“Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral del Poder Judicial de Entre Ríos”, reza el título del documento suscripto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Martín Carbonell, tras ser aprobado el pasado 4 de mayo en el Acuerdo General Nº 12/21.
Su objetivo es “prevenir, promover y garantizar” la eliminación de la violencia laboral dentro del ámbito del Poder Judicial de Entre Ríos, comprendiendo a todo el personal, independientemente de la jerarquía en que se desempeñe y de su carácter permanente o temporario.
Este procedimiento establece como “garantías” y “principios” la asistencia en todo momento a las personas involucradas, que será gratuito y confidencial. También, “la protección a denunciantes y personas testigas, la no revictimización, la celeridad y el derecho a la defensa”, entre otros.
La denuncia podrá realizarla la persona afectada, las personas u organismos con conocimiento de los hechos que integren el Poder Judicial o las asociaciones que los representen. Una vez presentada, el procedimiento no podrá extenderse más de 60 días corridos, los que podrán ampliarse hasta 30 días corridos más, solo por circunstancias debidamente fundadas.
Las autoridades y profesionales que intervengan deberán contar con formación en los enfoques de “derechos humanos, género, interseccionalidad y violencia laboral”.
Quienes suscribieron el documento junto a Carbonell, son: el procurador general, Jorge García; el defensor general, Maximiliano Benítez; la presidenta de la Asociación la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango; y la secretaria general adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Mabel Pedrero.
