria emitieron un pronunciamiento en conjunto con el consejo departamental del Partido Justicialista, en el que hicieron saber de "nuestra gran preocupación" frente al hecho de "al arrojar una enorme garrafa con gas cloro en nuestras costas, sin respetar el protocolo que recomienda Induquimica S.A, empresa proveedora y que llevó a poner en riesgo la vida de los pobladores, siendo asistidos e internados en nuestro hospital".

La garrafa que se arrojó al río el domingo 31 de diciembre todavía sigue en el agua, y es parte de las pruebas con la que se manejará el fiscal Gamal Taleb, de la Unidad Fiscal de Victoria, para tratar de determinar si se cometió algún tipo de delito. Se trata de una garrafa de cloro de unos 1.000 kilos.

César Zucotti, secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Victoria, fue quien explicó por qué se hizo ese procedimiento. "Me dijeron que no había otra alternativa. Que había que hacer esto, que ya había un antecedentes de hace 22 años de haber dispuesto un procedimiento así, entonces fijamos la posibilidad de tirarlo. Lo que se estudió es el lugar. Decidimos finalmente que el lugar más apto eran los galpones en las inmediaciones de la arenera. Entonces, cerca de las 3,30 del 1° de enero fuimos con personal y máquinas y lo tiraron al agua y se tiró ahí", contó.

La garrafa, después de haber sido arrojada al río, emanó gas cloro, y ese gas fue inhalado por un pescador y sus dos hijos, que terminaron internados en el Hospital Fermín Salaberry.

El fiscal Gamal Taleb, de la Unidad Fiscal de Victoria, enterado del incidente, decidió abrir una investigación de oficio.

Una de las primeras medidas que adoptó Taleb fue el resguardo de la garrafa. Ese adminículo será retirado del río –todavía sigue allí-, según lo resuelto por el juez de Garantías, José Calleja, por personal de la Municipalidad de Paraná y de la Prefectura, y será puesto a disposición de la Justicia. En principio, la causa está caratulada como "Lesiones imprudentes". Ese delito, dijo Taleb, tiene una pena de un mes a tres años de prisión, o la aplicación de una pena alternativa, que es una multa, y conjuntamente la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, de uno a cuatro años.

La investigación está en etapa preliminar: la Municipalidad de Victoria y el Concejo Deliberante ya se han puesto a disposición de la Justicia. Por ahora, en Tribunales se ha podido establecer qué tipo de delito, pero no los responsables. "Ya veremos cómo y a quién se imputa. En realidad, el cómo ya lo tengo determinado, son lesiones imprudentes, porque los funcionarios tienen una posición de garante, de custodiar al resto de la población. Respecto de a quién se imputa será un tema a analizar, una vez que tenga los antecedentes", explicó Taleb.

La pesquisa no sólo apunta a la Municipalidad de Victoria sino también a la empresa encargada de realizar los trabajos de reparación en la planta de agua, Induquímica SA.
Fuente: El Entre Ríos Ahora

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